Bruselas retrasa el informe sobre el Estado de derecho a la espera de que se plasme el pacto del CGPJ

Es decir, hasta que se plasme el acuerdo de este martes. Así lo confirman fuentes de las instituciones europeas a este diario, implicadas en la negociación de los puestos de poder que se sustancian estos días en Bruselas. Y es que es, precisamente, ese ambiente de intereses cruzados el que ha motivado la demora. «Nadie quiere pisar callos estos días», explica uno de estos altos funcionarios de la UE. 

Hasta finales de julio, no es previsible que el Congreso y el Senado aprueban la renovación de los 20 vocales del CGPJ. Y en las mismas fechas, se convertirá en ley la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que «profundiza en la independencia de la Justicia». También, la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que «se queda corta» para las aspiraciones del PP, pero «ya es un avance». Al Gobierno le dará tiempo, pues, a que el informe de este año lave la cara a España.

La primera vez que el presidente puso el órdago sobre la mesa, en mayo, no fue creíble, porque recién salía de sus «cinco días de reflexión», porque lo hizo en plena campaña de las catalanas, y porque la fecha tope era el 9-J, día de las elecciones europeas: nadie le compró ese desafío.

Pero la segunda ya fue otra cosa: le urgía mostrarse firme, para llegar a tiempo de presentar su llamado «plan de regeneración democrática» en julio y para poder negociar con legitimidad los cargos de la UE. Y al Partido Popular, en esto último, le ocurría lo mismo. Además de quitarse la ya establecida «losa» -como admitía la cúpula de Génova- de que era el partido que «lleva cinco años incumpliendo la Constitución«. 

Pero todo eso ya se queda superado. Primero, por el acuerdo firmado ante la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, conveniente para ambas partes. Y segundo, porque Bruselas «no va a molestar ahora» a ningún Gobierno en estas fechas.

No en vano, son los jefes de Estado y de Gobierno los que tienen, en este momento, la sartén por el mango.

En la cumbre de este jueves y viernes -con la ausencia de Sánchez, por la muerte de su suegro-, deben refrendar el acuerdo anunciado el martes: la renovación de la popular alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, al socialista portugués António Costa como presidente del Consejo, y a la liberal estonia Kaja Kallas como Alta Representante.

Cada año, desde 2020, el comisario de Justicia, Didier Reynders, pone su firma y publica a inicios de julio el Informe sobre el Estado de derecho, con un capítulo por cada Estado miembro. Es un encargo que se impuso la Comisión al inicio de la legislatura 2019-2024, cuando el avance de los populismos en los Gobiernos de los veintisiete ya resultaba peligroso para la calidad democrática de la Unión.

Desde entonces, en todas sus ediciones, España ha salido trasquilada por el «la falta de renovación» del CGPJ y por no haber adoptado «ninguna medida» a favor de la independencia del Ministerio Fiscal, concretamente «disociar en el tiempo el mandato del fiscal general del Estado y el del Gobierno». Pero en sus dos últimas ediciones, el suspenso ya fue demoledor [consulte aquí en PDF el informe de 2023].

No molestar

«El informe tiene consecuencias políticas», apuntan las fuentes citadas, «y antes de que se hayan repartido todas las cartas, nadie moverá un dedo». De hecho, hace poco más de una semana se supo que Von der Leyen había retrasado la publicación de un informe muy crítico con el estado de la libertad de prensa en Italia.

Según publicó Politico, la posición de poder de la primera ministra, Giorgia Meloni, de un país que es la tercera economía del euro, motivó esta «deferencia», puramente estratégica. La líder de Fratelli d’Italia, encuadrada en el grupo de Vox en la Eurocámara, el de los Conservadores y Reformistas (ECR), se ha quedado fuera del acuerdo de «gran coalición», pero ya se le ha prometido un asiento con peso en el nuevo Colegio de Comisarios. 

Von der Leyen puede necesitar terminar de amarrar apoyos de cara al inminente Consejo, pero sobre todo, en el Parlamento, donde será sometida a un debate y votación secreta. Y ahí podría necesitar a Meloni.

La alemana ya sabe que algunos de sus correligionarios del PP Europeo no la apoyarán (por ejemplo, Los Republicanos franceses). Y no las tiene todas consigo con los españoles… si no hace un gesto que calme a Alberto Núñez Feijóo y su exigencia de que someta a un «estrecho escrutinio» a Sánchez y su Ley de Amnistía.

Pero la Comisión lleva meses dando largas. El mismo Reynders advirtió de que la norma le provocaba «serias preocupaciones», pero que no se fijaba plazos y que no podría actuar hasta que estuviera «en vigor»… y aunque ya lo está, de momento, nada se ha hecho. Por la misma razón.

«Estamos deseando que eso ocurra», confiesa un alto cargo del PP español en Bruselas, «pero de momento, no es esperable«. El Informe sobre el Estado de derecho también llegará más tarde, y ahora probablemente, con un aprobado para la España de Sánchez.