Después de cerrar con el PP el ansiado acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder (CGPJ) y la ley del poder judicial, desde el Gobierno alientan la posibilidad de llegar a nuevos entendimientos entre los dos grandes partidos. “Sin duda, se dan las condiciones para otros acuerdos”, trasladaban fuentes de Moncloa para poner el foco en otras reformas que solo sacarán adelante si es con el consenso de los populares, como la reforma de la ley de extranjería, o las renovaciones pendientes en otros organismos.
Los socialistas se mantienen ajenos a las críticas de todos los socios de investidura, excepto Sumar, por excluirlos de estas negociaciones y tratar de explorar una suerte de “gran coalición” con los populares. Asimismo, su optimismo choca con las advertencias del propio Alberto Núñez Feijóo, quien subrayaba tras el acuerdo su escepticismo sobre que el acuerdo empuje “otro clima” en las relaciones entre PSOE y PP. “No soy optimista porque no han cedido por convicciones, sino por obligaciones”, aseguraba en rueda de prensa desde Génova el líder de los populares para concluir con un mensaje más a la interna que su “consideración” sobre el Ejecutivo no ha cambiado.
La primera ocasión para calibrar si este acuerdo sirve para reconstruir puentes tras un semestre electoral de tierra quemada será la reunión este miércoles en el Congreso entre el Gobierno y el PP para negociar la reforma de la ley de extranjería. El Ejecutivo busca el apoyo de los populares a modificación legal para el reparto de migrantes menores a las comunidades autónomas.
La reforma se pactó con el ejecutivo canario para descongestionar su presión migratoria. Sin embargo, y aunque cuenten con los apoyos suficientes, fuentes del Ejecutivo insisten en que no la llevarán a trámite si no es con el consenso previo del PP. Su objetivo es llegar a un acuerdo antes de verano, con vistas a descargar la presión migratoria en las costas canarias, y hoy se producirá la primera toma de contacto con la resaca del acuerdo para el CGPJ.
El principal elemento de presión en este caso para el PP es Vox, que gobierna en coalición en varias comunidades autónomas con los populares. Máxime después del pacto alcanzado este martes para renovar a los vocales del Consejo. El presidente de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, cargó con dureza contra Feijóo por su “traición” y lo que considera una “estafa a los españoles”.
Del Banco de España a RTVE
En lo que tienen menos dudas en Moncloa es en la posibilidad de encauzar acuerdos con el PP para consensuar las renovaciones pendientes del gobernador del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y parte del Consejo de RTVE. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vinculó la renovación del CPGPJ con un acuerdo con los populares para estos organismos y avanzó que en el caso del gobernador del Banco de España se buscaría su renovación este mismo mes de julio.
Sobre lo que son menos optimistas en el Gobierno es respecto a un acuerdo para la reforma del modelo de financiación autonómica. No por falta de voluntad, pues como el CGPJ o la ley de extranjería, aseguran que solo impulsarán su reforma si es con el consenso de los dos grandes partidos, sino por las presiones internas dentro del PP. “Su problema no es con el PSOE, sino interno”, aducen en referencia a las diferencias de criterio entre los presidentes autonómicos del PP.
Los socios reprochan una “gran coalición”
Precisamente, el principal temor de los socialistas durante las últimas horas de negociaciones con el PP era la presión de lo que denominan “sectores extremistas” del PP, en referencia a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El temor a que la oposición de Ayuso forzase a los negociadores del PP a levantarse de la mesa en el último momento, como en otras ocasiones. Esta vez no fue así y socialistas y populares cerraron el primer gran acuerdo entre ambos partidos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018.
Si para el PP este acuerdo tiene sus costes políticos dentro de su bloque, el Gobierno también ha provocado una brecha con sus socios de investidura. Desde el PNV a ERC criticaron su exclusión del acuerdo. Podemos fue uno de los más duros en sus críticas al proclamar el comienzo de una nueva etapa de «gran coalición» dentro de la legislatura, al tiempo en que ha acusado al PSOE de «rendición» al PP. Unas acusaciones similares a las del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien censuró el pacto por “no reflejar la pluralidad del Congreso”. Un acuerdo por el que lamentó que el PSOE ha “anunciado un nuevo socio” y, con ello, la vuelta del bipartidismo a través de una “gran coalición”.
