El 1 de septiembre de 2022 la sociedad argentina acarició el precipicio. El fallido atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo a segundos de distancia de abrir un nuevo ciclo de violencia en un país que se había desangrado cuatro décadas atrás y que, tras la dictadura militar, al recuperar las instituciones democráticas, rechazó con vehemencia al crimen político como instrumento para resolver conflictos.
A un año y casi nueve meses de aquel intento de magnicidio comienzan este miércoles a ser juzgados Fernando Sabag Montiel, el ciudadano brasileño que colocó el revolver Bersa calibre 32 cerca de la sien de Fernández de Kirchner y su exnovia, Brenda Uliarte, que es considerada coautora de la frustrada acción. El balazo no se materializó por impericia del atacante. Sabag Montiel está acusado de tentativa de «homicidio doblemente calificado por alevosía«.
Nicolás Carrizo, en principio el «jefe» de la pareja, es por su parte juzgado como partícipe secundario del atentado. Todos integran una banda conocida como «los Copitos» porque se hacían pasar por vendedores ambulantes de algodón de azúcar en las inmediaciones del apartamento de la víctima.
El Tribunal Oral Federal 6 verá desfilar casi 300 testigos, entre ellos custodios de la exvicepresidenta, simpatizantes suyos que estaban en el lugar de los hechos, peritos y psicólogos. Fernández de Kirchner hablará ante los magistrados Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari recién en agosto. El dictamen se conocería a fin de año. El trío podría recibir penas de 15 años de prisión.
El itinerario que llevó al falso terceto de vendedores de golosinas a imaginar el magnicidio a planificarlo ha podido ser dilucidado con ciertos detalles; las fotos que tomaron, las tareas de observación que se asignaron y que contaron con la ayuda de una vecina de Fernández de Kirchner. Su animosidad, tan propia de ese momento de Argentina, fue más fuerte que cualquier suspicacia y abrió las puertas de su casa a los conjurados para que realizaran supuestos trabajos menores de mantenimiento.
Pero, además, la fiscalía cuenta con las filmaciones contundentes de aquel minuto clave del 1 de septiembre de 2022, así como de días anteriores. Los medios de comunicación seguían muy de cerca lo que sucedía frente al apartamento de Fernández de Kirchner, ubicado en el cruce de las calles Montevideo y Juncal, en el coqueto y fuertemente antimperonista barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.
Los simpatizantes de la vicepresidenta realizaban constantes vigilias desde que, a fines de agosto de ese año, el fiscal Diego Luciani había pedido una condena a 12 años de prisión por «asociación ilícita y defraudación al Estado». Para los kirchneristas, la líder era objeto de una persecución judicial con aroma a venganza política. Y lo expresaban en la calle.
«Estoy viva por Dios y por la Virgen»
Con ese trasfondo se llegó a la noche del primer día de septiembre. La vicepresidenta arribó a su casa procedente del Senado. Los militantes la esperaban con los rituales conocidos: cantos y consignas en su defensa. Ella descendió del automóvil. «Comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme», cuenta. Fernández de Kirchner intentó estampar un autógrafo, pero el ejemplar se cayó. «Cuando me levanto, veo un tumulto de personas que agarran a una persona». En su momento no supo qué había sucedido. «Cuando llegamos al domicilio y nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes. Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado». Atribuyó a un milagro que no le hubiera explotado la cabeza. «Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen».
Uliarte estaba cerca de Sabag Montiel. Cuando advirtió que el magnicidio había fracasado, abandonó el lugar. Se escondió en la casa de uno de los participantes del grupo. Al otro día dijo a la televisión que desconocía lo que había hecho su novio. Las informaciones e imágenes que guardaba en su teléfono -algunas de ellas posando desafiante con un arma- terminaron por incriminarla. Matar a Fernández de Kirchner era, para los organizadores del atentado, una necesidad de «limpieza».
Hacía falta, dijo Uliarte «que corra sangre». Uliarte había obtenido un arma y estaba dispuesta a disparar. «Me dan los ovarios para hacerlo». Se sumó a la vez a las acciones callejeras del grupo de ultraderecha Revolución Federal y a otras facciones de conjurados. Carrizo, el jefe de los «Copitos», intentó hacer pasar todo como una broma. Los mensajes en su celular lo comprometieron. «Esto estaba planificado para dentro de una semana». Sabag Montiel había hecho «todo mal». Las pericias psicológicas muestran al brasileño como un hombre vanidoso y pedante, propenso al delirio y capaz de equipararse a Nelson Mandela.
La parte del iceberg
Los abogados de la expresidenta han sido muy críticos del desempeño de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Delante de sus ojos se borró el teléfono del atacante que estaba supuestamente custodiado por la policía. Los letrados insisten a su vez en la necesidad de arrojar luz sobre las conexiones políticas con el grupo de improvisados que quieren presentar como «locos sueltos».
Para uno de los letrados, Juan Manuel Ubeira, el intento de asesinato tiene «dos momentos distintos». El primero, la acción misma «está acreditada de diferentes formas». Pero es apenas «la parte de un iceberg» que oculta «una serie de actividades previas a que Sabag Montiel sacara el arma» y que, para los abogados, son «objeto» de un «encubrimiento» que excede el papel que desempeñará el tribunal que juzgará a «los Copitos».
Los abogados de Fernández de Kirchner han reclamado, sin éxito, que sean investigados la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quien era su mano derecha, el diputado Gerardo Millman. Recuerdan al respecto que dos de sus asesoras estuvieron en la oficina de Bullrich y ahí destruyeron sus teléfonos. «Pero nadie quiere avanzar sobre ese punto», dijo Ubeira en las vísperas del comienzo de las audiencias.
La propia Uliarte aseguró a través de una carta que su exnovio estaba relacionado con el legislador y, también, Revolución Fenderal. Ese grupo, se pudo comprobar, había recibido mucho dinero de Caputo Hermanos, una empresa familiar a la que está vinculada Rossana Caputo, la hermana del actual ministro de Economía, Luis Caputo. Habían contratado a su referente, Jonathan Morel, como carpintero cuando, señalan los letrados, «no sabe clavar un clavo».
Las expectativas de Fernández de Kirchner son muy acotadas. «No hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta».
