El problema de la vivienda en Barcelona incrementa las tensiones. Este miércoles, varios colectivos en defensa del derecho a la vivienda, tales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Barrios del Poble Sec han ocupado, a modo de protesta, el Instituto Municipal de Servicios Sociales de la Ciudad Condal, situado en la calle Valencia, en aras de que se cancele el nuevo protocolo de Alojamientos Temporales de Urgencia.

En torno a las 18:00 horas de la tarde, decenas de personas han irrumpido en el edificio municipal portando pancartas reivindicativas en las que se podía leer ‘Hostal Collboni’, en alusión así a las políticas del alcalde Jaume Collboni en Barcelona en materia de vivienda. En estos términos, han denunciado una expulsión “sistemática y generalizada” de los residentes barceloneses ensalzada por el Ejecutivo municipal que, según han defendido, pone una “alfombra roja” a “rentistas inversores, el sector turístico y especuladores” en detrimento de los vecinos.

El protocolo sobre el que se ha alzado la propuesta y que ha sido cuestionado por colectivos como sindicatos, inquilinos, migrantes y trabajadores del hogar, todos ellos en torno al derecho a la vivienda, aborda la modificación del realojamiento de los vecinos desahuciados de sus viviendas en habitaciones de hostales y pensiones, una medida que los residentes tachan de inaceptable.

La crítica de estos colectivos también ha venido de la mano de que las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Collboni en los últimos tiempos se traducen, en términos prácticos, en el “desmantelamiento” del 30% de reserva para vivienda protegida en nuevas construcciones.

Estas críticas a modo de protesta vecinal vienen encendidas después de la reciente promesa del Gobierno municipal de Collboni de eliminar 10.000 pisos turísticos de Barcelona en un periodo de cuatro años, comprometiéndose a su vez a no renovar ninguna de estas licencias en 2028. Una medida que, según defendió, responde al incremento de dificultades para acceder a una vivienda residencial, así como el alza de los precios en el mercado, donde se han superado los 1.100 euros al mes de media. “Hemos decidido ir a fondo para que se conviertan en viviendas residenciales”, esgrimió en rueda de prensa al dar a conocer el anuncio.

Actualmente, en la Ciudad Condal hay 10.101 alquileres vacacionales, una cifra que no ha variado en gran medida desde que Ada Colau mantenía el mando del Ayuntamiento. No fue hasta finales de 2023 cuando la Generalitat catalana, a través de un decreto, puso tope temporal a las licencias.


Incremento del 4% de estafas en alquileres vacacionales

Ante este escenario, y como un problema de calado que se expande por toda la geografía nacional, en 2023, según los datos aportados por el Ministerio del Interior, se incrementaron en un 4% las estafas en alquileres vacacionales, en números totales, en 1.617. Fueron, si se fija la mirada por comunidades autónomas, Andalucía (671) y la Comunidad Valenciana (235) las que más fraudes en torno a viviendas vacacionales acumularon, un 56% del total del país.

En la misma dirección, cabe remarcar que, tomando como muestra desde 2010 a 2018, los pisos turísticos crecieron en España un 80%. Así, los números que reflejó al respecto el Instituto Nacional de Estadística (INE) dieron cuenta de que en el pasado mes de febrero hubo 351.389 pisos turísticos en España, lo que se traduce en 1,7 millones plazas turísticas, un incremento del 13,3% con respecto al ejercicio anterior.

Sobre estas cifras, y como consecuencia en tono negativo, el parque de vivienda para los residentes disminuyó un 30%, socavando aún más el acceso a la vivienda residencial, con un alza del 12% en los precios.

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