Un comentario en las redes sociales «claramente identificable como un abominable contenido terrorista» puede conllevar la expulsión a quien lo difunda, si no tiene pasaporte alemán, según el proyecto de ley presentado este miércoles por la ministra de Interior de Alemania, la socialdemócrata Nancy Faeser. Con ello se quiere actuar «con rotundidad» frente el enaltecimiento del terrorismo, insistió la ministra, para matizar a continuación que, contrariamente a lo que habían interpretado en un primer momento algunos medios, no bastará con un «like» a un mensaje determinado para una orden de deportación.
Según Faeser, el propósito del proyecto de ley es frenar la «creciente crispación» a que llevan determinados contenidos y a la generación de un «clima de violencia», animado «por extremistas». «No se trata de que se haya dado un simple ‘like’ a un comentario, sino a que se haya colgado un mensaje inequívocamente terrorista», zanjó la ministra. Su precisión siguió a varios titulares de medios de referencia en el país apuntando precisamente a que un ‘me gusta’ podía implicar la deportación.
Diversas organizaciones humanitarias y partidos izquierdistas habían criticado la medida y argumentado de que un tipo de normativa así era propia de regímenes totalitarios.
«Actuaremos con determinación contra la criminalidad extremista y el terrorismo islámico», aseguró Faeser. El «enaltecimiento del terrorismo» puede ser motivo de expulsión, añadió. La propia titular de Interior anunció hace unas semanas, en medio de la alarma causada por sucesivos ataques a cuchilladas, que se procedería a la expulsión de refugiados que vieron rechazada su solicitud de asilo en caso de cometer delitos «graves». Esto afectaría incluso a peticionarios procedentes de Afganistán o de Siria.
En Alemania hay, según cifras de Interior de finales del año pasado, casi 280.000 personas sobre las que pesa una orden de expulsión, de las cuales unas 205.000 están en situación de «tolerados», es decir, que no puede hacerse efectiva esa deportación por razones humanitarias, burocráticas o porque no hay acuerdos bilaterales con el país de origen. Algunos llevan hasta 18 meses en esa situación. El canciller Olaf Scholz se comprometió el pasado octubre a impulsar una serie de leyes para agilizar esas expulsiones, cometido que compete a la ministra Faeser.
