El Gobierno vinculó al apoyo del PP la aprobación de la reforma de la ley del suelo y de la norma estrella del PSOE sobre la abolición de la prostitución. Los socialistas quedaron solos en ambas votaciones. Dos reveses que desde el PSOE atribuyeron al contexto “electoralista” previo a los comicios europeos. Finalizado el ciclo electoral, el Ejecutivo pretende recuperar la apuesta por los grandes pactos con los populares. Un optimismo que ha crecido al calor de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y entre llamadas a rebajar el tono de la confrontación política. Si el desbloqueo del órgano de poder de los jueces tras más de cinco años con el mandato caducado se espera “en unos días”, el otro gran objetivo pasa por pactar con el PP “antes de verano” la reforma de la ley de extranjería para acordar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
En medio de las conversaciones para elegir a los nuevos vocales del CPGJ, el Gobierno se reunirá este miércoles con el PP a puerta cerrada en el Congreso para acercar posturas con la ley de extranjería. Una reforma pactada con el gobierno canario y que según fuentes del ministerio de Política Territorial solo se tramitará si es con el acuerdo previo de los dos grandes partidos.
Como en el caso del CGPJ, el Ejecutivo busca llevar estas conversaciones con “discreción” al entender que es la única forma posible de llegar a acuerdos. Precisamente, lo que no ocurre respecto a la reforma del modelo de financiación autonómica, como suelen protestar desde Moncloa. El “ruido” de los presidentes autonómicos, dicen, fomenta las posiciones de máximos y aleja los consensos. En todo caso, emplazan también al PP a presentar una propuesta en financiación para discutirla fuera de los focos.
Desde el PP insisten en no mezclar negociaciones y desvinculan un hipotético acuerdo en el CGPJ sobre pactos en otros organismos. Como el gobernador del Banco del España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno viene deslizando desde hace días como elemento de presión la posibilidad de pactar estas renovaciones si hay un acuerdo sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Este mismo lunes insistió más claramente en ello el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al poner sobre la mesa una renovación conjunta.
Desde Génova se apresuraron en desmarcar las conversaciones del CGPJ de la renovación de otros órganos, entre los que también se incluyen las vacantes del Consejo de RTVE. “La negociación en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la implementación de medidas a través de modificaciones legales que garantice la independencia de los jueces no está vinculada con ninguna otra negociación, en absoluto”, zanjó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. Asimismo, rebajó las expectativas para el acuerdo alimentadas desde Ferraz al asociar la renovación del CGPJ a que se «garantice también, a través de las reformas pertinentes, que los jueces son elegidos por los jueces y, por lo tanto, también que avanzamos y garantizamos la independencia del órgano de gobierno de los jueces”.
Para los socialistas, sin embargo, son dos carriles diferentes y apuestan por desbloquear los nombramientos con el actual sistema para abordar después su reforma, teniendo en cuenta las actuales mayorías parlamentarias. Pese a todo, tanto en Moncloa como en Ferraz trasmiten «optimismo» y confianza, lejos de los mensajes más desesperanzados que habitualmente transmiten.
Financiación para la acogida de migrantes
Además de las apelaciones a la discreción, los socialistas buscan favorecer el acuerdo rebajando el ultimátum de reformar la ley del poder judicial para quitar competencias al CGPJ en los nombramientos de la cúpula judicial. En público se ha evitado confirmar que si no hay acuerdo antes del domingo se procederá el registro de la iniciativa, mientras que en privado explican que “dependerá del PP”.
En la reforma de la ley de extranjería los socialistas tratan de atraer al PP garantizando la financiación necesaria para las comunidades de acogida de migrantes menores. Unas garantías que han trasladado desde Hacienda. Asimismo, confían en la presión de los populares canarios, que forman parte del gobierno que ha impulsado la reforma junto al Ejecutivo central para descongestionar la presión migratoria que llega a sus costas.
Presiones internas
En la otra parte de la balanza reconocen las dificultades de Génova para llegar a un acuerdo por la presión de Vox en los gobiernos autonómicos de los que es socio del PP. El marco competencial autonómico dificulta el encaje, pero sobre todo se quiere buscar un consenso previo para evitar recursos de inconstitucionalidad de los gobiernos regionales de PP y Vox.
Desde el Gobierno insisten en el recurso de retomar la senda de los grandes acuerdos y ha desempolvado ahora los tres acuerdos que Pedro Sánchez propuso al líder de la oposición en su última reunión durante la ronda de contactos para la investidura. La reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido», ya materializada, el acuerdo para renovar el CGPJ y la reforma del modelo de financiación autonómica. “Queremos pactar todo lo posible y ya hemos llegado a muchos acuerdos”, explican fuentes de Moncloa para acto seguido remarcar que “la pregunta es si Feijóo puede”. Esto es, “si los elementos más extremistas del PP le dejan”, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, quien ya se opuso públicamente a cerrar un acuerdo para el CGPJ.
