La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso mostró este martes su disposición a “solidarizarse con Canarias” y amparar la reforma de la ley de Extranjería para un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, pero casi todos ellos establecieron algún tipo de condición, en especial que esa modificación legislativa vaya acompañada de un acuerdo paralelo entre el conjunto de comunidades autónomas y de fondos para la acogida. No todos plantearon este elemento como línea roja para dar su visto bueno, pero sí dejaron claro que la fórmula acordada entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central no tendrá ninguna operatividad sin un consenso previo territorial.
El único partido que sí lo plantea en esos términos es el PP, sin cuyo apoyo el Gobierno central ha dejado claro que no presentará en el Congreso la propuesta pactada con Canarias. Los populares mantienen de entrada esta cuestión como una responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y exigen una negociación multilateral como contrapunto a una medida que ahora califican de “intento de enfrentamiento entre comunidades autónomas” por parte del Estado.
Al margen de los matices y peticiones de cambios que han expresado la mayoría de grupos, todos ellos, así como los Ejecutivos canario y central, se encuentran a la espera del PP oficialice este miércoles su posición ante el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en su ronda de contactos en el Congreso.
“Moderado optimismo” de Clavijo y Torres tras la primera ronda de contactos con los grupos
Fuentes de ambos gobiernos saldaron este primer día de reuniones con “moderado optimismo” porque hubo más apoyos que reparos por parte de los grupos, que consideran la propuesta un paso válido para hacer efectiva la solidaridad con Canarias ante la situación que vive en estos momentos con casi 6.000 niños, niñas y adolescentes y con su sistema de acogida colapsado. Pero la conclusión clara tras reunirse con los partidos del grupo Mixto, el PNV, Bildu, ERC, Junts y Sumar es que cerrar cualquier tipo de acuerdo requiere la participación de todas las comunidades autónomas, así como una garantía de recursos económicos para afrontar las acogidas.
El ministro de Political Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres (i), junto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (2i), durante la reunión con los diputados del grupo mixto Cristina Valido (2d), de Coalición Canaria y Alberto Catalán, de UPN. / EFE
Conferencia sectorial
Torres y Clavijo trataron de dar cobertura a esa reclamación explicando que ya está prevista, aunque sin convocar formalmente, una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para la próxima semana en Canarias con este asunto como principal punto en el orden del día.
Con todo, las conclusiones de la ronda no se podrán cerrar hasta que Torres y Clavijo completen sus contactos este miércoles con Vox, el PP y el PSOE. Será entonces cuando ambos explicarán oficialmente el resultado de las reuniones, así como los elementos que habrá que modificar de la propuesta pactada entre Canarias y el Estado para que pueda tener curso parlamentario, algo que este martes quedaba muy en el aire precisamente por la posición del PP. El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, deja de entrada una impresión poco propicia a un posible entendimiento pese a que su partido en las Islas avala la reforma legal, aunque también exigiendo consenso territorial.
Tellado se esforzó en colocar este asunto en el ‘debe’ del Gobierno central y rechazando la propuesta de reforma de la ley de Extranjería como herramienta clave de un nuevo sistema de reparto de menores migrantes. “Es evidente que Canarias tiene un problema, pero la responsabilidad migratoria es del Gobierno de España, que no puede traspasarla a otros, y es bastante lamentable que el Gobierno pretenda enfrentar a unas comunidades con otras y sacarlas del debate de esta cuestión”, afirmó Tellado.
Casi todos los portavoces reclaman también una sectorial de Infancia y Adolescencia y fondos para la acogida
Según él, “cualquier solución pasa por la solidaridad entre territorios y es el Gobierno de España el que se tiene que sentar con las distintas administraciones para buscarla y el que tiene que poner medios materiales y humanos para poder atender a esa crisis”. Por todo ello, insistió en que “lo que tiene que hacer el Gobierno es dejar de enfrentar a unas comunidades con otra que es lo que pretende de forma reiterada e irresponsable”. Tellado vino a resumir la que es la posición de la dirección nacional del partido: el Ejecutivo de Sánchez primero tiene que convocar una Conferencia Sectorial y “luego ya se verá”, asegurando, por otra parte, que “no hay posición unitaria” entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y que cada una defenderá su posición en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Advertencia de Vox
Esta posición permite al PP evitar el debate de si el partido tiene en cuenta o no el rechazo de Vox, su socio de gobierno en cinco territorios, a la medida. Serán los gobierno regionales de cada uno de ellos los que definan su posición, no el partido en sí. Vox, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, reiteró que van a trasladar a Clavijo y Torres en la reunión de este miércoles que están en contra del reparto y que los menores “deben ser devueltos a sus países de origen”, insistiendo en que “haremos valer nuestros acuerdos de gobierno” en las comunidades autónomas que cogobiernan junto al PP para llevar esas posiciones a la Conferencia Sectorial. “Vamos a ver qué hace el PP”, señaló en tono de advertencia.
Pero al PP le salió este martes algún aliado inesperado respecto a algunas de sus reclamaciones. Aunque con una premisa muy distinta, Sumar incidió, al igual que los populares, en la necesidad de que “haya un acuerdo entre comunidades autónomas y que ese acuerdo lleve llevar aparejada la financiación suficiente”, según manifestó Íñigo Errejón, líder de Más País y uno de los portavoces de Sumar, antes de reunirse con Torres y Clavijo. “Tendremos que estudiar el texto y los criterios técnicos que se plantean en él, pero para nosotros es fundamental la máxima protección a los derechos e intereses de los menores”, afirmó. Sumar tiene que tener en cuenta en este marco las posiciones de los partidos territoriales que integran el espacio como En Común, Compromís o Chunta Aragonesista.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), conversa con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (2i), y con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban (d). / EFE
Disposición adicional
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, por su parte, trasladó su “disposición a colaborar” en el nuevo enfoque de la acogida de menores y propuso introducir una disposición adicional en la que se recoja que los menores que recaigan en una comunidad autónoma distinta a la que ha asumido la acogida inicialmente sea devuelto a ella. También Bildu ha tenido una actitud abierta a la propuesta conjunta de Canarias y el Estado, que califica de “sentido común porque parte de un principio de solidaridad”, según expresó su portavoz adjunto Jon Iñarritu, mientras que ERC “ha mostrado su sintonía” en el mismo sentido, según fuentes de la negociación.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (izda), la diputada de Junts Per Cataunya Miriam Nogueras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (2i), y el diputado de Junts per Catalunya Josep Lluis Cervera. / EFE
Más confusa se expresó ante Torres y Clavijo la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que sin desmarcarse del todo, tampoco se comprometió expresamente y trasladó a sus interlocutores unas “notas jurídicas” para las que esperan respuesta. Cabe recordar que la formación alcanzó en su día con el Gobierno para la cesión de las competencias a Cataluña en materia migratoria.
La ronda la iniciaron el ministro y el presidente canario con dos de los portavoces del Mixto, Cristina Valido (CC) y Alberto Catalán (UPN). La primera se sumó obviamente a la propuesta y el segundo se mostró indeciso sin concretar si la apoyaría, pero tampoco rechazándola expresamente. Podemos, por su lado, aseguró su respaldo a la reforma legal.
Por parte del PSOE, su portavoz parlamentario, Patxi López, se centró en reclamar al PP “que no hable de boquilla de solidaridad”. “La solidaridad no es una palabra, es una acción y una actuación y ahí se demuestra quien de verdad está dispuesto a practicarla”, afirmó. Tras señalar que el Gobierno está actuando para abordar y resolver un problema, subrayó que “el PP tiene que aclarar si va a practicar esa solidaridad, porque gobierna la mayoría de las comunidades que tienen que aceptar la recepción de un número razonable de esta inmigración”. “La cuestión no es señalar todo el tiempo al Gobierno, sino cuál es mi compromiso, y de compromiso no he escuchado ni una sola palabra al PP”, remarcó
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