«Gran éxito de Feijóo defendiendo la independencia del judicial». «Va alineado con lo que viene diciendo la presidenta sobre el tema». Así de expresivos se han mostrado en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la hora de valorar el acuerdo alcanzado ayer para la renovación del CGPJ y reforma de la ley del Poder Judicial, después de cinco años de desencuentros entre Gobierno y PP. Un pacto que parecía imposible y que ha recibido los parabienes de la líder territorial más reticente a cualquier tipo de acercamiento al ejecutivo de Pedro Sánchez y mucho menos en materia de Justicia.

Sabedores en el cuartel general de los populares que ese podía ser el punto más conflictivo del pacto firmado solemnemente en Bruselas entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en presencia de la comisaria de Valores y Transparencia y vicepresidenta de la UE, Věra Jourová, Alberto Núñez Feijóo mantuvo una conversación con Ayuso para explicarle las líneas maestras del acuerdo, según ha podido saber El Independiente.

Feijóo puso el acento en la batería de medidas destinada a la despolitización de la Justicia

El líder del PP puso el acento en la batería de medidas destinada a la despolitización de la Justicia, discurso que parece gustar en la Puerta del Sol. En la Comunidad de Madrid destacan la reforma casi exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que la elección del presidente del Supremo no forme parte del acuerdo entre partidos, sino que lo elijan los vocales del Consejo por un mínimo de 12 votos, mientras que para el resto de los acuerdos se exigirán mayorías reforzadas de 13, lo que obligará en un caso y otro a pactos transversales.

Mientras se firmaba el acuerdo en Bruselas, la presidenta autonómica se encontraba a menos de 400 kilómetros de allí, concretamente en Frankfurt donde se reunió con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y con el vicepresidente del BCE y ex ministro de Economía, el español Luis de Guindos para vender «las buenas prácticas sobre el modelo fiscal y económico del Gobierno autonómico para favorecer la captación de inversión extranjera y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales», según una nota de la Puerta del Sol.

Tener las bendiciones de Ayuso no es una cuestión menor. De hecho, Gobierno y PSOE acusan reiteradamente a Feijóo de estar poco menos que «secuestrado» por la presidenta autonómica, hasta el punto de que los socialistas le atribuyeron el fracaso de la negociación de octubre de 2022. Otro destacadísimo barón popular enfatiza que el acuerdo es «razonable y oportuno» y una tercera baronesa apostilla que si bien era «muy importante» renovar el órgano de gobierno de los jueces ,»lo es más garantizar la independencia judicial frente a un presidente que ya cuestiona a los jueces abiertamente. Todos tenemos la obligación de velar por la calidad de la democracia y de las instituciones». Desde Génova lanzan el dato de que los barones sabían de un acuerdo cuya negociación se retomó el día del ultimátum que Sánchez y no se cerró hasta ayer mismo por la mañana, pocas horas antes de oficializarlo.

Temor en el PP catalán

Con algo más de incertidumbre lo han acogido en el PP catalán, temerosos de que, si hay repetición electoral en octubre, este tema pueda explotarlo Vox, cuyo líder, Santiago Abascal ya salió ayer en tromba para acusar a los populares de «consumar la traición» e insistir en su mensaje de que «son lo mismo».

El acuerdo tiene un poco de la negociación que en su momento desarrolló Teodoro García Egea siendo secretario general del PP en la época de Pablo Casado en lo que se refiere a las mayorías reforzadas o a no pactar el nombre de quien ocuparía la presidencia del Consejo y del TS con innovaciones incorporadas por Esteban González Pons ya en 2022, aunque el tema medular, esto es, el método de elección de los miembros del CGPJ, no queda cerrado del todo pues depende de una propuesta que haga el propio Consejo en un plazo de seis meses con una alusión explícita en una de sus disposiciones adicionales a la «participación directa» de los jueces en dicha elección.

Ausencia de representantes independentistas y de Sumar

También los populares sacan pecho con la ausencia en el nuevo CGPJ de representantes próximos a los nacionalistas, pero, ni siquiera de la órbita de Podemos o de Sumar cuyos nombres, como el de la ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, se barajaron en la negociación de 2022. Aunque desde el partido de Yolanda Díaz han asegurado que entre esos nombres hay alguno inspirados por ellos. Y tras acusar el PP al Gobierno de «reventar» la negociación en ese año usando para ello la desaparición del delito de sedición y la rebaja de la malversación, dicen en Génova que «lo importante es que fortalecemos uno de los pilares del Estado, no que en este proceso de negociación hayamos ganado, pero sí, hemos ganado».

En una comparecencia ayer en la sede del PP, Feijóo se atribuyó el éxito del acuerdo que ha quedado resumido en la siguiente frase: «Por mi parte, misión cumplida». Explicó que mucho de lo conseguido formó parte de su discurso de investidura, en septiembre del pasado año: «Perseguíamos la renovación del CGPJ a la vez de una reforma legal y los hemos conseguido; despolitizarlo, se ha conseguido; no elegir la presidencia del Supremo, se ha conseguido; una nueva ley de puertas giratorias, avanzar hacia la absoluta independencia del Fiscal General y que los vocales y la nueva ley se votasen al mismo día y así ha sido. A pesar de las resistencias, así va a ser». Ahora queda por delante la proposición de ley conjunta que quieren aprobar este mes de julio.

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