El Tribunal Supremo israelí dictaminó este martes por unanimidad el fin de la exención militar para jóvenes judíos ultraortodoxos, una medida muy polémica que históricamente ha dividido a la sociedad israelí, especialmente desde la guerra en la Franja de Gaza.
La Corte decidió que «no existe base legal para excluir a los hombres ultraortodoxos del reclutamiento» y que si no sirven en el Ejército tampoco deben recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos.
No queda claro si este fallo implica el envío inmediato de órdenes de reclutamiento para los aproximadamente 67.000 hombres haredíes elegibles -el equivalente a cinco divisiones militares- para el servicio militar obligatorio en estos momentos, o será un proceso gradual.
Los dos partidos ultraortodoxos -Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT)- se oponen frontalmente al reclutamiento de los jóvenes estudiosos de la Torá y han amenazado con abandonar la actual coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu si la medida entra en vigor, poniendo en peligro su supervivencia porque aportan 18 escaños vitales.
«Nunca ha habido un fallo del Tribunal Supremo a favor de los estudiantes de la yeshivá y en interés del público ultraortodoxo. No hay un solo juez allí que entienda el valor del estudio de la Torá y su contribución al pueblo de Israel», afirmó hoy uno de los líderes de JUT, el rabino y diputado Moshe Gafni.
La exención militar para los judíos ultraortodoxos no es una ley, sino una disposición ejecutiva que se prolonga periódicamente y que existe desde el nacimiento del Estado de Israel, aunque hay varias sentencias judiciales que indican que viola el principio de igualdad que rige en la ley básica israelí.
El Supremo israelí comenzó a principios de junio a escuchar argumentos en el caso de la exención militar de los judíos ultraortodoxos, que desde la formación del Estado de Israel pueden evitar el servicio militar obligatorio si estudian a tiempo completo en una escuela talmúdica (yeshivá), un asunto que ha provocado grandes divisiones en la sociedad israelí y dentro del gobierno.
A comienzos de abril, expiró una norma temporal que permitía mantener la exención, y numerosos grupos de la sociedad civil han reclamado acabar con los privilegios de los ultraortodoxos, que representan alrededor del 13 % de la sociedad israelí.
El Ejecutivo en este caso ha estado representado por un abogado privado, ya que la fiscal general, Gali Baharav-Miara, se ha declarado en contra de la exención militar, llegando a declarar que el Gobierno actúa “sin autoridad” al tratar de prevenir el reclutamiento.
Tras la movilización masiva de unos 300.000 reservistas para la guerra en Gaza, que ya dura casi nueve meses, además de para batallones de soldados tanto en la frontera norte con el Líbano como en el territorio ocupado de Cisjordania, muchos israelíes reclaman a Netanyahu, que todos los jóvenes en Israel cumplan con su “deber” militar.
Su Gobierno, sin embargo, depende del apoyo de dos partidos ultraortodoxos; mientras que miembros del conservador Likud (el partido de Netanyahu) y las formaciones de la extrema derecha dentro de la coalición -Sionismo Religioso y Poder Judío- son favorables al fin de la exención.
“Existe una necesidad nacional real de extender el tiempo de servicio de los soldados del ejército permanente y de extender el período de servicio de los reservistas. Por lo tanto, estamos obligados a llegar a nuevos acuerdos y tomar decisiones que no habíamos tomado en 75 años”, ha señalado sobre esta cuestión el ministro de Defensa, Yoav Gallant (Likud).
