El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobadas en 2023, tal y como lo ha anunciado Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la ministra de Igualdad ha asegurado que la normativa madrileña es «regresiva», al limitar y vulnerar derechos reconocidos en la legislación estatal.
«Los derechos de las personas trans y LGTBI no pueden esperar. Tenemos que garantizar que se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio», ha asegurado la ministra, que ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.