Los más de 150.000 empleados públicos que trabajan en las administraciones canarias verán incrementados sus salarios un 2% tras la subida aprobada ayer por el Consejo de Ministros con efectos retroactivos a 1 de enero. Es un incremento pendiente desde hace seis meses que se ha ido aplazando debido a la prórroga de los presupuestos del Estado de 2023, a la complejidad legal para encajar el gasto al no haber cuentas de este año y a los procesos electorales y las incertidumbres del escenario político desde que comenzó el año. Para la Comunidad Autónoma este aumento del 2% en la nómina de sus empleados -unos 92.000 según los datos oficiales- supone un gasto de 77,5 millones de euros que se habían reservado cuando se aprobaron los presupuestos autonómicos en diciembre, a la espera del Gobierno central.
Como ha sucedido en anteriores subidas, esta medida afecta a los ingresos de todos los empleados autonómicos, de la Administración del Estado, cabildos, ayuntamientos, empresas públicas y el resto del sector público. Los últimos datos oficiales del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas son de hace un año y reflejan que en Canarias trabajan 151.520 empleados públicos. Por administraciones 92.378 desarrollan su labor en la Comunidad Autónoma, 35.650 en las corporaciones locales -los siete cabildos y los 88 ayuntamientos- y 23.492 en los organismos de la Administración del Estado en Canarias, incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal militar.
Prórrogas y demoras
Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones por prórrogas presupuestarias o demora en la aprobación de las cuentas del Estado, el Ejecutivo regional aprobó sus cuentas en diciembre y entraron en vigor el 1 de enero con una reserva de fondos para cuando el Gobierno central aprobara el incremento salarial pactado con los sindicatos. Esta provisión de fondos no se limitó solo a la consignación de la partida para el 2% de incremento aprobado ayer, sino que también se añadieron otros conceptos salariales hasta un total de 127 millones de euros. Con esta cantidad se hace frente a los incrementos retributivos tanto de 2023 como de 2024 ya que el pasado mes de febrero se aprobó una subida del 0,5% vinculada al PIB nominal y que estaba prevista en el acuerdo del año pasado con el mismo porcentaje global del 2,5%, pero con un 2% inicial y el resto en función del aumento del coste de la vida.
El aumento llega a más de 150.000 trabajadores públicos isleños
El reparto de los 77,5 millones de euros está vinculado a las distintas consejerías y departamentos de la Comunidad Autónoma, siendo Educación y Sanidad los que absorben el mayor gasto por ser donde hay más personal entre docentes y sanitarios.
Se trata de una subida con efectos retroactivos a 1 de enero, es decir, que el 2% de incremento tendrá que reflejarse en todos los conceptos salariales de los seis meses que han pasado del año de forma acumulada. El Gobierno central ha confirmado que la subida será inmediata y ya se incluirá en las nómina de sus empleados a final de julio. En el caso de Canarias no se ha garantizado por parte del Gobierno regional que el incremento esté incluido en la nómina del próximo mes. Desde la Dirección General de Función Pública se esperará a que el decreto ley se publique en el Boletín Oficial del Estado -que posiblemente será hoy- para a continuación cuantificar los porcentajes y el personal. El departamento de recursos humanos prevé el ingreso para la nómina del mes de agosto, pero ya los sindicatos han advertido que en anteriores ocasiones se han podido actualizar las retribuciones en la nómina del mes siguiente. Ayer la Generalitat de Cataluña confirmó que el incremento para los empleados catalanes se verá reflejado en la nómina de julio porque ya estaba previsto.
Sin problemas
El Consejo de Ministros aprobó ayer esta medida y el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá, ha afirmado que el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados no supondrá «un problema» para afrontar el gasto de esta subida salarial. «Nunca ha habido problemas para esto. Ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórroga de presupuestos de Gobierno. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe un margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones».
Esta subida salarial del 2,5% para este año es la prevista en el acuerdo que firmó el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y que contempla un incremento del 2%, más un 0,5% adicional en función de la evolución del IPCA. En concreto, el texto del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2%, a lo que se sumaría otro 0,5% en función de la evolución de los precios. Si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%), se aplicará ese incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.
Sin embargo, el presidente del CSIF, Miguel Borra, ha calificado de «insuficiente» la subida salarial del 2,5% con carácter retroactivo desde enero para empleados públicos, al tiempo que ha informado de que se mantiene la convocatoria de concentración prevista para mañana jueves 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un nuevo acuerdo salarial. Para el máximo representante del sindicato, la subida salarial sale adelante «tras las presiones de CSIF y la concentración prevista para este jueves, en todo caso la subida llega tarde», indicó el dirigente sindical.
El 0,5%, en diciembre
UGT y CCOO afirman que en diciembre se hará efectivo el incremento retributivo adicional del 0,5% en el salario de los funcionarios para este año, un porcentaje variable que se sumará a la subida salarial del 2% aprobada ayer en Consejo de Ministros y que se abonará si se cumple el requisito de que la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 supera el aumento retributivo fijo aplicado durante dichos años (8%), algo que ya ha sucedido. En concreto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%. «Será a partir de diciembre cuando se haga efectivo ese incremento retributivo adicional y consolidable», han asegurado ambos sindicatos en un comunicado. La subida salarial incluida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI ascenderá en total al 9,8%. | E. P.
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