El FLA son tres letras que unidas como siglas representaron en 2023 más de 3.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana que sirvieron para hacer frente al pago de 280.285 facturas de 5.168 proveedores. Es el resumen del impacto del Fondo de Liquidez Autonómica en las arcas de la Generalitat en el último ejercicio, esa dotación extra que el Estado lleva facilitando a las autonomías desde 2012 para poder asumir aquellos gastos que con la financiación ordinaria no consiguen cubrir y que en el caso valenciano tiene la sanidad como su principal destino.
Porque es reiterativo el dicho de que la salud no tiene precio, pero la sanidad pública sí y este se vuelve difícilmente alcanzable sin unos recursos financieros suficientes. De ahí que de los 3.000 millones que recibiera la Comunitat Valenciana el año pasado en fondos de FLA y Facilidad Financiera, más de 2.000 fueran destinados al pago de cuestiones relacionadas con la sanidad. Esto supone un 67 %, dos de cada tres euros, según los datos del Ministerio de Hacienda en su ‘Informe sobre los mecanismos de Financiación de CC.AA. 2012-2023’.
El dato no es puntual para el 2023. De hecho, en el informe se muestra que desde que se impulsara esta financiación extra para cubrir las «necesidades de financiación del déficit público» en 2012, la Comunitat Valenciana ha sido la segunda autonomía que más fondos ha recibido en esta línea: casi 24.500 millones, solo por detrás de Cataluña (25.800 millones), de los que un 71 % de estos fueron a hacer frente a facturas en el ámbito sanitario, casi un 10 % para gastos en educación, un 6,8 % en servicios sociales y el resto, un 11,6 %, en otros gastos.
El esquema se repite en 2023 dejando patente que el problema financiero de la Comunitat Valenciana afecta al pago de servicios básicos como la sanidad. Si se añaden educación y servicios sociales, el 85 % de los 3.012 millones van destinados al pago de «servicios fundamentales» que prestan las comunidades, una estructura de reparto que es prácticamente idéntica al del resto de autonomías que acaban recurriendo a estos fondos: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Aragón.
Más del doble que Cataluña
Si bien hay excepciones en el reparto de estos gastos, como por ejemplo Castilla-La Mancha que destina casi el 30 % a otro tipo de gastos o Andalucía que usa el 100 % de estos recursos para sanidad (cabe reseñar que son 182 millones, un 6 % de lo recibido por la Generalitat pese a tener un presupuesto de 15.000 millones más); la especificidad más destacada del ejercicio pasado es que la Comunitat Valenciana no solo fue la que más recursos de este tipo recibe, ingresa casi la mitad de todos los fondos extra aportados por el Estado (6.600 millones) y prácticamente el doble que a segunda, Cataluña, donde llegaron 1.600 millones.
Esta gran diferencia en la recepción de esta financiación extra y que en su gran mayoría vaya destinada al pago de servicios fundamentales son una señal de que as arcas valencianas requieren de una mayor inyección de oxígeno por parte del Estado, especialmente en un momento en el que la reforma del modelo de reparto vuelve a estar encima de la mesa. También la condonación de la deuda, problema también estructural valenciano ya que los mecanismos citados no son transferencias indiscriminadas, sino que acaban actuando como préstamos a bajo interés, es decir, generando pasivo.
El informe de Hacienda también refleja un desagregado por tipo de factura donde el principal destino del FLA es el apartado genérico de «Contratos de obras, concesión obras, concesión servicios, suministros, servicios, arrendamiento bienes inmuebles» en el que van a parar más de 1.800 millones. Tras este, le siguen los «Convenios con farmacias», con 524 millones, 174 millones para la «Concesión de servicios sanitarios» así como 199 millones para el pago de subvenciones y transferencias a entidades locales y universidades.
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