Después de la crisis que supuso la pandemia, con el consiguiente cierre de fronteras, España ha iniciado una estrategia de liberalización progresiva y eliminación de barreras en el comercio internacional, que le han llevado a ocupar el segundo lugar, solo por detrás de Japón en el índice de restricción del comercio de servicios o Services Trade Restrictiveness Index (STRI), en inglés, que publica anualmente la OCDE. El tercero de la lista es el Reino Unido.
La banca comercial, las telecomunicaciones y la logística de mercancías (lo que incluye el transporte y el almacenamiento de bienes) son algunos de los sectores en los que la economía española se muestra más abierta que la media del ránking de 50 países que ha recogido la organización internacional. La última de la lista, es decir, la economía más restrictiva y cerrada, es Rusia, unos puntos por encima de Indonesia, Tailandia e Islandia.
Otros países europeos, como Alemania y Francia han tenido comportamientos opuestos en este sentido. Así, mientras el marco regulatorio galo se ha hecho más laxo desde la pandemia (aunque sigue estando por encima de la media de la OCDE), el germano figura como uno de los estados que más trabas ha aplicado en los últimos años, pese a que sigue teniendo una regulación más abierta que la mayoría de integrantes de la lista. Italia, que casi no se ha movido en el escalafón, Bélgica y Grecia, que desde el covid ha cerrado su mercado de servicios, son los tres países de la UE que aparecen como más prohibitivos.
Cada vez más barreras
Pese a que ha habido avances y son diversos los países que han suavizado sus legislaciones (Brasil, Canadá, India, Corea y la mismísima República Popular China), la OCDE constata que en 2023 se produjo un endurecimiento generalizado de las restricciones al comercio de servicios, con «políticas nuevas o revisadas en varios países relacionadas con el control de la inversión extranjera directa que afecta al comercio digital y las plataformas de comercio electrónico que dificultan la labor de los proveedores de servicios globales», indica el estudio. A eso se suma el hecho de que cada vez hay entornos regulatorios más fragmentados.
La organización destaca, en el otro sentido, «políticas que contribuyeron a aliviar los obstáculos regulatorios en algunos países». «Es particularmente notable -dice- la liberalización de los servicios relacionados con la infraestructura, como los de construcción, arquitectura e ingeniería en Canadá y China, entre otros. Otros ejemplos son más específicos del sector que afectan, por ejemplo, a los servicios financieros en Brasil, a servicios profesionales en la India o a servicios habilitados digitalmente en Corea e India. También subraya «la reducción de la participación gubernamental en empresas clave en algunos países como Israel, Lituania y el Reino Unido. En total, concluye el documento «el número de reformas políticas identificadas en 2023 fue menor que en 2022, pero las políticas liberalizadoras agregadas superaron la introducción de nuevas restricciones».
Según cálculos de la OCDE, los costos del comercio «podrían disminuir entre un 20% y un 37% para los proveedores de servicios bancarios comerciales -un servicio intermedio clave en toda la economía- si los países implementaran reformas ambiciosas». Además, agrega el organismo, «una transformación en el transporte aéreo (el sector más restrictivo de todos los países) podría aumentar la productividad manufacturera en un 8,4% en promedio en 17 industrias manufactureras». «Se necesitan más acciones nacionales y multilaterales para acelerar aún más la liberalización de las políticas comerciales de servicios para contrarrestar el volumen de barreras acumuladas en los últimos años», recomienda finalmente el informe.
