España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia, que ha cobrado relevancia, tanto por el secuestro por parte del Partido Popular del CGPJ, como por controlar la Sala Segunda del TS por detrás (Cosidó), las manifestaciones públicas de órganos o colectivos judiciales sobre temas de carácter político que se resuelven en las Cortes Generales, o por la proliferación de incidentes en torno a la fiscalía y algunos juzgados.
Incidentes, por la relevancia de las personas imputadas o por la aparente y estrafalaria argumentación que se utiliza en determinados y concretos casos, que sirven para mantener la investigación, ampliarla a voluntad o retomarla si los vientos no son propicios. El respeto a la justicia, sin embargo, es un valor constitucional y democrático que debemos asumir sin merma alguna, aunque sea legítima la crítica por actuaciones concretas.
En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón. El estallido contra el TC, con toda la artillería del PP, ha venido de la mano de la estimación parcial del recurso de amparo de Magdalena Álvarez, condenada por un delito de prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía.
Quedan aún muchas sentencias de este caso, que se resolverán en las próximas semanas, pero esta sentencia del 19 de junio (N.º 65/2024) ha generado una sobreactuación del PP de Feijóo y de Moreno Bonilla porque rompe el espinazo, la columna vertebral, sobre la que estaba montada la cacería, en los últimos quince años, contra la Junta de Andalucía, sus máximos responsables institucionales –incluidos dos presidentes– y, por derrama, de la totalidad del PSOE de Andalucía y de España.
El procedimiento de los ERE se inicia en febrero de 2009 con una denuncia de la Junta de Andalucía ante la fiscalía por grabaciones a dos directivos de Mercasevilla, ampliando posteriormente, el Consejo de Gobierno, información reservada a todos los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y la fiscalización por la Cámara de Cuentas, en 2011, de todas las ayudas, a empresas en crisis y sociolaborales.
La Cámara de Cuentas concluye que, entre 2001 y 2010, los pagos con cargo al programa 31L suponen 709,9 millones de euros, de los que 582 corresponden a ayudas sociolaborales a trabajadores y 128 a ayudas a empresas e instituciones. De los 6.400 trabajadores acogidos, 219 presentaban irregularidades y 71 eran intrusos, incluidos sin haber trabajado en esas empresas, lo que suponía una defraudación de 6,8 millones de euros.
Se revisaron 217 ayudas a empresa e instituciones por un importe de 130 millones y se reclamaron su devolución por ayudas indebidas por un montante de 86. Estos son los datos del informe de fiscalización (JA 11/2011) de octubre de 2012 de la Cámara de Cuentas.
Estas ayudas contaron con el apoyo del Parlamento de Andalucía, por unanimidad, en el caso Delphi. Con demandas del PP (Antonio Sanz, Teófila Martínez, Juan Ignacio Zoido, José María Aznar, entre otros) para Astilleros, Delphi, Santana, Hitemasa, Faja Pirítica, etc. Eduardo Zaplana llegó a decir en la Comisión de Investigación (de mayo a diciembre de 2012): “El procedimiento está amparado en bases legales: no sembremos la duda de la opacidad porque su desarrollo tiene un proceso garantista. Están intentando inventar responsabilidades que no existen”.
Allí mismo, Zoido dijo: “Todo el procedimiento se hizo con luz y taquígrafo. Los expedientes fueron intervenidos de conformidad por la Intervención Delegada de Hacienda”. El Gobierno de España utilizó este sistema en prejubilaciones en Langreo y Mieres en 2018, al igual que Aragón, Castilla y León, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, o la Xunta de Galicia.
La investigación de todo el procedimiento de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, con fiscalización de la Cámara de Cuentas, impulsada por los Gobiernos socialistas, toma un cariz muy diferente a partir del momento en que el PP, a través de Juan Ignacio Zoido y Antonio Sanz, presentan denuncia ante el Juzgado de Guardia por el caso Mercasevilla, en 2009, y recae el asunto en el juzgado número 6 de la jueza Mercedes Alaya, convirtiéndose en un caso estrella de gran relevancia política y mediática. Y aquella primera instrucción, como decía un conocido periodista sevillano, “a golpe de trolley, telediario y citas electorales, acabaría como el rosario de la Aurora”.
De Mercasevilla a los ERE, incluyendo las ayudas sociolaborales, el programa 31L, los anteproyectos de Presupuestos, los Proyectos de Ley aprobados por el Consejo de Gobierno, las leyes del Parlamento, las modificaciones presupuestarias… Y se hizo la luz, en la sede del PP de Javier Arenas, Zoido, Moreno Bonilla, Antonio Sanz y demás. Esto es una trama corrupta del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que para llevarla a cabo fingió y elaboró proyectos de Ley de Presupuestos de la Junta, claramente ilegales, según decía el PP, que fueron aprobados sucesivamente por el Parlamento porque sus diputados y diputadas son unos incompetentes, que respaldaban disponer de dinero rápido y fácil (el “botín”, decían) y de modificaciones presupuestarias para llevar a cabo todas las tropelías queridas.
Y la instrucción del caso, sorprendentemente, dio por bueno el relato del PP y de sus terminales mediáticas y, de esta manera, todo el que hubiera estado en la elaboración de los anteproyectos, de los proyectos de Ley, de sus informes preceptivos, de su aplicación, una vez aprobado como ley por el Parlamento de Andalucía, había prevaricado y malversado dinero público. “Robado”, decían en el PP. Miles de millones, que no sabían decir cuáles y de dónde y que, finalmente, cuantificaron en torno a 700 millones de euros, que era la partida total del programa 31L. Un disparate monumental, como hemos demostrado fehacientemente más arriba.
Ya conocen la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que respaldó en gran medida la instrucción de la jueza Alaya y del Tribunal Supremo que la ratificó con un voto particular certero de dos magistradas. Prevaricación y malversación, suspensiones para cargos públicos y cárcel para numerosos miembros de los gobiernos de Chaves y Griñán, que han sufrido brutalmente en sus carnes, en sus familias y patrimonio, el devastador tsunami de declararlos culpables penalmente por ejercer como servidores públicos, desde todo punto de vista, honestos. Eran y son inocentes, pero se les convierte en víctimas principales o colaterales del fin último del PP: desplazar del Gobierno de la Junta de Andalucía a los socialistas, lo que consiguió en 2018 Moreno Bonilla con el comodín implacable y diario de la supuesta corrupción socialista de los ERE.
Llegó el recurso al Tribunal Constitucional y el pasado 19 de junio dicta la sentencia por prevaricación de Magdalena Álvarez. Lo estima parcialmente porque “los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el art. 25.1 CE”. Y el Tribunal, de acuerdo con el Fiscal, “ha estimado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de delito de prevaricación”. Se cae la columna matriz de la trama socialista, se viene abajo el edificio conspirativo, de asociación para delinquir, y surgen de nuevo, mujeres y hombres, políticos valiosos y preparados, en el ejercicio de su labor pública intachable.
Con la primera sentencia del TC, que espero continúe con las restantes, aparece claramente que, efectivamente, todo ha sido una trama política, pero del PP de Moreno Bonilla, Zoido, Sanz y sus compinches, que la utilizaron arteramente para humillar y hundir a los socialistas con un soporte judicial muy endeble, denunciado repetidamente por los presidentes del Parlamento de Andalucía y por los expertos en derecho parlamentario. Ahora el PP hablará, quizás, de lawfare, de que no son sentencias sino indultos, que los concede y ordena el Gobierno, no el TC, de que las magistradas y magistrados estaban comprometidos, que 20 jueces no se pueden equivocar, que Pedro Sánchez quiere controlarlo todo. Malos perdedores, sobre todo, cuando la maldad los acompañaba, destrozando vidas y haciendas, honor y respeto debido. Se acabó la cacería y volveremos al debate democrático sin comodines fraudulentos. Con las sentencias del TC, gana la democracia española.
Manuel PEZZI es Presidente del PSOE de Andalucía
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