Pedro Sánchez acudirá a la cumbre anual de la OTAN en Washington los próximos 9 y el 11 de julio con los deberes a medio hacer en materia de gasto militar. El Gobierno calcula que por el aumento del PIB necesita destinar durante este ejercicio unos 500 millones de euros más a Defensa para alinearse con los objetivos de la Alianza Atlántica. La prórroga de los Presupuestos “complica” que se pueda alcanzar este compromiso, según reconocen en el departamento dirigido por Margarita Robles. Para sortear esta dificultad no se descartan nuevas partidas a través del recurso al Fondo de Contingencia. El pasado mes de abril, el Consejo de Ministros ya autorizó una partida de 1.129 millones de euros a la compra de armamento.
Desde el Ejecutivo defienden que más allá de los números, España aporta en lo cualitativo y esto también es “valorado” por la Alianza Atlántica. Por ejemplo, a través de los sistemas de defensa aérea Patriot con los que no cuentan otros países, a pesar de superar el objetivo de inversión en Defensa del 2% PIB, así como el numeroso despliegue en misiones de la OTAN, liderando la de Eslovaquia.
Según el informe que suele hacer la OTAN antes de cada cumbre anual sobre el gasto en Defensa, España se sitúa a la cola de los países miembros, con el 1,28% del PIB. Casi una décima más que en el pasado ejercicio, pero todavía sin alcanzar el porcentaje correspondiente a 2024 para adecuarse a la senda prevista este año para alcanzar el 2% en un lustro. Un porcentaje que ya superan 20 de los 31 miembros de la Alianza. Entre ellos, sus principales economías como EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Turquía, Países Bajos, Finlandia, Noruega o Suecia.
El aumento con respecto al pasado año se debe principalmente a la partida extraordinaria de 1.129 millones destinada casi íntegramente para la ayuda en armamento a Ucrania. Una decisión que generó una fuerte fricción entre los socios del Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegó a acusar de “falta de lealtad” al presidente del Gobierno por no informar previamente del destino de esta partida sin precedentes por su alto valor. Sus críticas, en el marco del acuerdo bilateral de seguridad sellado entre Sánchez y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se alentaron por lo que consideraron un cambio de paradigma al pasar “de una política defensiva a una ofensiva”.
A pesar de tener las cuentas prorrogadas, y sin garantías de aprobar unas nuevas para 2025 a la espera de que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña, el Ejecutivo cuenta con el margen de maniobra a través de ampliaciones de crédito. Un recurso que le permite también sortear el Congreso y con ello el veto de sus aliados parlamentarios del arco progresista. Tanto de Sumar, como de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Con más o menos intensidad, todas estas formaciones reclaman que se priorice el gasto social al militar.
Oposición de los socios
Ni en el ministerio de Defensa ni en Moncloa cierran la puerta a nuevos créditos. Máxime después de comprometer con Ucrania una ayuda sostenida en el tiempo y a tenor del actual curso de la guerra. “Vamos a estar con Ucrania hasta que se respete su soberanía nacional”, subrayó Sánchez ya el pasado mes de mayo tras firmar el acuerdo bilateral con su homólogo ucraniano.
En la parte socialista del Gobierno sostienen que la política de Defensa es territorio vetado para sus socios y deslizan que seguirán marcándola sin interferencias pese a los desencuentros. Para ello hacen referencia a que el recurso al Fondo de Contingencia se ha utilizado en otros ejercicios, aun con Presupuestos en vigor. Con las cuentas prorrogadas, por tanto, entienden que estarían más justificadas.
Otra de las vías son las modificaciones presupuestarias. Precisamente, la fórmula a la que se está acudiendo para asegurar las inversiones comprometidas con los Presupuestos prorrogados. Para seguir aumentando el gasto, el Ministerio de Defensa cuenta asimismo con la alternativa de los ingresos derivados de la venta de terrenos para construir vivienda pública a la SEPES (Entidad Pública Empresarial del Suelo).
El Ejecutivo ha endurecido el discurso en los últimos meses sobre la necesidad de aumentar el gasto militar debido a la amenaza de que Rusia extienda su ofensiva de Ucrania a otros países de la Alianza Atlántica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, es quien más ha enarbolado la retórica belicista del riesgo de una tercera guerra mundial.
Retórica belicista
Sánchez ha rehuido esta terminología, al igual que la de “economía de guerra”, pero sí ha defendido la necesidad de reforzar la capacidad de disuasión a través de un mayor gasto militar. El presidente del Gobierno ha incorporado a su discurso que la seguridad es un “bien público”. Desde una pedagogía en la que se compara la inversión en disuasión frente a Putin con la respuesta conjunta que se dio durante la pandemia a través de la compra conjunta de vacunas o para hacer frente a la ola inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania.
El sector de la Defensa se ha colocado entre las prioridades del Gobierno para situarlo en una mejor posición de cara a la Estrategia Industrial Europea de la Defensa. De ahí que se busque aumentar la inversión en capacidad productiva e I+D y elevar su participación en los programas europeos de defensa. Todo ello en el marco del nuevo Fondo de Asistencia a Ucrania.
