Amnistía Internacional ha entregado al Gobierno 24.000 firmas para exigir el fin de las devoluciones en caliente y para que se esclarezca la tragedia ocurrida en el vallado de Melilla en junio de 2022, en el que hubo 23 víctimas mortales según los datos oficiales, cifras que AI eleva a 37 muertos y 76 desaparecidos.
«Entregamos 24.000 firmas exigiendo a España y Marruecos verdad, justicia y reparación y el fin a las devoluciones en caliente», explica la organización de defensa de los derechos humanos en el segundo aniversario de la tragedia de Melilla y en el mismo día en que la Fiscalía de Marruecos ha acordado archivar las investigaciones abiertas en ese país.
La ONG exige además a las autoridades de ambos países que se aclare el destino de los migrantes que siguen desaparecidos, procedentes principalmente de Sudán y Chad.
«Es indignante que dos años después de la mortífera represión en la frontera de Melilla, las familias de más de 70 personas que siguen desaparecidas sigan luchando por obtener respuestas sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas», denuncia Amnistía en un comunicado.
A su juicio, las autoridades tanto de Marruecos como de España no han logrado garantizar una investigación transparente y eficaz que proporcione a las familias de las víctimas acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Lamenta que las autoridades españolas hayan negado haber actuado mal y que sigan llevando a cabo «expulsiones colectivas ilegales para hacer retroceder a las personas en sus fronteras».
Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que garanticen que las familias que buscan a sus familiares puedan acceder a información, identificar los cadáveres y repatriar los restos de cualquiera que aún no haya sido enterrado.
La Fiscalía marroquí ha archivado la investigación ante «la ausencia de indicios de delito», según han informado a EFE fuentes de Ministerio Público marroquí, y considerar que hubo un «uso proporcional de la fuerza» por parte de los agentes marroquíes.
Es la misma conclusión a la que llegó la Fiscalía española, que también archivó la investigación tras no ver delito por parte de funcionarios españoles en esa tragedia, que ocurrió cuando cerca de 1.700 migrantes, la mayoría sudaneses, intentaron acceder a la ciudad de Melilla forzando la puerta del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador.