El PP presiona para meter la amnistía en el informe de la UE

Mientras se suceden los acontecimientos en torno a la aplicación de la controvertida ley de Amnistía, con decisiones como la del juez Aguirre de pedir la imputación por traición de Carles Puigdemont en lo que se conoce como la «trama rusa» del procés, los populares no dejan de presionar en los pasillos de las instituciones comunitarias. Aunque muchos dirigentes no ocultan su desaliento respecto a la implicación real de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el PP utiliza todas las instancias posibles para denunciar una cesión que, según defienden, supone el fin del principio de igualdad y atenta contra la división de poderes.

Apenas quedan unas semanas para conocer el contenido del informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Eurpeoa, que dedica distintos capítulos a aquellos países sobre los que la Comisión realiza alguna observación. Y es ahí donde los populares vienen ejerciendo presión, según ha podido saber El Independiente, para intentar que este año aluda explícitamente a la ley de Amnistía, aunque al menos sea para advertir que el gobierno de la Unión estará vigilante con el objeto de que no entre en colisión con la legislación europea en una serie de cuestiones muy sensibles.

Aluden los populares a los delitos de malversación de fondos públicos, aunque no hayan sido destinados para enriquecimiento y lucro personal; el posible desvío de partidas procedentes de las arcas comunitarias; la antes mencionada ‘trama rusa’, una vez demostradas las conexiones del entorno de Carles Puigdemont con enviados de Putin durante el procés y tema sobre el que hay una enorme sensibilidad en la Unión y, por último, el terrorismo.

La carta de Dolors Montserrat tenía por objeto que la Comisión «se retrate» sobre este asunto

Si bien hasta ahora la Comisaría de Justicia de la Unión se escudaba en que no habría ningún pronunciamiento sobre la Amnistía hasta ser aprobada definitivamente y publicada en el BOE -cosa que ocurrió el pasado 10 de junio, justo un día después de celebrados los comicios europeos- el PP espera al menos una señal al respecto y la Comisión no descarta aludir al asunto, según han admitido fuentes comunitarias.

En Génova explican que, además de las presiones que se ejercen fuera de los focos, la carta formal que su portavoz europea, Dolores Montserrat, remitió a Von der Leyen tenía por objeto, precisamente eso, forzar que la Comisión incluya este asunto en el informe sobre la situación de la Justicia en los 27. Una vez entró en vigor, Montserrat explicó a su compañera de filas europea que «esta norma supone un ataque frontal al Estado de Derecho en España con la que el Presidente Sánchez sólo busca borrar los delitos (incluidos los de corrupción o terrorismo) a otros políticos a cambio de permanecer en el poder».

Y tras afirmar además que «esta ley no tiene cabida ni en la legislación española ni en la Constitución, algo que el propio Gobierno de España defendía antes de necesitar los votos de los que redactaron esta amnistía y son hoy los beneficiarios de ella», dijo esperar que «la Comisión Europea comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones de este ataque a los principios del Estado de Derecho, no sólo en España sino en toda la Unión
Europea y actúe en consecuencia para salvaguardarlos».

Sin capacidad sancionadora

Sin embargo, fuentes populares europeas lamentan que las recomendaciones de la Comisión sean eso, recomendaciones y no tengan «capacidad real sancionadora sobre los países incumplidores» salvo que sobrepasen todos los límites como fue el caso de Hungría y de Polonia, en su caso por una controvertida reforma del poder judicial que ponía en peligro la independencia de los jueces.

Las del PP no son las únicas presiones que está recibiendo la Comisión Europea sobre el contenido de su informe anual, aunque en algunos casos no tanto para que incorpore algún aspecto como para que lo elimine. Previsto en principio para el 3 de julio, todo apunta a que se retrasará por el enfado de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a las alusiones que tenía previsto hacer sobre los ataques a la libertad de información en ese país, entre ellos, los que sufre la RAI. Y es que Von der Leyen también necesita de los votos de la emergente representante de la ultraderecha para asegurarse la reelección en la presidencia del gobierno comunitario.

La renovación del CGPJ parece abrirse paso tras cinco años de interinidad

Con respecto a España, estos informes han venido insistiendo en la necesidad urgente de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y abordar a continuación un cambio en el modelo de elección de los 12 jueces que lo conforman -de un total de 20 miembros- para que sean elegidos por sus «pares». Quizá este año no haga falta si, como todo apunta, hay un acuerdo entre el Gobierno y el PP para acabar con cinco años de interinidad del CGPJ. Las negociaciones se han retomado tras las elecciones europeas y, a pesar del secretismo imperante, ambas delegaciones están trasladando que esta vez puede ser la buena.

Los populares no hablan ya tanto de que los jueces elijan a los jueces sino de «despolitización», sin concretar la fórmula y abriéndose a distintas opciones, lo que podría facilitar el pacto. De manera simultánea, está construyendo un relato en positivo para evitar ser culpabilizado en caso de un nuevo fracaso. Pero hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de su ultimátum, también empieza a hablar de «independencia» judicial. «Todos tendremos que ir cediendo», dicen fuentes populares, conscientes no obstante de que tendrán que cobrarse alguna pieza para justificar cinco años de choque en este tema. Eso sí, fuentes conocedoras de la marcha de esa negociación defienden que el pacto, de haberlo, debería conocerse al menos «un día después» de la fecha tope impuesta por el jefe del Ejecutivo.