La comisión del caso Koldo en el Senado, controlada por la mayoría absoluta del PP, estaba diseñada como la gran herramienta de oposición de los conservadores. Empezó respondiendo al caso de corrupción en la compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional y que tiene como epicentro el Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, por la implicación de su asesor de cabecera, Koldo García, la persona que habría conectado a los empresarios del supuesto pelotazo y las administraciones públicas implicadas. Pero el PP terminó ampliándola por distintos frentes, especialmente el caso que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y que lleva acaparando los últimos meses de la política nacional.
Durante semanas Alberto Núñez Feijóo advirtió en sede parlamentaria que si Pedro Sánchez no daba explicaciones de las actividades profesionales de su esposa -la primera conexión con la trama fue las reuniones mantenidas por Begoña Gómez y el CEO de Globalia (Air Europa)- para despejar todas las dudas surgidas, le obligarían a desfilar por el Senado. El PP ‘calentó’ la idea de que no solo acudiera el presidente, sino también su esposa. Aquella decisión se debatió dentro del propio partido y fue el líder popular el que acabó reconociendo que su voluntad no era forzar la comparecencia de Gómez, sino del presidente. Luego vino la imputación judicial.
A finales de mayo, cuando ya había comenzado la campaña de las elecciones europeas y antes de conocerse la citación oficial de la mujer de Sánchez por parte del juzgado a declarar como investigada, el líder del PP confirmaba que su partido ya había decidido hacer declarar al jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta. También adelantaron la citación de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; y el de la exministra Nadia Calviño. Tres primeros espadas que, sin embargo, siguen sin fecha para ese interrogatorio.
El PP valoró si citar o no al presidente en plena campaña europea, y el temor a un ‘efecto boomerang’ y la victimización que podía acarrear esa imagen, les hizo descartarlo por completo. Pero pasadas las elecciones europeas los conservadores tampoco establecieron ningún día. Y este viernes tuvo lugar la última sesión prevista de la comisión antes de echar el cierre por verano.
Es decir, ahora se producirá un apagón de dos meses sin ningún avance (julio y agosto son meses inhábiles en el Parlamento) y en septiembre se retomará la actividad a la espera de saber si el PP dará ya el paso con el presidente. En el partido hay distintas visiones de lo que está implicando el desarrollo de la comisión.
En Génova insisten en que la comparecencia de Sánchez “tiene que tener sentido” y que “ahora mismo, sin más información, no lo tiene porque no serviría de gran cosa”. Es decir, reconocen que “necesitan más datos y novedades” para “no malgastar la bala” del presidente. Con algunas excepciones, la mayoría de interrogatorios en el Senado no han dado los frutos esperados porque el PP había elevado mucho las expectativas.
Y los imputados que han acudido -como el propio Koldo García- evitan desvelar cualquier cosa que pueda perjudicar su defensa ante el juez. Los cargos políticos como Ábalos o Santos Cerdán también se sacudieron las preguntas sin muchas dificultades. En el propio PP reconocen que su capacidad es “limitada” porque las diligencias continúan y porque el gran elemento en el que tienen toda su confianza puesta -el volcado de los teléfonos móviles- tampoco se ha producido aún.
«En septiembre hay que volver fuertes»
La idea que tiene el grupo parlamentario en el Senado, según explican, es “retomar la comisión” con “los primeros espadas” a la vuelta del verano, para empezar el nuevo periodo de sesiones “fuertes”. Con el inicio del nuevo curso también coincidirá la nueva comisión de investigación sobre el CIS de José Félix Tezanos avanzada por Cuca Gamarra este viernes. El verano, dicen en el PP, “será el único respiro”.
Pero también hay dirigentes que reconocen que “todo dependerá” de la evolución de la propia investigación. Hay cargos dentro del partido que consideran que en el caso que afecta a Begoña Gómez serán fundamentales las declaraciones de los testigos -empezando por ella misma el 5 de julio- para ver si existe una nueva rama en torno a la Universidad Complutense.
El juez Juan Carlos Peinado ya ha citado a declarar al rector, a pesar de que el grueso de la investigación -a raíz de las cartas de recomendación que firmó la mujer del presidente a empresas de Juan Carlos Barrabés que después resultaron adjudicatarias de contratos públicos- ya está en manos de la Fiscalía Europea, precisamente por ser contratos de dinero comunitario. Las informaciones periodísticas posteriores, siempre relacionadas con la cátedra de Gómez o la implicación de grandes empresas (algunas participadas por el Estado) en el desarrollo de un ‘software’ de manera gratuita que utilizó la mujer del presidente- son lo que en el PP también ven “con recorrido propio”, sin descartar que a la vuelta del verano al comisión se amplíe en esa dirección.
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