Que Catalunya disponga de una «financiación singular» al estilo del concierto económico vasco se ha convertido en la condición ‘sine qua non’ de Esquerra para investir a Salvador Illa (PSC) y, esta cuestión, ha empezado a inundar los titulares del debate político en Catalunya. Para dar a esta petición mayor credibilidad, los republicanos acuden a la negociación con los socialistas con una propuesta definida de cómo llegar al nuevo modelo de financiación. Una propuesta que defiende que, para hacerlo realidad, bastaría con modificar tres leyes clave y crear un órgano específico de coordinación. Es, en definitiva, el manual de ERC para alcanzar el nuevo sistema.
El primer paso y el más simbólico en términos históricos sería impulsar una ley específica para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), aprobada por el Congreso en 1980. Es una de las normas esenciales sobre la que se construyó la España de las autonomías tras el franquismo y también es la norma de la que quiere huir ERC, y en general el independentismo, para conseguir esa singularidad financiera. De hecho, ya lo intentó el presidente Artur Mas en 2012 con su pacto fiscal, pero, tras el portazo de Mariano Rajoy, dio una nueva financiación por imposible y emprendió la ruta del ‘procés’.
La modificación de la Lofca que proponen los republicanos sería más bien simple. Serviría fundamentalmente para hacer constar «los principios y características esenciales el nuevo régimen de financiación» haciendo «referencia expresa» a que se trata de un cambio para Catalunya. Este movimiento se haría para sortear posibles impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, ya que ha dictado varias sentencias defendiendo la «preeminencia» de la Lofca en cuestiones de financiación autonómica. Conseguir en el Congreso los apoyos suficientes para esta reforma legislativa no debería ser complicado para ERC: le valdría con los votos con los que se invistió a Sánchez (179) o con los se aprobó la amnistía (177). Lo más importante es que podría llevar a cabo la operación sin el concurso del PP y Vox.
Para completar la reforma legal, los republicanos proponen modificar otras dos normas. La primera, la ley de financiación de las Comunidades Autónomas, donde se recogerían las características del nuevo modelo. La segunda, la modificación de la ley de cesión de tributos para que se defina el «nuevo régimen» de recaudación de impuestos en Catalunya. Este paso sería una de las claves del nuevo modelo porque ERC quiere que la Generalitat pase de gestionar el 9% de los impuestos que se recaudan en Catalunya -unos 5.000 millones-, al 100% –52.000 millones-.
El manual de ERC incluye un último paso a tener en cuenta para completar la operación. La creación de un órgano específico en el que estén presentes la Generalitat y el Estado. En este espacio se abordarían dos cuestiones fundamentales: la cuantía de la aportación que haría la Generalitat a la solidaridad interterritorial -el dinero destinado a las comunidades con «menos capacidad económica»- y el pago de una cuota al Estado por los servicios que presta a Catalunya -Exteriores y Defensa, por ejemplo-. Esta es la parte más delicada: fijar estas dos cifras. Ni ERC ni la Generalitat las han querido precisar para dar margen «a la negociación política».
«Cambiar las reglas del juego»
¿Es este un modelo válido para llegar a esta financiación singular? Este es, al menos, el que presentó el Govern en marzo y que, en las últimas semanas, ERC ha asumido como propio de cara a la negociación de la investidura. Una de las negociadoras republicanas, Marta Vilalta, sostuvo el jueves que el objetivo es «cambiar las reglas del juego». «No nos vale un café para todos o un nuevo pacto para todos», añadió. Y cambiar las reglas pasa por esta reforma legal. «Tenemos el método y lo llevábamos en el programa electoral», reivindica una voz autorizada de la dirección.
La propuesta jurídica para llegar a la nueva financiación -el manual que ahora asume ERC- la ha diseñado el director del Institut d’Estudis de l’Autogovern, Joan Ridao. Ridao, con una extensa trayectoria jurídica y un pasado en ERC -fue su secretario general-, se ha convertido en el jurista de cabecera del president Pere Aragonès. También es de su puño y letra la propuesta para que Catalunya celebre un referéndum sobre su futuro político amparado en la Constitución.
Pero, a diferencia del referéndum, ERC está convencida de que la cuestión de la financiación no debe centrarse en si es legal o no. Los republicanos lo dan por hecho y se remiten a los modelos propios de Euskadi y Navarra, donde ya se recaudan todos los impuestos y luego se paga una cuota al Estado sin dudas sobre su encaje jurídico. Con este argumento de fondo, se han lanzado a reclamar un modelo singular también para Catalunya. Bastaría, aseguran, con modificar tres leyes y crear un órgano de coordinación.
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