El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite la querella presentada por la fiscalía contra Naturgy Generación SLU por presunto delito relativo al mercado y los consumidores por incrementar los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabon 3 (A Coruña) desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.
El juez Calama, que actúa en sustitución del Juzgado Central de Instrucción número dos, cuyo titular es Ismael Moreno, en el que recayó esta querella, ha hecho suyo el escrito de la Fiscalía que tiene su origen en una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores FACUA, que a su vez hacía referencia a una sanción de seis millones de euros que, el 20 de julio de 2023, impuso la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a la compañía por la realización de ofertas a precios excesivos al mercado de restricciones técnicas para la manipulación del precio de los servicios de ajuste.
En su querella, la fiscalía analiza el periodo temporal concernido en el que la compañía competía en la zona eléctrica de Galicia con otras seis centrales. El ministerio público indica que la querellada determinó sus ofertas no en función de su propio coste de producción sino en el de sus potenciales competidores.
Para la Fiscalía, Naturgy Generación SLU “con prevalimiento y abuso de su posición dominante” adoptó “de forma deliberada una estrategia de ofertas a previos no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, destinada a logran un beneficio injustificado en el mercado de ajustes técnicos”. Esos sobrecostes de los servicios de los mercados de ajuste, según el relato de la querella, fueron internalizados por los comercializadoras y repercutidos a los consumidores, en función de las condiciones del contrato suscrito.
La querella contextualiza los hechos y destaca que fueron realizados durante la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del Covid 19 y de las medidas adoptadas por el Real Decreto 483/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma por el estado de crisis sanitaria ocasionado por la pandemia.
Con esta actuación, según la querella, Naturgy Generación obtuvo un beneficio bruto de 43,2 millones de euros y líquido, tras el impacto del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, de 35,5 millones.
El juez explica en su auto, recurrible en reforma ante el propio juez y en apelación ante la Sala, que en esta fase preliminar y sin perjuicio de ulterior tipificación, los hechos que vienen recogidos en la querella revisten caracteres de delito, por lo que procede su admisión a trámite.
El magistrado considera que las diligencias propuestas por el fiscal son útiles y deben practicarse. Como primer paso, tal y como contempla la ley a la hora de proceder a la imputación de una persona jurídica, se ha dado una copia de la querella al representante legal designado por la empresa, a quien se le ha informado de los hechos que se imputan a la compañía. Como primera diligencia se ha requerido a Naturgy el organigrama del órgano de administración de la sociedad desde marzo de 2019 hasta el día de la fecha, con las personas que lo han integrado.
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