«Fue un milagro». «Podía haber fallecido en el minuto uno». Goles en la cabeza, el abdomen, en los lumbares y desgarros en la vagina y en el ano. Una «brutal» violación «sorpresiva» que tenía intención de dominar y «humillar a la víctima». Y una voluntad inquívoca, a su entender, de matar, con golpes «constantes» en órganos vitales, como el cráneo, que eran «susceptibles» de causar la muerte. Así de contundente se ha expresado la fiscal en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra Brian Raimundo Céspedes, nacido en Bolivia, el procesado por la «brutal» y salvaje agresión sexual de una adolescente de 16 años en un polígono industrial de Igualada el 1 de noviembre de 2021. El abogado de la menor, Jorge Albertini, lo definió en una frase: «El acusado quiso hacer el máximo daño, con la mayor crueldad y causar la muerte».
Las acusaciones se han referido en sus informes finales al camionero que encontró por casualidad a la jóven esa noche en un callejon del polígono industrial de Igualada. La halló en el suelo y con dos importantes charcos de sangre. El camionero llamó a los servicios de emergencias y la tapó con una chaquesta. Esta rápida actuación salvó la vida de la menor, que ese día había salido de fiesta con unas amigas en la discoteca Epic. Fue saltada cuando de madrugada se dirigía a la estación del tren para volver a su casa en Vilanova i la Geltrú. «Un ángel», definió Albertini al camionero que evitó que la joven falleciera por las heridas que le produjo el agresor.
La fiscalía relató de forma pormenorizada todas las pruebas que apuntan a que el procesado Brian Raimundo Céspedes es el autor de esa violación e intento de asesinato, justificando, desde el punto de vista técnico, por qué solicitaba para el 45 años de cárcel y otros 10 de libertad vigilada. De esta manera, explicó los indicios aportados durante la investigación por los Mossos y los peritos judiciales, tachando de «poco coherene» la versión del acusado de que él no violó a la adolescente y que consumía marihuana y hachís de forma habitual. Con este último argumento, su defensa está intentando que el tribunal imponga al procesado una pena menor.
Las pruebas incriminatorias
Para la fiscal, las pruebas que incriminan a Céspedes son contundentes y definitivas. Empezó detallando la revisión de las cámaras de seguridad del polígono, donde se observaba como un joven que llevaba la misma ropa del acusado se dirigía a la víctima, la geolocalización del teléfono móvil de procesado que coincidía con la de la adolescente y, entre otras pruebas, el ADN de la muchacha hallado en la chaqueta del imputado y que fue localizada en la entrada y registro en la vivienda donde residía. La acusación ha subrayado como los agentes pudieron identificar a Céspedes como el sospechoso que había perpetrado la agresión sexual y la revisión de una denuncia por daños en un vehículo, acción grabada por un ciudadano, que les puso sobre la pista del que esta semana se ha sentado en el banquillo de los acusados. Y un dato no menos relevante: Céspedes hizo una foto en la zona sin querer con su teléfono móvil, lo que le sitúa en el lugar de los hechos.
«La intención era causar la muerte de la víctima», ha recalcado la fiscal. Es decir, el procesado, en su opinión, tenía un «ánimo de matar», por la que golpeó de forma salvaje a la adolescente con un objeto, utilizada como «un arma de matar». Además, la agredió sexualmente con ese u otro objeto, produciéndole importantes heridas en la zona vaginal y anal. La joven ha recalcado, fue encontrada por el camionero con dos charcos de sangre. Al entender de la acusación pública, el procesado atacó «sorpresivamente» a la menor y esta, ante tal acción, no pudo defenderse. Y la asaltó en un callejón solitario, a altas horas de la madrugada y poco iluminado. El acusado ha agregado, actuó para «aumentar el dolor» de la joven con los golpes que le propinó por todo el cuerpo.
