La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales está cada vez más cerca. El Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, tiene como meta materializarlo antes de que acabe el verano y, para ello, este viernes se ha enviado a los sindicatos el borrador del proyecto en el que, según ha adelantado El País, no se plantea un aumento del límite de las horas extras, fijado actualmente en 80 horas anuales.
Este aspecto era uno de los principales puntos de discusión en la mesa de diálogo, ya que la CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, ya advirtió de que no aceptaría dicha reducción si no se aumentaban las horas extras, a lo que se oponían fervientemente los sindicatos y en lo que se postuló en sintonía la cartera de Díaz hace unos días atrás. “Hay abuso del trabajo extraordinario, muchas veces impagado”, señaló al respecto el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Tal y como defendieron la CEOE y Cepyme, el tope a las horas extra está fijado en 80 anuales, un escenario sobre el que Comisiones Obreras (CCOO) se opuso y tan sólo UGT abogó por abrir la mano a un leve incremento siempre y cuando se hiciera un control exhaustivo de cómo se materializaban en la práctica ante la dificultad de “buscar elementos de compensación”.
Los sindicatos vienen descartando que el límite de las horas extraordinarios en el ámbito laboral acapare el conjunto del debate sobre la reducción de la jornada al considerar que el problema de fondo viene porque esta parte del trabajo no se compensa monetariamente al empleado. Según refleja la Encuesta de Población Activa, tan sólo el 51% de los trabajadores cobran por horas y hacen extras más allá de su jornada pasado el primer trimestre; a la contra, el 43% no sobra por ellas, mientras que el 6% restante dice que recibe la compensación correspondiente algunas veces.
Los sindicatos instan a la patronal a cerrar el acuerdo
En cuanto a la evolución de las negociaciones en la mesa de diálogo, los sindicatos instaron este jueves a la CEOE a que acepte la reducción de la jornada laboral antes de que finalice el verano. Y es que la posible intención de la patronal de derogar cualquier reforma en caso de que se produzca un cambio en el Gobierno central ha servido como una activación de la alarma para los sindicatos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que las declaraciones de Garamendi se pueden interpretar como que “están esperando a ver si les toca la lotería, o sea, a ver si hay un cambio de mayorías parlamentarias que impida que se pueda hacer el cambio legislativo”. Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, emplazó a la patronal a que “no especule tanto con la situación política del país y trate de poner en valor la autonomía colectiva de las partes”.
De esta manera, los principales portavoces de los sindicatos hicieron énfasis en que el plazo para que la patronal se posicione sobre si apoya o no la reducción a 37,5 horas de jornada laboral es antes del mes de septiembre.
Los planes de Trabajo
El texto provisional del Ministerio dirigido por Díaz también propone impulsar una mejora salarial proporcional de los empleados a tiempo parcial siempre que sigan trabajando las mismas horas, obligando a su vez a las empresas a que el registro de la jornada se haga de manera digital. Por ende, las sanciones si estos requisitos no se cumplen se realizarán por el trabajador individual, no por compañía.
La nueva jornada ordinaria que pretende reducción las horas de trabajo a 37,5 semanales, recortando así dos y media con respecto a las 40 que entraron en vigor en 1983, comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2025 si recibe luz verde en la mesa de diálogo y en su posterior aprobación en el Consejo de Ministros tras la temporada estival. El borrador de Trabajo precisa que la bajada inicial a 38,5 horas semanales se aplicará “desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024”, ya que se trata de un proceso escalonado.
En su cómputo, la propuesta de Trabajo pretende beneficiar a unos 12 millones de personas. Según los cálculos de UGT al respecto, el primer paso supondría la adaptación del horario de entre 3 y 4 millones de trabajadores, siendo a consecuencia el segundo llegar hasta el objetivo de las 37,5 horas semanales, lo que ampliaría el espectro a 10 millones de empleados. En otras palabras, en lo que resta de 2024, se aplicaría una rebaja de nueve días en los convenios que tienen el máximo de horas legales y, a partir de 2025, de 14 días.
Cabe remarcar que en el avance de la mesa de negociación también se ha planteado abordar otras cuestiones menores sobre la reducción de la jornada, tales como los descansos semanales, las vacaciones y la conciliación personal de los empleados.
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