Nuevo paso en la guerra por la subasta del edificio ubicado en el número 50 de la madrileña calle de María de Molina. A la espera de que la Audiencia Nacional resuelva sobre si el proceso se ajusta a derecho, las partes han comenzado a enviar sus argumentos ante al tribunal. El primero en dar el paso ha sido la Abogacía del Estado, que, en una resolución a la que ha tenido acceso ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica, ha restado importancia al correo electrónico que amenaza con tumbar la subasta del codiciado inmueble al señalar que su autora, la jefa de servicio del Patrimonio del Estado (que además actuaba como secretaria de la mesa en la adjudicación), carece de competencias «respecto a la interpretación y calificación de las ofertas».
Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando el Ministerio de Hacienda puso en venta el edificio, con un precio de salida de 156 millones de euros. Grupo Lar, mediante su sociedad Barnaby, ganó la subasta a la que concurría asociado con BlackRock, tal y como desveló en exclusiva este periódico, con una oferta de 204,7 millones de euros. No satisfecho con el resultado, el segundo candidato con la puja más alta, la socimi Whiteni, detectó supuestas irregularidades en el proceso e impugnó el resultado.
Durante el proceso, afloró la existencia de un correo electrónico enviado por la secretaria de la mesa de contratación, que indicaba que el número de pagos no podía exceder de diez. El email, de este modo, hace referencia a un plan de pagos que incluye un primer pago del 25%, seguido de pagos anuales durante diez años, cada uno por el 7,5% restante. Este modelo coincide con la oferta de Grupo Lar, que propuso un pago inicial del 25% y «pagos aplazados correspondientes al 75% restante del importe de adjudicación, a efectuar con periodicidad anual y con el mismo importe durante un plazo de 10 años», según la oferta de este grupo a la que ha tenido acceso este medio.
Esto hizo que Whiteni presentara una demanda ante la Audiencia Nacional, admitida a trámite por la sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal y articulada basándose en este correo, enviado el 15 de septiembre por la secretaria de la mesa de contratación y que fue remitido al asesor de unos licitadores que competían por el inmueble con las entidades apelante.
Argumentos de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda como entidad organizadora del concurso, contestó el pasado 18 de junio a la demanda de Whiteni, fundamentando sus argumentos en varios puntos. En primer lugar, los letrados de la Administración señalan que la respuesta que el director de Patrimonio dio a los representantes legales de Whiteni cuando conocieron que no habían sido informados del proceso de resolución de la subasta, fechada el 27 de noviembre de 2023, «no es más que una nota interna» que «carece de eficiencia exterior» y lo califica como un acto de trámite. En este sentido, fuentes próximas al despacho Next, que representa a la socimi denunciante, se cuestionan si puede considerarse de tal manera a un oficio firmado por un director general de la Administración vinculada a una orden ministerial, la de Hacienda, que resolvía la subasta.
Por otro lado, y sobre el correo electrónico, Abogacía del Estado apunta a que se trata de una comunicación enviada por la titular de un órgano que «carece de competencias respecto de la interpretación y calificación de las ofertas«. Esto contrastaría con el punto seis del pliego de licitación en el que se especifica que «la jefa del Servicio de Patrimonio actuará como secretario, con voz y voto». En este sentido, el organismo público defiende que «en todo momento la jefa de servicio indicó que era la mesa a quien correspondía la calificación de las ofertas y que su competencia se circunscribía a aclarar dudas procedimentales sobre la forma de presentar la documentación».
La contestación a la demanda ante la Audiencia Nacional de Whiteni también asegura que el correo electrónico enviado a uno de los licitadores «no se refiere a la oferta de Barnaby por lo que ninguna eficacia interpretativa puede tener sobre la misma». Asimismo, apunta la Abogacía del Estado que el día 15 de septiembre, fecha en la que se envió el email, Whiteni ya había enviado su oferta por el inmueble, por lo que «dicha comunicación no pudo tener incidencia alguna en la configuración de una oferta que ya había sido presentada».
Por otro lado, el escrito del organismo público intenta poner luz a una posible resolución de la Audiencia Nacional contraria a la adjudicación de Grupo Lar. Sobre este supuesto aclaran que «para el caso en que rechazara el régimen de fraccionamiento de pagos contenido en la resolución impugnada consideramos que lo procedente sería modificar dicho calendario, pero no, como pretende Whiteni, acordar la exclusión de Barnaby«. En este sentido, según ha podido comprobar este medio, la oferta articulada por Grupo Lar no establecía un calendario programado concreto sobre los pagos por el inmueble.
Sobre la cuestión de si la oferta se debe articular en diez años frente a once plazos, la Abogacía del Estado apunta que «el precio el pago total deberá hacerse dentro de un plazo máximo de 10 años. No se establece, pues, el límite en el número de pagos o plazos sino en el número de años en que debe hacerse el pago total«. Además de Grupo Lar y Whiteni, participaron en la subasta varias otras entidades: la promotora Kronos Homes, que ofreció 176 millones; Dunas Capital, con una oferta de 190,8 millones; Conren Tramway, con 165,7 millones; y Tomaleta Servicios y Gestiones, que propuso 180,1 millones. De los seis interesados, cuatro presentaron sus ofertas de pago en diez plazos, mientras que solo dos (Grupo Lar y Dunas Capital) lo hicieron en once plazos.
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