“Feijóo nos ha dejado claro que nadie se levanta de la mesa. La negociación sigue viva y no la vamos a dar por rota en ningún caso. Hemos comprometido a la Comisión Europea. Si el Gobierno es quien quiere romperlo, que lo haga”. En el núcleo duro del PP la postura desde hace días es esta y en el equipo más cercano del líder conservador ratifican esta petición expresa. En el clima político parece haberse instalado que esta vez sí hay posibilidades de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, que suma más de cinco años de mandato caducado. Hay una sensación de que es posible.
En gran medida ese clima responde a declaraciones públicas del propio Alberto Núñez Feijóo y otras personas de la dirección confirmando su voluntad de negociar, de intentarlo. En el Gobierno se muestran escépticos después de años en los que los intentos han sido fallidos. Pedro Sánchez, de hecho, se mostró desafiante en su cara a cara con el líder de la oposición este miércoles cuando volvió a lanzar la idea de que Feijóo no se atreve a pactar por la presión de sus “jefes” y citó a José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso.
Como publicó este diario, las dudas y dificultades internas sobre lo que implica un pacto de esta naturaleza, que afecta a la cúpula del Poder Judicial y a los nombramientos más sensibles que son los magistrados del Tribunal Supremo, recorren el partido. Y no es solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer ya dejó claro que sería “un desastre” llegar a un acuerdo que no garantice la despolitización. Días atrás lo habían hecho otros presidentes autonómicos y dirigentes de todos los territorios advierten de que “o se puede vender muy bien el acuerdo o podría ser demoledor”.
Feijóo está desarrollando una oposición durísima contra Sánchez donde realmente no cabe ningún acercamiento. Pero el pacto en materia judicial se produciría, además, en pleno debate sobre la aplicación de la ley de amnistía, el caso que afecta a la mujer del presidente (y que dirigentes nacionales insisten en llamar “corrupción en el entorno de Sánchez”) y con el Ejecutivo hablando abiertamente de la existencia de ‘lawfare’ en España.
De ahí que la presión interna sobre que el pacto “tiene que ser muy bueno” para que exista -esto es, en realidad, que el Gobierno acepte la propuesta de despolitizar el Poder Judicial y que haya un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo- sea absoluta.
También en la dirección nacional, que desde hace días insisten en ver el “vaso medio lleno”, insisten en que si hay acuerdo será “porque el Gobierno va en la buena dirección” y acepta las peticiones de los conservadores.
La novedad reside quizá en que por primera vez el PP hace gala de querer negociar. Eso no había ocurrido en todos los meses previos donde los dirigentes conservadores ponían el foco todo el tiempo en “lo difícil” que sería pactar en mitad de los pactos entre Sánchez y los independentistas.
Hay dirigentes que también ven una parte de “relato”. Un plan b por si, efectivamente, todo fracasa. Por primera vez los populares trabajan en no quedar como los culpables del bloqueo.
A la insistencia de “estamos negociando” se une la tesis de muchos dirigentes que piensan que en realidad es Sánchez el que no quiere el acuerdo porque eso implicaría avanzar en una despolitización de la justicia que no busca. “Por eso da el ultimátum con el que no contábamos. No habíamos hablado de plazos”, redondean en el PP. La percepción de estos dirigentes es que el presidente está dispuesto a seguir adelante con una reforma apoyado en sus socios.
El punto de la negociación
Sin aclarar cuándo será el próximo encuentro entre las partes, tanto PP como PSOE deslizan que el canal de comunicación está abierto. Los conservadores no quieren sentarse con el Gobierno si no está presente la Comisión Europea. Pero una reunión se hace indispensable si realmente van a cerrar un pacto.
La cuestión sigue estando en lo que acordarán en torno al sistema de elección de los vocales del Consejo. Feijóo ya destripó hace un mes y medio en una entrevista los avances que se habían producido. Aquellas declaraciones pasaron desapercibidas, pero fueron muy reveladoras:
“En lo que estamos paralizados es en que sean los jueces los que elijan a los vocales. Por ahí el Gobierno no pasa”. El líder popular reconocía que en realidad las dos posiciones estaban claras y que ya era el momento de que la Comisión inclinara la balanza en uno de los dos sentidos: “Lo que se debate ahora es si Europa acepta que la modificación en el sistema de elección para que la mayoría de vocales sean elegidos por los propios jueces se hace de acuerdo con un dictamen que elabore el nuevo CGPJ… Es decir, que no sea un requisito previo; o por el contrario, que se haga antes de elegir al CGPJ, que es nuestra propuesta porque nos da una mayor garantía”.
En el entorno de Feijóo reconocen que aquellas palabras “expresaron lo que había”. Y dejan entrever que el punto sigue siendo ese: siguen a la espera de que la Comisión tome una decisión y fije un plazo concreto.
En el partido, sin embargo, la lectura es inequívoca: “El acuerdo debe ser claro en nuestra dirección. No podemos tener que explicarlo o hacer pedagogía. Tiene que haber despolitización”. Ayuso dio un paso más al advertir que el cambio del sistema de los vocales debería producirse antes de la renovación. Una línea que Feijóo ya estaba dispuesto a dejar atrás.
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