El plan de concordia ya es una realidad. El Gobierno de Aragón aprobará en su próximo Consejo de Gobierno su principal baluarte memorialista para la legislatura. Un escrito de apenas 27 folios en el que no aparecen mencionados los términos «franquismo» o «guerra civi» y que sustenta su poder regulador en la Constitución española y en los valores democráticos.
El gran proyecto que sustituye a la ley autonómica de memoria democrática defiende «una democracia plena que no está alineada ni es propiedad de una ideología política concreta», señalando siempre a la Constitución, los valores democráticos e incluso alEstatuto de Autonomía para garantizar esa libertad e igualdad.
«Nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer su ideología o sus convicciones políticas», asevera el texto redactado por el Ejecutivo de Jorge Azcón. Ahí se abre el debate de las violencias, mencionando a «los poderes del estado o ya sea mediante el uso del terror como herramienta». En ese grupo, por lo tanto, podrían incluirse la tortura o el excesivo uso de la violencia de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad dle Estado, mientras que en el segundo apartado se encuentra el terrorismo, incluyendo a grupos como ETA, los Grapo o los lobos solitarios del yihadismo.
El Plan Estratégico para la Preservación de la Concordia, nombre completo de la estrategia memorialista, se pondrá en marchaa por anualidades, con un programa de acción para cada año en el que se recogerán «las propuestas de actuación para llevar a cabo en dicha anualidad». Podrán estar esas acciones ligadas a varios objetivos y departamentos, dentro de un plan cuya ejecución, igual que su redacción, se coordinará desde la consejería de Presidencia que dirige Tomasa Hernández.
El plan invita a todos los departamentos del Ejecutivo autonómico a enviar propuestas de actuaciones, con antelación para que el Departamento de Presidencia las tenga en cuenta de cara a la actuación anual. Fuentes de la DGA no descartan que esta presentación de propuestas se abra al resto de la sociedad civil y a otras asociaciones, con la intención de que todo el mundo se sienta participe. Las mismas fuentes gubernamentales confirman que para la redacción del plan que pasará por el primer Consejo de Gobierno del mes de julio ya se ha colaborado con entidades, expertos y profesionales ajenos al propio Ejecutivo autonómico.
Si bien es cierto que todavía no se conocen las actuaciones concretas, el propio texto insiste en que los principios para sacar adelante las accione son «el respeto, el diálogo sosegado, la convicencia y la concordia». En este apartado ya se refleja la intención de colaborar por parte del Ejecutivo con agentes externos, a través de «una intensa labor de coordinación», tanto entre departamentos como con colectivos.
Se establecerán grupos de trabajo, en los que se incluirán entidades públicas y privadas, para una colaboración que identifice las buenas prácticas y las ideas concretas para la acción. Todas estas actuaciones estarán sujetas a una revisión permanente con carácter anual, en lq ue se revisarán los objetivos estratégicos para actualizarse o mejorarse; y dos evaluaciones de mayor tamaño, una en el ecuador (segundo trimestre de 2026) y otra al finalizar la estrategia (primer trimestre de 2028).
Objetivo: 29 de diciembre de 2028
La Constitución es la base que ha sustentado la redacción del futuro plan de concordia de Aragón. Tanto es así que el cumpleaños número 50 de la Carta Magna española es la fecha clave marcada por el texto autonómico, cuya estrategia se cinrcunscribe entre 2023 y 2028. El 29 de diciembre de 2028, día en el que la Constitución cumpla medio siglo en vigor, es la jornada marcada en rojo por el Ejecutivo autonómico como «hito clave».
El texto autonómico reconoce como «meta» un día al que aspira a llegar con los objetivos estratégicos, actuaciones y reconocimientos del plan de concordia bien completados, con la intención de «preservar, proteger y enfatizar la concordia democrática entre aragoneses».
