Es una demanda antigua y por fin parece que será una realidad: el Congreso de los Diputados ha aprobado en la Comisión de Igualdad de este jueves la creación de una subcomisión para desarrollar un Pacto de Estado contra los discursos de odio. Este ha recibido el apoyo de todos los grupos menos de Vox.
La iniciativa de los socialistas, que ha contado con 34 votos a favor y tres en contra, ha sido celebrada por la Federación Estatal LGTBI+. Su secretario de Organización, Ignacio Paredero, explica a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, que están satisfechos. «Hemos insistido mucho y buscado este consenso de todos los grupos parlamentarios», asegura.
Sabían que Vox iba a votar en contra. «Son los principales impulsores de los discursos de odio», denuncia, recordando, por ejemplo, aquella lona puesta en las elecciones generales donde tiraba a la basura la bandera LGTBI o el feminismo. Pero necesitaban que también estuviese el PP, cuya diputada, Patricia Rodríguez, quiso señalar en la comisión que «no todo exabrupto es un discruso de odio», después de que los grupos políticos se enzarzasen entre quiénes emitían estos discursos.
Así, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez aseguró a la diputada de Vox, Rocío De Meer que odio era lo que soltaba ella cada vez que tenía un micrófono delante. Por su parte, De Mer aseguraba que su partido lleva «cinco años sintiendo el odio en cada comisión y en cada pleno» para, después, votar en contra de la subcomisión.
Un «hito importante»
Una subcomisión que para la Fundación Secretariado Gitano «es un hito importante», como señala Cristina De la Serna, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación. «Entendemos que es el primer paso para que se acabe aprobando un pacto de estado contra los discursos de odio que incopore una serie de medidas, tanto legislativas como políticas o de formación y capacitación a agentes clave», indica.
Son todas aquellas que en su día incluyeron en el documento del Pacto Social para, «en la medida de lo posible», erradicar los dicursos de odio. «Por eso valoramos de una forma muy positiva el hecho de que se haya aprobado con casi la unanimidad de todos los partidos». «Al final -prosigue De la Serna- es es el enfoque que le queríamos dar, el de consenso político, porque es una cuestión de derechos humanos; de erradicar discursos que luego están en la base de vulneraciones de derechos, de discriminaciones, de agresiones o de delitos de odio más graves».
Ese Pacto Social, presentado en 2023, estaba firmado por diversas entidades y por los sindicatos UGT y CCOO, que ecordaban que «España es un país avanzado en igualdad social, en avances legislativos, en materia de derechos humanos y en políticas públicas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y de los colectivos históricamente discriminados», es decir, en «las personas migrantes, refugiadas, racializadas, gitanas, judías, musulmanas, con discapacidad y con VIH». También «las personas en situación de pobreza y/o en exclusión social, y las personas LGTBI+».
«Pero estos avances y, sobre todo, la convivencia social, están hoy en riesgo por la emergencia en la esfera pública de discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, de discursos políticos de señalamiento, de estigmatización, de culpabilización de problemas reales o imaginados contra grupos que nada tienen que ver con ellos, y que son señalados como ‘privilegiados’, denominando a sus activistas y asociaciones que trabajan por sus derechos como ‘chiringuitos'», recalcaban.
Aunque todavía le queda un camino por recorrer, las entidades esperan que, más pronto que tarde, el Pacto de Estado contra los delitos de odio sea al fin una realidad.
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