El cártel que amañaba los contratos de Defensa crea una empresa pantalla para seguir ganando concursos

Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

Ambas firmas cuentan con un historial manchado en la industria armamentística. El pasado 2023, como contó EL ESPAÑOL, recibieron una multa de 6,5 millones de euros de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por formar un cártel con otra compañía para repartirse contratos millonarios de repuestos para el Ejército de Tierra.

No es la única polémica que ha envuelto a estas empresas. Directivos de SDLE están siendo investigados en la Audiencia Nacional por vender drones a una milicia salafista en Libia. Ahora, ambas empresas han unido sus fuerzas para intentar hacerse con una nueva adjudicación de 18 millones de euros utilizando empresas pantalla creadas ad hoc.

Así figura en la documentación del contrato al que ha podido acceder EL ESPAÑOL. La licitación que sacó el Ministerio de Defensa consistía en un contrato para adquirir repuestos de los vehículos blindados BMR y VEC del Ejército de Tierra. Cohemo y SDLE entraron en el concurso a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE): Defensa y Logística Aplicada SL (DLA) y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa (MISD).

La primera es de reciente creación, y la segunda, según la documentación del caso, se creó años atrás y ha vuelto a ser ahora reactivada.

Tal y como figura en los datos del Registro Mercantil, consultados por EL ESPAÑOL, los administradores de las compañías y sus respectivas pantallas empresariales coinciden. Ambas siglas juntas se convierten en DLA-MISD.

La resolución

Esta firma y su principal competidora quedaron empatadas por el contrato de 18 millones. En esa situación se decide por ley según el porcentaje de trabajadores con discapacidad que tengan en la plantilla. Ambas declararon tener el mismo número de trabajadores y volvieron a empatar. Al final, se decidió por sorteo. 

Tras perder el contrato, SDLE y Cohemo formularon un recurso, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) anuló la adjudicación de la empresa ganadora, Maxim Invest.

De acuerdo a la documentación de este procedimiento, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, esta instancia les señaló también a ellos por las mismas prácticas fraudulentas que le imputaban a la firma vencedora.

Según figura en los informes de la licitación, Madzeal e ITE, dos de las empresas en discordia, revelaron en sus alegaciones numerosos detalles sobre las prácticas dudosas de dos firma con esta dudosa trayectoria, una de las cuales tiene a varios de sus integrantes siendo investigados por la justicia.

En ese informe explicaba que tanto Maxim Invest la ganadora, como DLA-MISD incurrían realmente en las mismas prácticas. La clave es la contratación de los trabajadores discapacitados para que la balanza se incline en favor de la firma adecuada en caso de empate. 

«Resulta llamativo que la recurrente, al fundamentar la petición de exclusión de la oferta de la empresa adjudicataria parece realizar un retrato de su propia oferta. Se ha podido constatar que ambas ofertas son análogas en su estrategia de licitación que busca meramente presentar una plantilla de personal con el 100% de persona con discapacidad«.

SDLE y Cohemo, a través de la empresa pantalla, admitieron al recurrir la adjudicación que solo tienen dos empleados en plantilla de la firma con la que optaron al contrato, y que además ambos son personas con discapacidad.

Una de esas dos personas la contrataron 10 días antes de que terminase el plazo para presentar la oferta a la licitación, pero solo después de despedir a otro empleado sin discapacidad alguna que llevaba en la compañía desde 2023. Es, a fin de cuentas, una estrategia calcada a la de la firma ganadora del concurso ahora impugnado.

Entre las alegaciones formuladas por las empresas del concurso y que incluye el TARC en su resolución, se recoge una que afirma que la empresa que recibió el contrato cometió «un evidente fraude de ley, vulnerando todos los principios que deben regir la contratación administrativa. Se trata de una empresa constituida exclusivamente para licitar en el expediente de contratación con un solo trabajador que, además, es fijo con discapacidad».

Después se añade que la «misma anomalía puede apreciarse también en la UTE recurrente». «Se pretende constituir con dos empresas sin apenas experiencia y también con el 100% de la plantilla fija con discapacidad, lo que sólo puede darse si el número de trabajadores es mínimo».

Concluye que, frente a la «conducta claramente reprochable» de estas dos empresas, el resto de los licitadores presentaron sus ofertas «con escrupuloso cumplimiento de los principios de buena fe y transparencia».

Según expertos en contratación pública consultados por este periódico, este sistema de empresas pantalla perjudica a personas con discapacidad que la ley intenta proteger premiando su contratación a las empresas que licitan con la Administración General del Estado.

«Todas ellas cuentan con un número de trabajadores fijos con discapacidad muy superior a los mínimos exigidos por la legislación vigente y al de las plantillas de la adjudicataria y la recurrente», termina la resolución. Ahora, tras estimarse parcialmente el recurso, el Ministerio de Defensa decidirá en los próximos días a quien otorga finalmente la oferta. 

Las polémicas de SDLE

Las irregularidades en los contratos públicos no son las únicas anomalías en SDLE. Hace unos meses, tanto su administrador único, Aurelio Estrella Río, como varios socios fueron detenidos en una operación de la Policía Nacional por vender material armamentístico de forma ilegal a las Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada-SDF), una organización paramilitar libia de corte salafista.

Uno de los detenidos en esa operación era Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, un empresario marroquí de 34 años con lazos con el Gobierno de Marruecos. Este hombre fue uno de los impulsores de la denuncia contra España en el llamado caso Ghali, que inició la crisis diplomática con Marruecos.

A lo largo de los últimos cinco años, la empresa de Aurelio Estrella Río ha conseguido numerosas adjudicaciones públicas, sobre todo del ámbito de las Fuerzas Armadas. Según los datos del Registro Mercantil consultados por EL ESPAÑOL, Star Defense Logistics & Engineering (SDLE) ha recibido en el último lustro más de 400 contratos del Ministerio de Defensa por valor de 73,4 millones de euros.