La jefa de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz, ha iniciado los trámites que permitirán al Consejo Fiscal volver a valorar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una designación que fue anulada por el Tribunal Supremo pero que aún no ha sido ejecutada por el Gobierno, que es al que corresponde dictar el decreto de destitución en un plazo de dos meses. Esta circunstancia permitió a Delgado estar este martes presente, como miembro de la cúpula fiscal, en la junta que avaló por la mínima la postura del fiscal general, Álvaro García Ortiz, a favor de la aplicación de la amnistía a todos los supuestos del procés.
El Supremo notificó formalmente la semana pasada la primera de las sentencias dictadas por este asunto pero en la Fiscalía General ya se ha puesto en marcha el procedimiento para subsanar el problema formal por el que se tumbó el nombramiento: la falta de un análisis sobre si es compatible que Delgado asuma funciones sobre Derechos Humanos dada la actividad profesional de su marido, – el abogado Baltasar Garzón-– en su despacho ILOCAD, especializado en estos asuntos. El Supremo apunta incluso la concurrencia de una causa de prohibición para que Delgado asuma el cargo, tal y como informó este diario.
Dos días después, el 13 de junio, Sanz remitió un oficio a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) , que firmó una de las demandas contra el nombramiento de Delgado, instando que «en el plazo improrrogable de cinco días» debían remitirles sus argumentos sobre la compatibilidad o no de la exministra de Justicia y exfiscal general, según el oficio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Cumplir la sentencia
En fuentes de la Fiscalía se explica este movimiento como obligado una vez se ha notificado formalmente la decisión del Supremo, y recuerdan que la Inspección fiscal no apreció causa de incompatibilidad en ninguno de los fiscales que optaban a la plaza de derechos Humanos y Memoria Democrática.
El nombramiento se trató en un Consejo Fiscal muy polémico celebrado en junio del pasado año en el que los vocales tanto de la mayoritaria Asociación de Fiscales como los de APIF se negaron a tratar el asunto y se abstuvieron, en protesta por lo que denominaron «manipulaciones» de García Ortiz para asegurar que el cargo recayera sobre la exministra socialista. Por esta razón no se valoraron las causas de incompatibilidad que llevaron al Supremo a anular la designación casi un año después.
Como en aquella reunión algunos vocales ya apuntaron a las razones que impedirían a Delgado obtener la plaza, la fiscal jefa de la inspección se ha dirigido ahora tanto a ellos como a las asociaciones a las que pertenecen para que documenten sus razonamientos. Por su parte, el fiscal general del Estado ha mostrado públicamente su interés en que Delgado pueda aspirar de nuevo y retomar su trabajo al considerarla la más adecuada para el puesto.
Desde APIF, sin embargo, se cuestiona este movimiento de la Inspección fiscal por ver un interés en solventar de forma rápida un nuevo nombramiento de Delgado. En este punto cuestionan la presencia de la exministra y exfiscal general en la junta celebrada este martes donde , por 19 votos –incluido el del fiscal general– frente a 17 se avaló a García Ortiz frente al criterio de los cuatro fiscales del juicio al procés en el Supremo, que se oponen a aplicar la amnistía a la malversación y a levantar las medidas cautelares contra los procesados en rebeldía, entre los que se encuentra Carles Puigdemont.
Apuntan que Delgado ya perdió la categoría de fiscal de Sala cuando se anuló este ascenso en noviembre del año pasado, en relación con su designación anterior como fiscal togada del Tribunal Supremo, y que desde entonces «no ha vuelto a ser ascendida» mediante el preceptivo decreto. «Aprovechan la confusión en su beneficio», apuntan.
Desde APIF también señalan, en referencia al inicio del trámite de compatibilidad, que desde la Fiscalía General se está actuando al margen de lo dispuesto por el Tribunal Supremo y extralimitándose en sus funciones. Se preguntan también si en el movimiento de la Inspección fiscal «ha intervenido la candidata Doña Dolores Delgado García, o no».
