Sumar tiene claro que la prestación universal por crianza de 200 euros al mes debe convertirse en un derecho, como lo es la sanidad o la educación en España. Es una de las formas, aseguran, de atajar la pobreza infantil, cuya tasa en el país se sitúa en el 28,9% pese a ser la cuarta economía de la zona euro. Recalcan que una de las cuestiones que nos diferencian con buena parte de los países de la Unión Europea es que precisamente ellos cuentan con esta ayuda, que llega a todos los menores independientemente de la renta de sus padres. Por eso, y pese a que la medida no está en el acuerdo de gobierno con los socialistas, indican que intentarán que arranque en la «negociación presupuestaria» que podría comenzar este verano.
Así lo han defendido tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la jornada Hacia una prestación universal por crianza. Un acto en el que se han acompañado de expertas y expertos para defender por qué una prestación por crianza que llegue a todas las familias, independientemente de su renta media, es importante.
Por ejemplo, se calcula que el coste de no actuar sobre la pobreza infantil es de 63.000 millones de euros al año, como se ha recordado en esta jornada organizada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La prestación, recalcan las expertas que han participado, sería mucho más barata. «El coste de criar un niño o una niña al mes es de 600 al mes; 700 en las grandes sociales. Si consideramos que el salario medio en España está en torno a unos 1.600 euros al mes, nos hacemos una idea de la aritmética imposible a la que se enfrentan muchas familias en el país», ha señalado el ministro de Derechos Sociales.
La prestación reduciría la pobreza infantil en un 50% de manera inmediata» y la intensidad del otro 50% restante. «No es una idea radical. Hay 17 países en Europa que cuentan con una prestación de este tipo y todos tienen una cosa en común: índices de pobreza infantil muy inferiores al de España», ha recalcado.
Pese a no querer «aventurar la fecha de inicio de las negociaciones», Bustinduy ha señalado que esta prestación «generaría un nuevo derecho a la ciudadanía y, por tanto, debe estar muy alta en la lista de prioridades de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado».
