La jueza Martina Mora, tras varios años de investigación, ha concluido las diligencias de la principal pieza del llamado caso Puertos. Un asunto que se inició hace tres años ante las sospechas de que la entonces dirección de la Autoritat Portuària de Balears (APB), encabezada por Joan Gual de Torrella, amañó concursos públicos para beneficiar a determinados clubes o empresas. En concreto, la investigación se ha centrado en la concesión de la explotación de la principal instalación naútica de Ibiza y del puerto de Menorca.
En un extenso y muy elaborado auto, la magistrada entiende que de la investigación se desprenden indicios claros de que en estas concesiones, aprobadas por todo el Consejo de Administración de la APB, se pudieron cometer hasta cuatro delitos, lo que justifica el procesamiento de hasta 17 personas, la mayoría de ellas funcionarios o altos cargos políticos, como paso previo al juicio que se celebrará contra ellos, una vez que se presente el escrito de acusación. Los delitos que se investigan en este caso se concretan en el de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y un delito instrumental de cohecho.
En este auto se resalta, como principal acusado, la figura del expresidente de la APB, Joan Gual de Torrella, que ocupó su cargo antes de ser detenido por designación política del anterior Govern del Pacte. La jueza le atribuye a Gual los cuatro delitos citados con anterioridad.
Las otras 16 personas implicadas en este caso y que con casi toda seguridad tendrán que afrontar un juicio son: Miquel Puigserver, Rafael Ruiz (exalcalde de Ibiza), Juan Carlos Plaza, Dolores Ripoll (jefa de la abogacía del Estado en Balears), Fernando Berenguer, Armando Parada, Jorge Martín, Vicente Fullana, Juan Marí, José María Costa (exconseller socialista), Justo Saura, Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pos, Basilio Sastre y Javier Enrique. Casi todos están acusados de prevaricación y fraude a la administración, delitos que pueden conllevar penas de cárcel.
La magistrada confirma que el proceso para autorizar la explotación del puerto de Ibiza fue amañado desde la propia dirección de la Autoritat Portuària. El Club Náutico de Ibiza llevaba décadas explotando el espacio público. Dicha concesión terminaba el 2010 y durante años disfrutó de prórrogas, hasta que no hubo más remedio que convocar una oferta pública, a través de la valoración de varios proyectos.
El auto de la jueza concluye que existía un interés político de que el histórico Club Náutico de Ibiza (CNI) siguiera dirigiendo la actividad del náutico, ya que era una propuesta que se defendía desde los dos principales partidos políticos de Baleares. Así, para llevar a cabo este plan, según la conclusión que alcanza la magistrada, el presidente de la APB, con la colaboración del director de este organismo y la abogada del Estado, realizaron las maniobras administrativas necesarias para que la oferta del CNI obtuviera la mayor puntuación. Para ello añadieron un concepto a puntuar, como fue el del arraigo. A esta propuesta pública se presentaron otras dos empresas y una de ellas consiguió que los tribunales anularan la aprobación de la concesión, considerando que el concepto de arraigo era ilegal. Esta primera propuesta quedó anulada, pero según recuerda la juez, hubo un segundo acuerdo del Consejo de Administración que volvió a ratificar el mismo proyecto. De nuevo la empresa perdedora acudió a los tribunales y por segunda vez se anuló el acuerdo de la APB.
Lo mismo ocurrió, según la conclusión que alcanza la magistrada, con la concesión de los amarres del puerto de Maó, que se otorgó a un grupo de empresas, que contaron con un trato de favor por parte de Gual de Torrella.
Un interés político para conseguir más votos
La magistrada reconoce que no existe una prueba clara y directa que demostraría esta actuación corrupta por parte de los altos cargos investigados. Sin embargo, sí entiende que, a través de una valoración conjunta de las pruebas que ella ha analizado. sí aparece un conjunto de indicios que apuntan hacia el amaño de las dos concesiones públicas.
En cambio, la jueza deja claro que ninguno de los investigados ha podido recibir ninguna recompensa económica a título personal. El beneficio que habría obtenido sería el de contentar a los responsables políticos para continuar en el cargo, sobre todo en el caso de Gual de Torrella, que fue elegida por la expresidenta del Govern y que obtenía un sueldo anual de más de 100.000 euros.
Esta conclusión de la investigación es el paso previo a que las acusaciones presenten sus respectivos escritos y una vez concluido este trámite, la magistrada dictará un auto, ordenando que el caso sea llevado a juicio. La vista se celebraría en la Audiencia, aunque todavía no hay una fecha prevista.
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