El PSOE ha recabado el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV para aceptar a trámite una proposición de ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Como ya hicieron en la legislatura pasada, los socialistas han impulsado en la Cámara Baja esta iniciativa reclamada por varios de los sindicatos de funcionarios de prisiones, pese a que actualmente ya se está tramitando otra norma del PP con un texto prácticamente igual. El resto de sus socios habituales han rechazado dar apoyo a la proposición de ley al considerar que no ataja los problemas reales de falta de recursos en las prisiones.
Una vez más, en el pleno del Congreso, ha quedado demostrado que existe una mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para dejar claro que «los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias» tendrán «a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad». Además, ha estado muy presente el caso del asesinato reciente de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), al que se han referido varios de los portavoces.
En la pasada legislatura ya se aceptó a trámite un texto similar del PSOE, que quedó olvidado en un cajón, y hace unos meses ocurrió lo mismo con otro del PP, impulsado en el Senado y cuya fase de enmiendas en el Congreso ha sido ampliada por PSOE y Sumar en más de seis ocasiones, la última este mismo martes. La diputada popular Ana Belén Blanco ha reprochado a los socialistas que no hayan registrado enmiendas a su texto legislativo -casi idéntico- y que hayan preferido iniciar de nuevo la tramitación parlamentaria, con el retraso que ello conlleva.
«Seguridad» y «autoritarismo»
La propuesta del PSOE, según ha explicado el diputado José Luis Aceves, busca «dotar a los funcionarios de prisiones de su protección como agentes de la autoridad», «introducir el principio de indemnidad» y «ampliar la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento». En este sentido, ha dicho que se trata de una «cuestión de estado» realizar esta reformar y ha pedido al PP que les apoyaran, porque lo contrario es «ir en contra de los trabajadores públicos».
«Nos insultan, nos dan ultimátum, nos llaman máquina del fango, incluso nos mandan a la mierda, y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones, porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados», le ha respondido Blanco. No obstante, los populares han apoyado la iniciativa, al igual que Vox, PNV y Junts.
Sin embargo, el PSOE no ha logrado el respaldo de ninguno de sus socios naturales de la izquierda. Sumar se ha abstenido porque, según el coportavoz Enrique Santiago, esta iniciativa continúa «una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social». La diputada de ERC Pilar Vallugueras ha denunciado que no se abordan cuestiones esenciales como la jubilación anticipada, la inversión y modificación de las condiciones materiales». Por otro lado, el parlamentario de EH Bildu Jon Iñárritu ha dicho que se trata de una modificación «meramente simbólica» y que habría que centrarse en «la falta de medios médicos, de salud mental especialmente», en las cárceles.
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