ERC dispuesta a retroceder para avanzar con el PSC

La política catalana retrocede dos décadas para intentar abrir una nueva etapa. La exigencia central de ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat y de paso seguir apoyando al gobierno de Pedro Sánchez forma parte de las reclamaciones tradicionales del catalanismo progresista: el equilibrio entre lo que pagan los catalanes a la hacienda española y lo que reciben del estado. Actualmente, Cataluña ocupa la tercera plaza entre las comunidades que más aportan y la 14 en la cantidad retornada. ERC ha bautizado este reequilibrio como “financiación singular” que desde siempre se ha conocido como respeto al principio de ordinalidad.

El principio de la ordinalidad es sencillo de explicar, pero muy difícil de formalizar en España, según demuestra la experiencia. Cada comunidad tendría que ver respetado en la lista de receptores del retorno por parte de la hacienda del estado el número de orden correspondiente en la lista de generación de riqueza colectiva, una vez aplicado, lógicamente, el criterio de solidaridad interterritorial convenido entre todos. En el caso de Cataluña, la enorme distancia entre la tercera posición y la catorceava, ha sido el caballo de batalla en todas las negociaciones del modelo de financiación autonómica, acumulando fracaso tras fracaso. Ni en la negociación del Estatut vigente, ni en la del sistema regulador del régimen común de 2009, con presidentes socialistas en España y Cataluña, se logró el equilibrio entre los dos conceptos.

ERC se ha hecho fuerte en esta reclamación financiera, justamente en el peor momento electoral de los republicanos en la última década. En este momento, ERC tiene en su mano el futuro del gobierno central y el de la Generalitat. Y sabiendo de la predisposición del PSOE de hacer de la necesidad virtud, aunque sea modificando recientes negativas, los republicanos han detectado perfectamente su ventana de oportunidad. Y sin que les vaya a ofrecer a ninguno de los dos ejecutivos la garantía de que el memorándum de exigencias no vaya a modificarse ante cualquier otra oportunidad, sean los presupuestos generales del Estado o los del gobierno catalán.

La nueva actitud “pujolista” de ERC, en la forma (intercambio de votos) pero no en el fondo de las exigencias, define su nueva política una vez el Procés, con sus inútiles maniobras parlamentarias y sus movilizaciones populares, ha sido borrado del programa republicano. Los socialistas pueden salir airosos de la negociación, sin embargo, hay una amenaza añadida a las dudas habituales de los dirigentes de ERC: la previsible reacción de Junts al no poder investir a Carles Puigdemont. Es fácil de prever que Junts aumentará el tono y el contenido de su reclamación para seguir apoyando a Sánchez y los republicanos ya han acreditado su tendencia a igualar la apuesta de Junts para no quedarse descolgados en su competencia por liderar el movimiento independentista.

Además del respeto al principio de ordinalidad, en el que el PSC se siente muy cómodo por haberlo pedido anteriormente, ERC exigirá la recaudación total de los impuestos en Cataluña. Este es un punto crucial, porque acercaría mucho la “singularidad catalana” al modelo foral vasco. Todos los gobiernos habidos en España desde la aprobación de la Constitución se han negado a extender el modelo vasco a Cataluña, alegando la imposibilidad de sostener la financiación estatal. En primera instancia lo tuvieron fácil, dado que Jordi Pujol rechazó incluirlo en la negociación constitucional.

En el Estatut de 2006, se incorporó la figura de un consorcio tributario formado por Estado y Generalitat para recaudar los impuestos en Cataluña, aunque en ningún momento se ha dado un solo paso para crearlo. Desde hace algunos meses, sin embargo, tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa han recuperado la idea, conocedores de las exigencias que preparaba ERC llegado el caso de que sus votos fueran decisivos para los socialistas. Y ahí estamos, sus votos son decisivos, pero los republicanos no se han pronunciado públicamente todavía sobre su predisposición a aceptar este organismo. Lo aceptaron en la negociación estatutaria, pero ahora mismo siempre pueden argumentar que finalmente ERC no votó el texto del Estatut ni en el Congreso ni en el referéndum de 2006, por causas ajenas al consorcio mixto.

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