Mor Camara, solicitante de asilo senegalés, de 19 años, vio el mar por primera vez cuando decidió subirse en una patera con 17 años. Estuvo más de medio año viajando de forma precaria para llegar a El Aaiún y jugarse la vida en el mar. Su familia vivía de la agricultura y él veía que su padre trabajaba cada vez más, pero debido a la sequía las cosechas iban cada vez a peor con lo que no atisbaba un horizonte vital en su país. Al llegar a las Islas, entró en un centro de menores, a los 18 años tuvo que abandonarlo pero fue acogido por los recursos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, que está tramitando su protección internacional. Mientras, puede trabajar en un centro de menores, forma parte de un equipo de fútbol y se siente tranquilo y esperanzado.
Pese a estas historias de esperanza, España está a la cola en la resolución de peticiones de asilo y el Archipiélago se encuentra en una situación similar, indicó este lunes Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias, durante la presentación del informe anual de esta ONG. De hecho, España fue el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibió en 2023 (163.220) y el que menos protección internacional concedió, al 12% de los solicitantes, lo que le sitúa 30 puntos por debajo de la media europea en cuanto a tasa de reconocimiento.
En las Islas aumentó un 17% el número de solicitudes de protección internacional en 2023, con 8.621 peticiones, de las que 4.891 fueron en la provincia de Las Palmas y 3.730 en la de Santa Cruz de Tenerife, tanto de migrantes por vía aérea como marítima. La ONG carece de datos de cuántas personas llegaron por cada vía, así como de las resoluciones de asilo aceptadas en Canarias, al ser tramitadas por el Gobierno de España. No obstante, Lorenzo indica que la mayoría de las migrantes procedían de Venezuela, Colombia y Cuba y, a mayor distancia, se encuentran países africanos como Senegal, Mali o Marruecos.
Número muy bajo de resoluciones de asilo
Según la información que maneja CEAR de las personas que la propia ONG asiste, y que cuenta con 430 plazas de acogida en distintos recursos en Canarias, el pasado año obtuvieron en las Islas el estatuto de refugiado 36 migrantes, mientras que a otras 84 se les reconoció una protección subsidiaria.
Hasta mayo de 2024, 16 personas han sido consideradas refugiadas en Canarias y 39, fundamentalmente malienses, han obtenido una protección subsidiaria.
Tardanza en tramitar las solicitudes
Con todo, CEAR denuncia la tardanza en tramitar las solicitudes de asilo y el bajo nivel de resoluciones. Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora el 20 de junio, Juan Carlos Lorenzo explicó en la presentación del informe en el Cabildo de Gran Canaria, con la presencia del presidente, Antonio Morales, y el consejero Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, entre otros, que la demora de este proceso difiere notablemente en ambas provincias canarias, ya que en la primera se prolonga unos tres o cuatro meses para iniciar el proceso y manifestar la voluntad de acogerse a la protección, mientras que en la segunda se puede extender hasta 15 meses.
La abogada de la ONG Beatriz Alfonso señala que en Las Palmas estos trámites se hacen de forma presencial, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la vía exclusiva es el correo electrónico. Pero la situación es difícil en todos lados. En Madrid se dan 250 citas al día, pero hay que llamar a un teléfono que comunica todo el rato, añade. En Barcelona son 40 citas al día. En cualquier caso, desde que se inicia el proceso hasta que se acaba puede tardar nada menos que dos años.
Migrantes en la calle y menores
El informe recoge que la mayoría de las personas llegadas al Archipiélago expresaron su deseo de solicitar protección internacional, pero las dificultades para obtener cita y las limitaciones del sistema de atención humanitaria dejaron a muchas de ellas «en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social».
La letrada precisa que se trata de un procedimiento que consta de varias fases, siendo la primera cita de vital importancia, ya que en ella el solicitante acredita una manifestación de voluntad que le da derecho a acceder al sistema de acogida.
Hasta que no llega ese momento, la persona que pretende pedir asilo o refugio «está en la calle», si bien asegura que las ONG se encargan de alertar a Extranjería de los casos vulnerables (familias monoparentales, personas enfermas o con alguna discapacidad, víctimas de trata, miembros del colectivo LGTBI+ perseguidos por ello o menores tutelados), ante los que se agiliza el proceso y pueden manifestar su voluntad de asilo en pocas semanas.
Lorenzo insistió en el reto que tiene Canarias con la infancia migrante no acompañada. “La situación es inasumible para el Archipiélago, y nos topamos con la incomprensión de otras comunidades autónomas”, censuró. Apoya «al cien por cien» el cambio en la Ley de Extranjería para el reparto de forma obligatoria de menores migrantes por comunidades.
Más apoyo a los migrantes de Ucrania
El informe de CEAR ve con máxima preocupación el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según los últimos datos de Acnur. A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, entre otros, se unen dos nuevas grandes emergencias humanitarias, como el genocidio en Gaza o la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias.
Pese a ello, Lorenzo denuncia que en términos de acogida la respuesta que se le dio a Ucrania no fue equiparable a la dada a Canarias frente a la crisis migratoria de las Islas y alto índice de mortandad en sus aguas: 6.000 personas según Caminando Fronteras y unas 1.000 según la OIM.
Recuerda el informe que el 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39.910 personas). Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada crisis de los cayucos de 2006.
Más mujeres y niños en la ruta canaria
En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal. Además, destaca CEAR la presencia de cada vez más mujeres y niños y niñas sin referentes familiares, para lo que el sistema de protección de las Islas no está preparado. En respuesta, el Gobierno de Canarias ha llegado recientemente a un acuerdo con el Gobierno central para tramitar la modificación de la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores, que aún está en veremos.
La organización señala que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida y se activaron medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED). Esta respuesta evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín. “Aunque en un primer momento sirvieron para descongestionar la situación, España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”, reclama Juan Carlos Lorenzo.
Pacto europeo de Migración y Asilo
Lorenzo se mostró reticente con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado en mayo de este año y, además, el resultado de las recientes elecciones europeas confirman «una deriva hacia un lugar en el que no se reconoce lo diverso». Insistió en que «otra forma de actuar es posible», si bien remarcó que «falta valentía y voluntad política» para acabar con la «obstaculización de los derechos de las personas».
En este contexto, el representante de CEAR en Canarias alertó de que la externalización de fronteras que propicia este Pacto Europeo sobre Migración y Asilo tiene especial incidencia en el Archipiélago, donde «preocupan las garantías jurídicas» por las que las personas que llegan pueden sentir «que no están en Europa».
Por ello, de cara a su próxima implementación por parte de España, la ONG exigirá que organismos independientes, como el Defensor del Pueblo, lleven a cabo un seguimiento al respeto de los derechos humanos y eviten que los llamados «espacios de espera» no sean en la práctica «espacios de retención». «Se les retiene y no se sabe dónde, se habla de 12 semanas», remarcó Lorenzo.
Este informe ha sido presentado a nivel nacional, donde la directora de CEAR, Mónica López, denunció de un aumento del 56% en el número de solicitudes pendientes de resolución en 2023: 191.095 personas en España «esperan una decisión de la que dependen sus vidas».
Las solicitudes de protección internacional para personas migrantes que no pueden volver a su país porque son perseguidas por diferentes motivos (refugiados) o porque enfrentarían daños graves en su país (protección subsidiaria) aumentaron en 2023 un 37,3 % hasta la cifra más alta de su historia, todo ello «a pesar de los graves obstáculos» que existen para acceder al procedimiento.
De los países de la Unión Europea, España es el tercero que más peticiones recibió en 2023, solo por detrás de Alemania (351.510) y Francia (166.880), pero esto «contrasta» con su posición en cuanto a su tasa reconocimiento.
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