El 15 de febrero de 2021, un escándalo nacional forzó la dimisión del gobierno de los Países Bajos. Pocos meses antes, una investigación destapó que, a lo largo de una década, el algoritmo usado por la Agencia Tributaria neerlandesa para detectar casos de fraude en las ayudas sociales había acusado erróneamente a hasta 26.000 personas. Su injusta persecución se saldó con hasta 10.000 familias obligadas a devolver decenas de miles de euros, abocándolas al desempleo, a la quiebra o incluso al divorcio. Para más inri, en al menos 11.000 casos, esa falsa acusación de basó en el origen étnico de las víctimas. «No podemos permitir que las cosas vuelvan a ir tan terriblemente mal», dijo en su disculpa el entonces primer ministro Mark Rutte.

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