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La forma de afrontar el fenómeno de la inmigración es una de las grandes disyuntivas del mundo actual y se ha convertido en el gran caballo de batalla político en Europa. Las formaciones nacionalpopulistas, que conforman el Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), al que pertenece Vox, e Identidad y Democracia (ID), han centrado gran parte de su discurso en la campaña de las elecciones europeas del pasado domingo en abogar por un endurecimiento del control de fronteras, la lucha contra la «islamización», la limitación de concesiones de asilo a los refugiados y la apuesta por la deportación de los inmigrantes que delincan, y han salido beneficiados de su apuesta.
El grupo ECR ha ganado siete escaños, pasando de 69 a 76, mientras que ID ha visto incrementada su representación en nueve eurodiputados, de 49 a 58. En total, el Parlamento Europeo contará en la legislatura que se acaba de iniciar con 16 representantes más de las formaciones partidarias de controlar la inmigración que, además, se están planteando unirse en un único grupo parlamentario que sería el tercero de la Eurocámara, con 134 eurodiputados, a solo dos de la segunda fuerza, los socialdemócratas. Unos resultados que son ilustrativos del auge de un discurso cada vez más compartido por un amplio porcentaje de los ciudadanos europeos.
Al incremento de la representación de los grupos de la derecha populista en el Parlamento Europeo se suma la proliferación de gobiernos dirigidos por fuerzas políticas de ese signo en Europa. Su máxima representante es la italiana Giorgia Meloni, cuyo partido, Fratelli d’Italia, forma parte del grupo ECR, el mismo que Vox. La mandataria italiana, que dirige un Gobierno de coalición con Forza Italia, del Partido Popular Europeo, y la Liga, de Identidad y Democracia, ha impulsado varias medidas de control de la inmigración en el país, destacando el reciente decreto que permite que los migrantes irregulares puedan ser retenidos por un período de hasta 18 meses en centros de recepción antes de ser repatriados en caso de que no califiquen para el asilo y la creación de centros de expulsión en todo el país.
Otros ejecutivos muy restrictivos en materia migratoria son el de Viktor Orbán en Hungría, que dirige las riendas del país desde 2010 y que ha llegado a jactarse de que su nación es la única «libre de migrantes» en Europa, o el de Eslovaquia, dirigido por Robert Fico, que ha reforzado los controles fronterizos para evitar la entrada de «personas vinculadas al terrorismo». Anteriormente, se sumaba también a este grupo el Gobierno polaco dirigido por el Partido Ley y Justicia (PiS), que comparte grupo con Vox, pero fue desbancado por una coalición de centroizquierda tras las elecciones de octubre de 2023.
Ante el auge de las formaciones y discursos antiinmigración, el Partido Popular Europeo (PPE), la principal formación de centroderecha en la Eurocámara, y los partidos nacionales que le conforman, entre ellos el Partido Popular español, han tenido que afrontar contradicciones y debates internos que les han puesto, en muchas ocasiones, entre la espada y la pared. Históricamente, los populares han sido favorables al fenómeno migratorio, y es destacable la medida de la canciller conservadora Angela Merkel que abrió las puertas a un millón de refugiados sirios entre 2015 y 2019, pero el crecimiento de los partidos nacionalpopulistas ha obligado al PPE a dar un giro a la derecha en esta materia para evitar una sangría electoral.
Los populares europeos han apostado en la campaña de estas europeas por la idea de la devolución de solicitantes de asilo que lleguen a Europa de manera ilegal a «países terceros seguros» donde serían tramitadas sus solicitudes, evocando el conocido como «modelo Ruanda» que adoptó el Gobierno del Reino Unido. Con todo, esta propuesta sigue siendo insuficiente para las fuerzas nacionalpopulistas, que apuestan por aún más control de fronteras y acusan a la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, de haber favorecido la «inmigración masiva», y esa batalla ideológica se ha replicado en España y en Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, en los últimos meses.
Los choques entre PP y Vox en España se replican en Castilla y León
El fenómeno de la inmigración se ha convertido en las últimas semanas en un auténtico elemento de fricción entre PP y Vox en el seno del Gobierno de coalición de Castilla y León. Se trata de una problemática en la que ambas formaciones mantienen posiciones contrapuestas, ya que los populares nunca se han mostrado contrarios a este fenómeno −fue bajo el Gobierno de José María Aznar, a finales de los 90, cuando llegaron las primeras oleadas migratorias masivas a España− mientras que Vox, en la línea de otras formaciones nacionalpopulistas europeas, ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de sus principales caballos de batalla políticos.
Los populares, de hecho, apoyaron recientemente una iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes irregulares, una medida que fue apoyada por todos los grupos del Congreso de los Diputados menos por Vox, y este mismo jueves el PP tumbó la enmienda a la totalidad de los de Santiago Abascal. La diputada de Vox, Rocío de Meer, acusó a los populares de «fomentar el efecto llamada» mientras que la diputada del PP Sofía Acedo cargó contra Vox por «instrumentalizar» la inmigración. Una tensión a nivel nacional entre dos formaciones cuya visión de la inmigración es muy diferente que se ha terminado trasladando a Castilla y León.
Desde que se conformó el Gobierno de coalición entre ambos partidos en la Comunidad, en virtud del pacto de marzo de 2022, ambas formaciones cedieron en esta cuestión, conscientes de su visión casi antagónica al respecto. En el documento del acuerdo se hablaba de fomentar la «inmigración ordenada», una cesión por parte del presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que para los de Juan García-Gallardo se quedó corta, pero ambos partidos priorizaron la estabilidad del recién creado Ejecutivo y aparcaron sus pugnas acerca de esta cuestión. Aunque la tranquilidad no duraría mucho.
La «invasión migratoria» y los cánticos ante las sedes del PSOE
Ya en octubre de 2023 se desató una primera polémica a cuenta de la inmigración cuando, tras la llegada de un grupo de inmigrantes irregulares al balneario de Medina del Campo, el vicepresidente acudió a la puerta del recinto y se grabó un video alertando de una «invasión migratoria de varones en edad militar» y del peligro que supondría para las mujeres de la zona. La Junta, en aquel momento, ya se desmarcó de Gallardo y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, habló de «poner en el centro al inmigrante, que es el más vulnerable».
Además, al calor de las protestas de noviembre de 2023 frente a las sedes del PSOE, tras la investidura de Sánchez gracias a los siete votos de Junts, Gallardo acudió a varias de esas protestas y, entre otros, profirió gritos como ‘Esas lecheras a la frontera’, algo que incomodó a Mañueco, que aseguró que el número dos de la Junta había acudido a esos actos como representante de Vox y no del Gobierno autonómico. Pero en las últimas semanas, desde que se inició la campaña de las europeas, la fricción por la inmigración entre PP y Vox ha dado un acelerón en Castilla y León y ha tensado la cuerda en el Gobierno autonómico.
Gallardo denuncia la «islamización» de Palencia y Lucas responde que la diversidad «enriquece»
La campaña de las elecciones europeas ha estado muy marcada por la inmigración y la islamización, caballos de batalla de las formaciones nacionalpopulistas que han logrado un gran auge en los comicios, y Vox, desde un inicio, abogó por endurecer su discurso en esta materia, algo que también se replicó en Castilla y León. El vicepresidente de la Junta alertó el domingo 26 de mayo de la «creciente islamización» en los pueblos de Palencia y aseguró que le habían trasladado que en municipios como Saldaña ya había «más niños musulmanes que cristianos».
Además, Gallardo recalcó que el cristianismo es la religión «fundante» sobre la que se cimentó la nación española y pidió «controlar las fronteras» y «no colaborar con las mafias del tráfico de personas». «Pedimos que se traiga a personas que quieran trabajar y no a personas que no siempre tienen el mismo respeto por las mujeres que nosotros y que quieren imponer sus costumbres como la de no comer cerdo en los comedores escolares», afirmó el vicepresidente.
Dos días después, el colegio Villa y Tierra de Saldaña reprochó a Gallardo sus palabras, le acusó de confundir «religión con nacionalidad» y aseguró que la integración de la comunidad musulmana en el centro era «ejemplar». Una polémica que llegó este jueves a la primera sesión del pleno de las Cortes de Castilla y León, en la que la consejera de Educación, la popular Rocío Lucas, se desmarcó de forma rotunda de las afirmaciones del vicepresidente.
«Siempre hemos defendido que la diversidad enriquece y aporta al sistema educativo», señalaba, asegurando que la Junta «apoya» a los centros educativos «con independencia del origen de sus alumnos». Además, Lucas recordó que los alumnos inmigrantes «obtienen resultados por encima de los de otras comunidades» e insistió en la apuesta de la Junta por la «integración» de los alumnos inmigrantes.
El intento de controlar el padrón en Burgos del que se desmarcó el PP
El pasado 5 de junio llegaría otra gran polémica a cuenta del intento de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, en el que controla el área de Seguridad, de ordenar a la Policía Local perseguir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en la ciudad. Una iniciativa de la que se desmarcó de forma clara desde un inicio la alcaldesa de la capital burgalesa, la popular Cristina Ayala, que recordó que ella es la única «autoridad» sobre los agentes y aseguró que los populares no compartían la mayor parte de los puntos de la iniciativa.
Todo comenzó cuando el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Consistorio burgalés, Ignacio Peña, ambos de Vox, anunciaron la puesta en marcha de ocho medidas para combatir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en viviendas de la capital burgalesa.
Según afirmó el vicealcalde, el objetivo era ordenar a la Policía Local que persiga el empadronamiento ilegal a través de inspecciones periódicas por parte de los agentes, en colaboración con las autoridades municipales, para verificar la veracidad de la información que se haya proporcionado en los registros de empadronamiento y que la persona realmente reside en ese domicilio.
Además, anunció que los agentes de la Policía Local de Burgos colaborararían con los Servicios Sociales, además de con otros organismos competentes en materia de inmigración, para «compartir información relevante» y «coordinar los esfuerzos en la detección y prevención» de estas situaciones. También anunciaron que se impulsarán canales de «denuncia anónima» en los que los ciudadanos podrán informar sobre casos de empadronamiento ilegal que conozcan.
Martínez-Acitores aseguró que la iniciativa contaba con el visto bueno de la parte del PP del Gobierno municipal, dirigida por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y señaló que el problema de los empadronamientos ilegales de inmigrantes es un problema que se está produciendo «en toda España» y que les han llegado «quejas» en la ciudad. Pero los populares se desmarcaron de la misma.
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recordó que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local «es el alcalde la autoridad máxima que dirige y da las instrucciones a la Policía Local». Ayala aseguró que la iniciativa de Vox viene de una proposición que, en un momento determinado, en el mes de mayo, la formación intentó llevar pleno y que no acabó entrando porque no dio tiempo a que entrase en el pleno ordinario. «En ese momento se quiere llevar por urgencia, no se considera un tema urgente y por tanto no se lleva el tema», afirmó.
La alcaldesa recordó, además, que los policías locales «ya hacen parte de esa actividad», las que les corresponden «con sus competencias», porque estas competencias «no le corresponden a la Policía Local si no a la Policía Nacional». Además, Ayala aseguró que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos y la alcaldesa no estaban «de acuerdo con varias de esas acciones» propuestas por Vox.
Unas aseveraciones que hicieron reaccionar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que recordó a Ayala, en una publicación en la red social X, su dependencia de Vox para mantener el bastón de mando de la ciudad. «No olvides que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal», afirmó. Una medida que generó una gran tensión en uno de los ayuntamientos más importantes gobernados por PP y Vox en la Comunidad y que los de García-Gallardo tratarán de llevar al próximo pleno del Consistorio.
Gallardo habla de «moros violentos» tras una agresión en Salamanca
El día después de la polémica en Burgos, Gallardo avivó aún más la tensión endureciendo notablemente su discurso contra la inmigración y utilizando por primera vez el apelativo «moros» para referirse a los inmigrantes magrebíes. A raíz de una noticia sobre una agresión de 13 jóvenes magrebíes a unos estudiantes en Salamanca, Gallardo elevó el tono en su cuenta de X. «¡Fuera moros violentos de nuestras calles!», publicó en su cuenta personal de esa red social.
En esa misma publicación, el número dos del Gobierno autonómico defendió que «los jóvenes españoles tienen derecho a salir de fiesta sin miedo a que les den una paliza» y pidió el voto a Vox «contra la islamización, la inseguridad y la inmigración masiva». Gallardo publicó ese mensaje, además, en plena polémica en redes sociales por la publicación de las ayudas al alquiler de la Junta, ya que varios usuarios de X recriminaron a Vox que gran parte de las mismas iban dirigidas a ciudadanos extranjeros, a pesar de formar parte del Gobierno.
En ese sentido, el vicepresidente se defendió y señaló que las ayudas al alquiler social, gestionadas por las comunidades autónomas, «están reguladas por un Real Decreto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana». «Si queréis que cambien los requisitos, ya sabéis a quién votar en las próximas elecciones generales», afirmó en una publicación en X. Unas declaraciones que, en esta ocasión, fueron ignoradas por sus socios del PP pero a las que sí respondió el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que llamó «racista» a Gallardo y aseguró que sus palabras «dan verdadero asco». «Sus declaraciones demuestran que son unos auténticos racistas», señaló, afirmando que a Vox le molestan «los inmigrantes pobres».
La Junta se desmarca del vicepresidente tras su rechazo a la llegada de inmigrantes a León
La última gran polémica ha tenido lugar esta misma semana, tras el anuncio de que un contingente de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias sería alojado en el chalet del Pozo, en el municipio leonés de Villaquilambre, tras el reparto acordado entre el Gobierno de España y el de Canarias para distribuir a 300 menores por diferentes provincias del país. «Que los aloje la ministra en su casa o billete de vuelta a su país», escribió el vicepresidente en su cuenta de la red social X.
Pocas horas después, tanto la consejera de Familia, la popular Isabel Blanco, como el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se apresuraron a desmarcarse de las palabras de Gallardo y aseguraron que Castilla y León es «tierra de acogida» y solidaria y que iba a «continuar siéndolo», asegurando que lo había venido demostrando ante las graves crisis migratorias de los últimos años, «tales como la de Ucrania, Afganistán y la constante llegada de migrantes a Canarias». Con todo, tanto la consejera como el portavoz cargaron también contra el Gobierno de España por la «falta de información y coordinación» acerca de la llegada de este grupo de inmigrantes a la provincia de León.
Este mismo jueves, en el pleno de las Cortes, el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que las competencias en materia de inmigración las tiene exclusivamente la consejera de Familia, Isabel Blanco, quitando validez a las declaraciones de Gallardo. Mañueco recalcó que la Comunidad es «una tierra acogedora y solidaria» aunque también cargó contra el Gobierno por «la falta de información y de coordinación». «La Delegación del Gobierno o se entera de algo de lo que hace el Gobierno o sobra», afirmaba, a lo que la representación del Ejecutivo en la Comunidad acusó a Mañueco de difundir «informaciones falsas» y aseguró haber informado a la Junta de la llegada de ese grupo de inmigrantes.
La apertura del Centro de Migrantes de Villaquilambre ha generado, además, cierta alarma social en el municipio y este mismo jueves decenas de vecinos se reunieron para abordar los «problemas de seguridad» que, a su juicio, podría atraer la apertura del centro mientras que el Grupo Popular en el Ayuntamiento ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar de «buscar soluciones». Una cuestión, la de la inmigración, de plena actualidad en Europa y que ha generado tensiones en el seno de un Gobierno autonómico acostumbrado a las disputas entre PP y Vox y con la sombra de un posible adelanto electoral en el horizonte tras la incontestable victoria de los populares en las elecciones europeas del pasado domingo.
