La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha respondido al juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que se niega de nuevo a prestarle auxilio judicial para la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira.
Esta es la tercera vez que el país helvético responde con una negativa al juez que investiga por delitos de terrorismo a personas relacionadas con esa plataforma y, según ha adelantado ‘El País’ y ha confirmado en fuentes Europa Press, otra vez es porque no consideran que exista un posible delito de terrorismo ateniéndose a su legislación.
Previamente, en febrero de este mismo año trascendió que esa oficina dependiente del Gobierno suizo rechazaba prestar ayuda al magistrado para localizar a Rovira y para obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entendió que debía decidir antes si existía un carácter político en la petición.
En un documento fechado en diciembre de 2023, al que tuvo acceso Europa Press, las autoridades suizas solicitaban información sobre cómo podía afectar la ley de amnistía que se tramitaba entonces en el Congreso de los Diputados «a varios separatistas catalanes» en esta causa en concreto.
«Sería conveniente, entre otras cosas cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara», explicaban.
De esta forma, Suiza suspendía el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional respondiera a sus preguntas porque entendía, tras «examinar con la máxima atención» la comisión rogatoria, que el contenido era muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.
En concreto, explicaba que antes de «proceder a la tramitación» de la comisión rogatoria y para comprobar si ésta «tiene un carácter político» que «impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal», necesitaba saber para qué quería García Castellón conocer el paradero de Rovira y por qué lo hacía por este conducto cuando esta medida podía llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.
La relación entre Rovira y los hechos
En cuanto a la petición de información bancaria, las autoridades suizas preguntaban «por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020, en la medida en que los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019″.
«En un plano más general, también desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, nos gustaría saber la relación exacta entre la señora Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria», añadían.
Al hilo, querían conocer también la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los aeropuertos de El Prat y Barajas que se citan en la comisión rogatoria. Para Suiza, es importante conocer la implicación precisa de Rovira en esos hechos «y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto».
La respuesta de 2020
Ya en 2020 las autoridades judiciales de Suiza se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre ‘Tsunami Democràtic’ al entender que el procedimiento tiene «un carácter político preponderante».
En la respuesta que dio el país helvético al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que tuvo acceso Europa Press, se indicaba que el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse «si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas».
