En Estados Unidos la escasa regulación de control de armas de fuego normalmente se impulsa tras grandes masacres que conmocionan al país. Es lo que sucedió meses después del brutal tiroteo en 2017 en un concierto en Las Vegas, que con 60 muertos y más de 400 heridos ha quedado como el más letal en la historia del país, el gobierno entonces presidido por Donald Trumpaprobó un veto a aceleradores de disparos como los que había usado el autor de la matanza, un accesorio que permite a un rifle semiautomático disparar a la velocidad de una metralleta cientos de balas por minuto. Este viernes el Tribunal Supremo de EEUU ha tumbado ese veto.
Los seis jueces de la mayoría conservadora han tomado la decisión con la oposición de las tres jueces progresistas. Y han considerado que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), excedió su autoridad al obligar a cualquiera que tuviera ese accesorio a destruirlo o entregárselo a las autoridades federales, imponiendo penas de cárcel para quienes los vendieran o los mantuvieran en su posesión.
Su sentencia es un varapalo para quienes abogan por mayor control de armas y tumba una de las pocas regulaciones federales logradas en los últimos años para combatir la epidemia de violencia con armas de fuego, un esfuerzo que en el Congreso está prácticamente paralizado, especialmente por el inamovible compromiso de los republicanos con la defensa a ultranza de la Segunda Enmienda y bajo el peso del lobi de las armas.
Metralleta
La demanda que ha originado la decisión fue presentada por Michael Cargill, un veterano del ejército propietario de una armería en Austin (Tejas) que la presentó el mismo día en que entregó varios de los aceleradores. La normativa federal inicialmente tuvo incluso el inusual apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, que se sumó a las llamadas a la restricción tras la conmoción pública por lo sucedido en Las Vegas, donde el autor de la matanza disparó más de 1.000 rondas de munición a lo largo de 10 minutos.
Según la opinión de los magistrados conservadores, redactada por el juez Clarence Thomas, la ATF no tenía autoridad para implementar el veto. Sus argumentos son sobre todo técnicos y el magistrado ha escrito que un rifle semiautomático con el accesorio ahora reautorizado no es una metralleta porque no dispara más de un tiro cada vez que se aprieta el gatillo. Esa es la condición técnica que contemplaba una ley de 1986 que prohibía la posesión de metralletas por civiles.
La minoría progresista, en una opinión de disenso firmada por la jueza Sonia Sotomayor, ha denunciado que la decisión tendrá “consecuencias mortales” y la ha tildado de “miope”. La magistrada ha acusado a los conservadores de haber realizado artificialmente una estrecha definición de los estatutos y de limitar con ello los esfuerzos del gobierno para evitar masacres con armas de fuego. “Cuando veo un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato llamo a ese pájaro pato”, ha escrito Sotomayor.
