La Comisión Europea ha decidido dar su visto bueno a la segunda parte de la reforma de las pensiones. Aunque los cambios se aprobaron en el Congreso de los Diputados hace ya un año, formaban parte de un hito prometido a Bruselas de cara al cuarto pago de fondos Next Generation, que no se evaluaba hasta esta primavera. La decisión es relevante en tanto que la propia Comisión había manifestado importantes dudas acerca de la reforma de pensiones, en la misma línea de las advertencias de la AIReF, la OCDE y el FMI.
Pero finalmente los economistas encargados del Plan de Recuperación han decidido dejar para más adelante los rapapolvos, en caso de que haya que darlos. Es cierto que el informe sobre pensiones de la Comisión, el llamado Ageing Report, apreció que sus cifras y las del Gobierno español diferían notoriamente, y así se recoge también en el informe emitido este miércoles. «Los supuestos usados en el Ageing Report 2024 llevan a una trayectoria de gasto en pensiones diferente», explica la Comisión.
«Debe tenerse en cuenta que la cláusula de salvaguarda aprobada se asegura de que las medidas correctivas entran en vigor tan pronto como sea necesario para que se asegure la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, incluso en un escenario menos favorable que el que ahora se asume». Es decir, que Bruselas está contenta con la reforma de pensiones gracias a la cláusula de salvaguarda, ese mecanismo automático que se incluyó en la ley y por el que las cotizaciones sociales subirán más de lo que ya está previsto en caso de que el gasto en pensiones supere determinado límite.
La Comisión no entra a valorar qué efectos puede tener sobre el empleo o la economía del país las medidas que se han aprobado para garantizar las pensiones públicas, tan solo da por válida la fórmula de Escrivá. Diferentes instituciones económicas han alertado de que las pensiones no pueden mantenerse subiendo los costes laborales a empresas y trabajadores, como se estableció en la reforma, porque esto tendrá efectos en el empleo. Pero por el momento Bruselas cree que la reforma «garantiza la equidad intergeneracional» y con eso le es suficiente.
Hay que recordar que ya está aprobado que las cotizaciones sociales que empresas y trabajadores abonan mes a mes a la Seguridad Social aumenten del 0,6% de 2023 hasta el 1,2% en 2029, a razón de una décima por año. Esto se bautizó como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y ejerce como sustituto del factor de sostenibilidad del expresidente Mariano Rajoy. Por otro lado, también se aprobó una cotización adicional para aquellos trabajadores que estén por encima de la base máxima, la llamada cuota de solidaridad, y la subida progresiva de esas bases máximas de cotización. Y el broche final fue lo que ahora garantiza el visto bueno de Bruselas: la cláusula de salvaguarda, la herramienta que eleva las cotizaciones de todos los trabajadores de forma automática en caso de desvío del gasto. Centros de estudios como Fedea dan por hecho que esta cláusula se activará el año que viene.
Extensión del periodo de cómputo
Sobre la extensión del periodo de cómputo de la pensión que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la Comisión opina que «refuerza la progresividad del sistema y adapta la regulación a las carreras discontinuas y otras formas de trabajo menos típicas». El Gobierno aprobó en marzo del año pasado aumentar el periodo que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión hasta los 29 años, pudiendo descartar los 24 peores meses, de forma progresiva a lo largo de los próximos años, hasta culminar en 2044. En ese momento, los nuevos pensionistas ya no podrán elegir el método para calcular su pensión. Bruselas ha dado su visto bueno también a esta medida. «Satisfactorily fulfilled«, reza el apartado de valoraciones del hito. O lo que es lo mismo, «completado de forma satisfactoria».
Prácticamente todas las reformas e hitos vinculados al cuarto pago se han dado por cumplidos por parte de la Comisión. Todos, excepto uno. Esto supondrá que España recibirá casi en su totalidad los 10.000 millones de euros correspondientes a este tramo del Plan de Recuperación, a excepción de unos 158 millones, que corresponden al hito incumplido, un programa para impulsar la digitalización de las pymes. Con este desembolso y los anteriores, España habrá recibido ya alrededor de 48.000 millones de euros para financiar las reformas, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.
Cuarto pago
«Los hitos y objetivos aprobados como parte de esta solicitud de pago demuestran pasos significativos en la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Subrayan notablemente la continuación del impulso reformista en políticas clave», asegura la Comisión en su visto bueno a la documentación recibida en Bruselas por parte del Gobierno.
Además de algunos puntos de la reforma de las pensiones, este cuarto desembolso dio que hablar y se retrasó ligeramente por la reforma del subsidio por desempleo. El Gobierno lo aprobó por real decreto después de solicitar una ampliación en el plazo y de que Podemos impidiera su aprobación en la cámara baja. La Comisión considera que tras su entrada en vigor se da por válido y fuentes del ejecutivo comunitario descartan comentar «escenarios hipotéticos» si el Congreso termina por tumbar el real decreto. De los 61 hitos que incluía esta solicitud, España ha demostrado cumplir 60. Ahora, cuenta con un mes para responder por carta a la Comisión y explicar qué medidas se están tomando para completar el que falta.
El incumplimiento viene porque no se ha podido completar el programa «Agentes del cambio» que concedía ayudas a pequeñas y medianas empresas para contratar a perfiles especializados para fomentar la digitalización de sus negocios. Fuentes de la Comisión señalaban que estaban en contacto con el Gobierno y que les constaba que ya se estaban dando pasos para avanzar en este hito. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos explican que «el programa inicial se ha rediseñado por su baja demanda y se ha lanzado una nueva convocatoria para dar cumplimiento al objetivo intermedio en los siguientes meses».
«El nuevo programa, denominado Kit Consulting, se centra en una ayuda de hasta 24.000 euros para contratar un servicio de asesoramiento sobre las tecnologías más demandadas por las empresas en los últimos años: IA, datos o ciberseguridad. A partir del 18 de junio las empresas interesadas ya podrán solicitar este servicio», detallaba el departamento que dirige Carlos Cuerpo.
Tras la respuesta por carta a la Comisión, el Ejecutivo cuenta con un plazo de seis meses para demostrar que se ha conseguido el objetivo. Mientras esto se desarrolla, España recibirá los fondos correspondientes al resto del cuarto pago, unos 9.842 millones de euros, según las cifras aportadas por el Ministerio. Si pasado el plazo de seis meses, la Comisión valida el cumplimiento del hito que quedaba pendiente, España podrá recibir los 158 millones de euros que por el momento permanecen congelados.
