El Tribunal Supremo de Estados Unidos, el mismo que derogó hace dos años la protección constitucional al derecho al aborto y devolvió la regulación a los estados, sumiendo al país en una regresión de los derechos reproductivos, ha dado este jueves una victoria a los defensores de esos derechos. En una decisión unánime, los nueve magistrados han rechazado restringir el acceso a la mifepristona, un medicamento que combinado con el misoprostol se emplea en casi dos tercios de las interrupciones del embarazo en EEUU y que más de 100 estudios han demostrado como seguro.
El caso se originó por una demanda que iniciaron a finales de 2022 en Texas una coalición de grupos y médicos antiabortistas contra la agencia del medicamento estadounidense (FDA por sus siglas en inglés). Los demandantes, reunidos en el grupo Alianza para la Medicina Hipocrática, aseguraban que la FDA relajó a partir de 2016 de forma ilegal las regulaciones para el acceso al fármaco, que la agencia autorizó en el 2000. Según ellos, la agencia no consideró cuestiones de seguridad y riesgos para pacientes.
Concretamente, la FDA, que inicialmente había aprobado el uso de la mifepristona solo en las siete primeras semanas de gestación (un tiempo en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas), amplió ese periodo hasta las 10 semanas. También redujo de tres a una el número de visitas que hacían falta para conseguir la receta y permitió que la recetaran no solo doctores sino también otro personal médico. Y en 2021, en medio de la pandemia, facilitó aún más el acceso, permitiendo la receta por telemedicina y el envío de las píldoras por correo (algo que ahora es especialmente vital en estados que han prohibido el aborto, incluyendo el que se realiza con estos medicamentos).
Un juez federal en Amarillo contrario al aborto y nombrado por Trump dio la razón a los médicos antiabortistas y cuando la decisión fue recurrida, uno de los tribunales de apelaciones más extremistas de EEUU revalidó la legalidad del medicamento pero impuso restricciones a su acceso. Esas limitaciones, no obstante, han estado paralizadas mientras se decidía el futuro del caso. Y con la sentencia del Supremo de este jueves se restauran plenamente las condiciones de acceso a la mifespristona que desde 2016 fue ampliando la FDA.
Sin base legal
La decisión del Supremo no va al fondo de la cuestión y lo que han consensuado es que la Alianza para la Medicina Hipocrática no tiene base legal para retar las acciones de la FDA, una decisión que representa un alivio más allá del aborto, pues reafirma la autoridad en la regulación de la agencia, que además de medicamentos cubre alimentos.
Ya en la presentación de argumentos orales en el caso el marzo siete de los nueves jueces del Alto Tribunal, incluyendo los tres conservadores nombrados por Donald Trump y el también conservador presidente, John Roberts, mostraron escepticismo ante la idea de que la asociación de antiabortistas, que ha sido representada legalmente por el potente grupo cristiano Alianza en Defensa de la Libertad, pudiera demostrar que se verían afectados directamente por la regulación de la FDA.
Los médicos antiabortistas alegaban que algunos miembros del grupo podrían verse obligados a tratar en salas de emergencias y contra sus valores y conciencia a pacientes que hayan sufrido complicaciones tras tomar la mifepristona. Pero la jueza Elena Kagan probó que no tenían un solo caso específico que probara que ese miedo esté fundado. Y dos jueces conservadores también apuntaron con sus preguntas a que los médicos siguen teniendo protecciones legales a sus objeciones de conciencia.
En la decisión, firmada por el juez Brett Kavanaugh, se asegura que los demandantes tienen otras vías para objetar contra el uso de la píldora. «Siempre pueden llevar sus preocupaciones a las ramas ejecutiva y legislativa y buscar más restricciones regulatorias o legislativas de ciertas actividades», se lee en la opinión unánime.
Las elecciones
Aunque los defensores de los derechos reproductivos han sumado con esta decisión una victoria la mera existencia del caso demuestra la persistencia de la cruzada conservadora no solo contra el aborto, sino en todo lo referente a derechos reproductivos. El grupo demandante declara en su página web su compromiso con proteger la vida “desde el momento de la fertilización”. Y ese concepto está también en el impulso de leyes estatales construidas sobre la idea de los fetos como personas o tras la reciente y polémica decisión del Supremo de Alabama de declarar “personas” a los embriones congelados, una sentencia que provocó un auténtico terremoto en el mundo de la fecundación in vitro.
Además de judicializados los derechos reproductivos en EEUU están también profundamente politizados y van a ser uno de los elementos centrales en las elecciones presidenciales de noviembre en las que se miden Trump y Joe Biden. Desde la derogación de la protección constitucional al derecho al aborto se han instaurado prohibiciones casi totales en 14 estados (donde la mifepristona sigue vetada pese a la decisión de este jueves) y severas restricciones en otra decena más. La lucha por mantener el acceso al aborto y defender los derechos reproductivos ha ayudado a los demócratas a movilizar votantes a su favor.
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