El expresidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y aspirante a la presidencia de esta, Pedro Rocha, declara este viernes como testigo del caso Brody, en el que se investiga posible corrupción en los contratos de federativos en el mandato de Luis Rubiales.
Rocha está citado a las 10.30 horas ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que investiga esos contratos presuntamente irregulares en una etapa en la que él era vicepresidente de la RFEF.
La jueza ha decidido esta semana escuchar a Rocha, al tiempo que ha citado a Luis Rubiales a declarar como investigado el próximo 29 de abril.
Estas actuaciones derivan de los registros que practicó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 20 de marzo, entre ellos el de la propia RFEF y el del domicilio de Rubiales en Granada, dentro de pieza declarada secreta.
Pedro Rocha fue el anterior vicepresidente económico de la RFEF y ha presidido la Comisión Gestora de esta desde que Rubiales dimitió en septiembre tras la sanción de la FIFA durante tres años por su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso, que investiga la Audiencia Nacional.
La fecha de su declaración coincide con la fijada en el calendario de las elecciones de la RFEF para anunciar la proclamación provisional de las candidaturas a la presidencia del organismo, a la que opta. Según fuentes de su candidatura, Rocha ha presentado un total de 107 avales de los 138 posibles (más del 75%).
El dirigente extremeño dimitió como presidente de la gestora federativa el pasado día 3, con la intención de concurrir a estos comicios, una vez que esta convocó elecciones a presidente para el próximo 6 de mayo y completar el mandato de Rubiales que finaliza en septiembre. Previamente había renunciado a optar a la reelección como presidente de la Federación Extremeña.
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La RFEF tendrá que volver a celebrar un proceso electoral completo después, con la renovación de su asamblea y la elección de nuevo presidente, para el ciclo 2024-2028.
Las diligencias sobre supuestas irregularidades en la RFEF se incoaron en el juzgado de Majadahonda el 27 de junio de 2022 por presuntos delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios, tras denuncia del presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, y el 27 de octubre de 2022 se acordó la apertura de pieza separada de investigación que se declaró secreta.
Dentro de esta, el pasado 20 de marzo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó once registros y se detuvo a siete personas, de las que cinco fueron puestas en libertad.
El asesor jurídico externo de la RFEF, Tomás González Cueto, y el representante de la empresa Gruconsa, Ángel González Segura, quedaron dos días después en libertad sin medidas cautelares tras negarse a declarar ante la jueza argumentando que la causa estaba secreta.
La defensa de González Cueto, de cuyos servicios prescindió la RFEF tras su detención, ha puesto en duda la validez de las pruebas obtenidas en la investigación al considerar nulas algunas resoluciones judiciales.
Luis Rubiales se encontraba en República Dominicana cuando se realizaron los registros y fue detenido a su regreso a España el pasado día 3 y luego puesto en libertad, igual que Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, amigo del expresidente.
Dentro del procedimiento ya declaró como testigo el pasado octubre la exvicepresidenta de Integridad de la RFEF, Ana Muñoz, que anunció su marcha del organismo en enero de 2020, tras la firma del contrato con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa en este país en 2019, con la mediación de la empresa Kosmos del exjugador Gerard Piqué.
El 23 de febrero lo hicieron el exsecretario general Andreu Camps, y los miembros del Comité de Ética cuando se suscribió el compromiso, Araceli Mangas, Manuel Villoria y José Luis Triviño.
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