El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha apoyado este viernes las propuestas de modificación del impuesto a la banca que el Banco de España ha hecho llegar al Gobierno. Fuentes de la misión anual a España del organismo internacional han destacado que el FMI «no apoya mucho en general» los impuestos a los llamados beneficios caídos del cielo de sectores como el bancario y el energético. Pero han añadido que, dado que el Ejecutivo ha anunciado que «lo más probable es que lo haga permanente«, sus recomendaciones buscan «reducir sus potenciales efectos distorsionadores«.
Como
, el Banco de España ha propuesto al Gobierno a través de contactos informales cambiar la base imponible para que el gravamen deje de penalizar a los bancos más centrados en conceder créditos a las pymes, así como que todas las entidades lo abonen (ahora solo lo hacen las grandes) y que se pueda repercutir su coste a los clientes. Públicamente, el organismo supervisor español también ha defendido que se siga el modelo italiano en la reforma del impuesto, es decir, que los bancos se puedan desgravar las aportaciones que hagan a reforzar su solvencia. En una reciente
, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, confirmó que así se lo había trasladado al Gobierno.
El FMI -cuya misión anual a España se reúne, entre otros, con los mandatarios del Banco de España y el Ministerio de Economía- se ha sumado a dos de estas propuestas. «Cambiar la base (imponible) es lo más importante porque la base del impuesto bancario no se basa actualmente en una definición clara de beneficios extraordinarios y, por lo tanto, por ejemplo, podría tener diferentes efectos entre distintos tipos de préstamos de distintos tipos de empresas, que debería ser evitado», han sostenido las fuentes del organismo dirigido por Kristalina Georgieva.
Nuevo colchón de capital
En la declaración final de la misión a España, el FMI también celebra que el Banco de España esté estudiando activar un Colchón de Capital Anticíclico para las entidades aunque no existan desequilibrios financieros en el sector, lo que obligaría a los bancos a reservar más capital. El organismo internacional, así, recomienda al supervisor español que tome la decisión «en cuanto sea factible». Y en la línea con el modelo italiano propuesto por Hernández de Cos, aconseja que las entidades puedan deducirse dicho nuevo colchón de capital del impuesto a la banca.
Por su parte, la patronal bancaria AEB no ha querido valorar este jueves las propuestas que se están planteando de cara a la redefinición del impuesto al sector, que PSOE y Sumar pactaron en su acuerdo de coalición «readaptar y mantener» pese a que inicialmente solo iba a estar en vigor dos años. «Sobre la discusión respecto a las opciones que hay, no entiendo estar hablando de hacerlo permanente cuando tenemos una situación de riesgos geopolíticos relevantes, un entorno macroeconómico de crecimiento moderado y en que los tipos de interés van a empezar a bajar, y también unas necesidades billonarias de inversión en Europa. Seríamos el único país europeo con un impuesto permanente», ha sostenido su presidenta, Alejandra Kindelán.
Cláusulas abusivas
En el sector bancario, que ha recurrido el impuesto en los tribunales, se confía en que finalmente la extensión del gravamen no salga adelante, gracias a que el Ejecutivo necesita para ello del apoyo parlamentario de partidos conservadores como PNV y Junts. El desenlace no se espera rápido: el impuesto de 2024 se pagaría en 2025, con lo que el Gobierno tiene margen hasta final de año, y en los próximos meses se celebrarán elecciones en el País Vasco y Catalunya, lo que complica las negociaciones políticas a corto plazo. Es por ello que la banca está evitando por el momento tomar posición de cara a la redefinición del impuesto.
Kindelán, por otra parte, ha valorado el acotamiento aprobado por el Ministerio de Economía en la capacidad que tendrá la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para dictaminar sobre cláusulas abusivas en los contratos,
. En el sector existía el temor de que tribunales inferiores al Supremo pudieran comenzar a declarar como abusivas cláusulas que el alto tribunal no hubiera considerado como tales. El Gobierno ha aclarado en el proyecto de ley que no podrá ser así, pero la presidenta de la AEB ha asegurado que «faltaría alguna aclaración más».
