Con el fondo sonoro de ‘No llores por mí Argentina’ y repertorio de la música tradicional judía, el presidente Javier Milei fue distinguido este jueves en el centro social Menachem Mendel Schneerson de Miami como «Embajador de la luz» por el grupo ultraortodoxo Jabad Lubavitch. El anarcocapitalista, quien abrazó la Torah y tiene un permanente asesoramiento telefónico de un rabino, recibió el reconocimiento por su «compromiso» con la libertad e Israel. Pocas horas después, en Buenos Aires, un tribunal de segunda instancia concluyó que Irán y el grupo libanés Hizbulá fueron responsables del atentado terrorista contra la mutual de la comunidad judía, la AMIA. Aquel 18 de julio fallecieron 85 ciudadanos y más de 300 resultaron heridos.
Dos años antes había explotado la sede de la embajada de Israel. Perdieron la vida 22 personas y fueron heridas otras 242. Ambos hechos tienen un hilo común: nunca pudieron cabalmente dilucidarse. La primera investigación estuvo a cargo del Tribunal Supremo, cuya impericia fue manifiesta, ya que nunca se pudo avanzar más allá del señalamiento retórico. En cuanto a la AMIA, las pericias iniciales fueron fraudulentas, se inventaron y a la vez perdieron pruebas, y se tuvo que recomenzar desde cero en varias ocasiones.
A cuatro meses de la asunción de un Gobierno de ultraderecha, y en medio de un nuevo realineamiento internacional de Argentina que sintoniza sin matices con Estados Unidos y, por añadido, la Administración del premier israelí, Benjamín Netanyahu, y su política en Gaza, la Cámara Federal de Casación Penal llegó a la conclusión de que el atentado consumado a primera hora de la mañana contra la sede de la AMIA, en el barrio del Once de la ciudad de Buenos Aires, fue motivado por «un designio político y estratégico» del régimen de Teherán, y ejecutado «por la organización terrorista Hizbulá». Sus siete presuntos autores tienen orden de captura de Interpol. Se trató, según los magistrados, de un «crimen contra la humanidad«. El dictamen, que le permitiría a Argentina demandar formalmente a Irán ante la justicia internacional, se conoce en momentos de gran tensión entre Israel y ese país.
Historia de encubrimientos
Para llegar a esta conclusión, sin mayores evidencias que los informes de servicios de inteligencia extranjeros, el tribunal integrado por los magistrados Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma tuvo que reconocer también además que las pesquisas iniciales fueron una farsa judicial que incluyó sobornos al principal acusado con dinero aportado por la secretaría de investigaciones del Estado (SIDE). El juez de ese momento, Juan José Galeano, ha sido sentenciado a cuatro años de prisión, lo mismo que el exjefe de la SIDE del presidente Carlos Menem (1989-99), Hugo Anzorreguy, de 85 años. Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia recibieron dos años de cárcel en suspenso. La organización de familiares y amigos de las víctimas, Memoria Activa-Apemia-18-J, les había denunciado ya en 1995 por haber sembrado la causa de pistas falsas y detenciones extorsivas.
En los fundamentos de la condena contra Irán e Hizbulá, señalaron los especialistas en el tema a AMIA, el tribunal de segunda instancia no intentó responder cómo entraron al país los autores del atentado, quiénes fueron los que integraron la llamada «red local» de apoyo, de dónde salieron los explosivos que hicieron volar en pedazos el edificio de la mutual, quién compró las camionetas utilizadas como coches-bomba y de qué manera los terroristas traspasaron las fronteras argentinas una vez consumada la acción que provocó estupor mundial. Cuando faltan pocos meses para que se cumplan tres décadas de aquel trágico episodio, tampoco se ha avanzado en uno de los interrogantes latentes sobre la razón por la cual Buenos Aires se convirtió en parte de un conflicto tan lejano. El nombre de Menem no es ajeno a la conjetura. Hijo de una familia de origen sirio, defensor de Muamar el Gadafi en los años 80, abandonó el nacionalismo peronista y dio un giro de abierta adhesión a Washington al asumir el poder. En el camino quedaron las supuestas promesas que había hecho al mundo islámico en materia de asistencia nuclear y una tecnología de misiles de fabricación local que Argentina abandonó durante su Gobierno.
La jueza Ledesma se diferenció del voto mayoritario de sus pares que, después de darse a conocer el fallo, tuvieron un pronunciamiento mucho más duro contra los acusados de los ataques. Su intención de elevar la condena de Galeano por negarse a seguir lo que se conoció como la «pista siria» del atentado no contó con el respaldo de los otros dos jueces, quienes, además consideraron que el juez y los fiscales apenas habían cometido irregularidades.
La posición de Milei
La causa AMIA tuvo un nuevo impulso con el cambio de siglo cuando fue designado fiscal Alberto Nisman, quien también quedó enredado en la trama de confusión y opacidad. Nisman, quien tenía fuertes lazos con el Mosad y la CIA, perdió la vida en enero de 2015. Para los opositores a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su muerte había sido planificada en algún sótano del Gobierno. La hipótesis contraria es que se suicidó pocas horas antes de presentarse en el Congreso para fundamentar su acusación contra la mandataria y el canciller Héctor Timerman de haber «encubierto» el atentado en su intento de llegar a un acuerdo con Teherán para que las personas investigadas pudieran ser interrogadas. Ese acuerdo, validado por la legislatura, nunca se puso en práctica. Según el juez Mahiques, uno de los autores del dictamen, Nisman «tenía muy en claro que todas estas circunstancias estaban en el origen del atentado a la AMIA, lo cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, podría haber tenido antes de este fallo resultados palpables».
Milei celebró el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal y apuntó contra el kirchnerismo por la firma de aquel fallido «memorándum de entendimiento» con Irán. La justicia argentina, dijo, «puso fin a décadas de postergación y encubrimiento en el caso AMIA». Eso representa un «avance significativo en el ámbito judicial».
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