La reforma del mercado eléctrico, acordada por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea a finales de diciembre del año pasado, ha recibido este jueves el respaldo definitivo del Parlamento Europeo, en pleno hundimiento de los precios en el mercado mayorista español. Es la paradoja de un cambio, impulsado por España a raíz del alza disparatada de los precios de la electricidad que se inició a mediados de 2021, que busca proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los precios de la luz y, al mismo tiempo, acelerar el despliegue de las energías renovables.
La norma, compuesta por un reglamento y una directiva, ha sido ratificada por una amplia mayoría de la cámara (433 votos a favor, 140 en contra y 15 abstenciones y 473 votos a favor, 80 en contra y 27 abstenciones, respectivamente), pero todavía debe ser respaldada formalmente por el Consejo para que se convierta en ley.
No toca el texto aprobado el modelo de formación de precios marginal, según el cual la tecnología más cara (el gas, ahora) seguirá tomándose como referencia, aunque deja abierta la posibilidad de revisar el texto dentro de tres años. El sistema marginalista se diseñó para impulsar el desarrollo de las renovables, en un momento en el que los sistemas eléctricos estaban formados principalmente por tecnologías fósiles con el objetivo de que todas las tecnologías fuesen retribuidas por el precio de la más cara porque si no nadie invertiría en renovables, al ser tan baratas.
En un sistema dominado por renovables (España produjo el año pasado más del 50% con esta tecnología) la lógica marginalista desaparece, por lo que no es descartable que deba realizarse una nueva reforma cuando las renovables se generalicen en toda Europa o si se comienzan a ver de forma asidua escenarios de precios de mercado similares a los de las últimas semanas en España, con muchas horas a precios cero e incluso negativos.
El principal cambio pasa por fomentar los mercados a plazo para aumentar su liquidez. Esa es la fórmula acordada para tratar de reducir la volatilidad de los precios, pero se deja a la voluntad de las partes y simplemente se trata de facilitar el uso de dos instrumentos: los acuerdos de compra de energía (PPA), que se firman entre generador y consumidor, y los denominados ‘contratos por diferencias’ (CFD). Estos últimos son contratos entre el productor de energía y un Gobierno, que sirven para apoyar las inversiones en generación eléctrica: cuando el precio de mercado resulta inferior al pactado en el contrato, el Gobierno lo ha de complementar, de modo que el productor no pierda; sin embargo, si el precio de mercado resulta superior a lo pactado en el contrato inicial, el generador ha de devolver una cantidad al Gobierno, con el fin de evitar ganancias excesivas para los generadores. De esta forma, si los precios son altos, los distintos Gobiernos reciben ingresos que luego pueden redistribuir.
Finalmente, se permitirá el uso de este tipo de contratos (CFD) en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya sea a partir de energía renovable o nuclear. Este fue uno de los grandes escollos durante las negociaciones, que abarcaron desde marzo hasta diciembre del año pasado y estuvieron marcadas por las discrepancias entre Francia, que buscaba favorecer a sus centrales nucleares, y Alemania, que quería evitar penalizar a su industria. Lo que no sucumbió fue el planteamiento español, que abogaba por obligar a las tecnologías existentes (en su caso, nuclear e hidráulica) a suscribir esos CFD, pero se encontró con el rechazo frontal de las compañías y de la Comisión Europea.
La futura ley del mercado eléctrico incluye, eso sí, una mayor protección para los clientes, al establecer el derecho de los consumidores a acceder a contratos de precio fijo o contratos de precio dinámico, así como a recibir información importante sobre las opciones a las que se suscriban. No permitirá a los proveedores cambiar unilateralmente los términos de un contrato y avala que los países de la Unión Europea prohíban a las eléctricas cortar el suministro de electricidad a clientes vulnerables, incluso durante disputas entre proveedores y clientes. Además, establece un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad bajo ciertas condiciones, para que en el caso de que vuelvan a subir los precios de forma similar a hace dos años, se sepa por dónde comenzar a actuar, aunque la reforma no evita que algo así pueda volver a pasar.
«El texto incluye medidas para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables y acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables. El Parlamento ha dado un paso adelante en la democratización de la energía, creando un diseño de mercado que responde a los fallos expuestos por la crisis energética. Todos los consumidores, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, tendrán acceso a precios estables, asequibles y de largo plazo”, ha defendido el eurodiputado español, Nicolás González Casares, el principal valedor de la reforma en la Eurocámara. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que el acuerdo lanza «una señal de compromiso por parte de las instituciones europeas con los consumidores para los momentos en que se pueda producir una emergencia», según recoge Europa Press.
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