La Fiscalía Europea ha requisado correos electrónicos, expedientes y consultas de 15 funcionarios del Gobierno de Canarias en el marco de las investigaciones por las compras presuntamente fraudulentas de material sanitario durante la pandemia. Agentes de la Guardia Civil se personaron este martes en la Dirección General de Nuevas Tecnologías, que depende de Presidencia, e intervinieron los códigos personales de los usuarios en una operación que duró unas seis horas. A la espera de que se practique una copia completa del historial, el entorno virtual de los empleados públicos quedó bloqueado para salvaguardar todas las interacciones vinculadas a las adjudicaciones y evitar la destrucción de pruebas relacionadas con la investigación, que está bajo secreto de sumario.
Horas antes, la Fiscalía Europea ordenó a agentes de la Policía Judicial que recabaran los expedientes de nuevos contratos en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, los cuales van más allá de la trama empresarial de Koldo y del caso mascarillas. El objetivo de las pesquisas es determinar si existen indicios de posibles delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa en las actuaciones del Servicio Canario de Salud durante la emergencia de la covid-19.
La denuncia inicial remitida a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas y que investigó el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García García-Sotoca, apuntaba a 24 adjudicaciones sospechosas a 17 empresas para el suministro y transporte de material sanitario entre 2020 y 2021 durante el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres. El juzgado canario se inhibió de la causa cuando la Fiscalía Europea asumió la instrucción al detectar que había fondos europeos implicados. Una de las ramificaciones de la denuncia derivó en el caso mascarillas, relacionado con una partida de un millón de cubrebocas que nunca se entregó.
La intervención policial en Sanidad y en el área de Nuevas Tecnologías duró seis horas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistió ayer en que el Ejecutivo regional está «colaborando» y se ha dedicado a «facilitar» la labor de los agentes que han analizado diversos expedientes y correos electrónicos para que la justicia «pueda trabajar con absoluta tranquilidad y colaboración». Así lo declaró este miércoles en una visita institucional a la nueva sala de Hemodinámica del Hospital de La Candelaria, después de que saltaran a la prensa las últimas pesquisas de la Fiscalía Europea. «Colaborar con la investigación es lo que nos corresponde», añadió Clavijo.
El PP también se pronunció ayer sobre las investigaciones y exigió al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que «de la cara» por «las graves sospechas de corrupción que pesan sobre él». El PP indicó a Europa Press que «la Fiscalía Europea ha requisado nueva documentación de la compra de material sanitario durante la pandemia en Canarias». «Esto evidencia que la gestión de Torres al frente de este Gobierno autonómico vuelve a estar bajo la lupa europea para vergüenza nacional».
Irregularidades en la compra de mascarillas
«El día en el que Sánchez habla de política exterior para intentar tapar sus escándalos nacionales, la Fiscalía Europea pone el foco nuevamente en la corrupción de uno de sus ministros. El Gobierno no para de enturbiar la imagen internacional de España», señalaron fuentes populares. El PP criticó un «silencio inadmisible» por parte del Gobierno y afirma que el presidente, Pedro Sánchez, «debería empujarle a dar todas las explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas».
De la misma forma, desde el PP se entiende que Torres «se verá obligado» a comparecer en la comisión de investigación del Senado. El ministro es uno de los 58 cargos que ha solicitado el grupo parlamentario para que comparezcan por el caso Koldo, junto a la cúpula del área sanitaria durante el comienzo de la pandemia.
Las pesquisas, que están bajo secreto, afectan a millonarias adjudicaciones durante la pandemia
El partido ha propuesto que los consejeros de Sanidad durante el inicio de la pandemia, Teresa Cruz y Julio Pérez, los tres directores del SCS en la misma etapa, Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez, den explicaciones frente a los grupos de la Cámara alta.
Según el PP, Torres «imitó el mismo modus operandi de Francina Armengol en Baleares y ambos están en el foco de la Justicia europea».
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