Dan un año al Gobierno para regular los microcréditos concedidos a los partidos políticos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves sendas propuestas del PSOE y el PP en las que se solicita que las coaliciones electorales como Sumar tengan que presentar cada año sus contabilidades ante el Tribunal de Cuentas y no sólo en sus gastos de campaña en unos comicios, equiparándose de este modo a los partidos políticos.

La comisión ha sometido a votación las propuestas de resolución planteadas por los grupos parlamentarios a las fiscalizaciones relativas a la contabilidad de los partidos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondientes al periodo 2017-2019.

En concreto, el PSOE y el PP han logrado aprobar su petición relativa a que tengan que inscribirse en el registro de partidos las coaliciones que, una vez constituidas las cámaras, construyan una entidad autónoma y diferente de las formaciones que las integran y que tengan que remitir sus cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al fiscalizador.

También ha salido adelante la iniciativa del PP para que el Gobierno impulse en el plazo de un año la regulación de los microcréditos que se conceden a los partidos. En concreto, sugiere que se establezca una cuantía máxima por prestamista que no exceda el tope previsto para las donaciones o aportaciones privadas, el tipo de interés a aplicar, las condiciones y los plazos de devolución y que sean ingresados en cuentas bancarias específicas.

PROHIBIR A EMPRESAS DAR MICROCRÉDITOS

En otra de las propuestas del PP aprobadas se pide que se prohíba financiar a los partidos a través de microcréditos a las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica y que, si se renuncia a su devolución, se haga constar por escrito y la cantidad en cuestión se equipare a una donación.

Asimismo, las Cortes instan a regular cómo deben identificarse quienes hagan donaciones y microcréditos online, estableciendo exigencias que permitan llevar a cabo una verificación clara de la misma, por ejemplo, mediante mecanismos como el certificado electrónico. Estos aportantes también deberían, según la resolución, declarar que no se hallan inmersos en las prohibiciones para hacer estas donaciones.

Asimismo, la comisión ha emplazado a que quienes realicen donaciones superiores a los 25.000 euros tengan que enviar una declaración jurada al Tribunal de Cuentas certificando que no se parte de un contrato vigente con el sector público

El PSOE y el PP también coincidían en reclamar, y así se ha aprobado, que se defina «claramente» en la ley qué debe entenderse como aportación y donación, para «evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas» y cuáles no.

También ha sido respalda por la comisión la petición de los socialistas de regular la «posibilidad expresa» de que los grupos parlamentarios hagan aportaciones a los partidos políticos y la del PP que emplaza a determinar en la ley las «condiciones» en las que se pueden o no llevar acabo aportaciones de los grupos municipales a los partidos.

La normativa vigente ya contempla esta opción, pero el Tribunal de Cuentas ha pedido acotarla en varias ocasiones. En su propuesta, recogida por Europa Press, el PSOE habla en concreto de la necesidad de «lograr la necesaria armonización» entre lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos y en la Ley de Bases del Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas sostiene que la Ley de Bases del Régimen Local debería fijar las «condiciones y requisitos» para que los grupos pudieran hacer aportaciones a sus partidos y subraya que, en todo caso, éstas deberían «responder a la finalidad de la dotación económica que se les asigna, estando, por lo tanto, vinculadas dichas aportaciones al cumplimiento de las funciones que los grupos institucionales tienen atribuidas».

A este respeto, el fiscalizador sugiere que las relaciones de colaboración entre las formaciones políticas y sus grupos institucionales se formalicen mediante convenios en los que se recojan los servicios que la formación política se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios.

El PSOE no entra a tanto detalle en sus propuestas y sólo reclama una armonización entre lo que establece la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Bases del Régimen Local.

La primera reconoce como financiación publica las aportaciones que los partidos puedan recibir de sus grupos parlamentarios en las Cortes, parlamentos autonómicos o entes locales, mientras que la segunda se refiere sólo a la dotación económica que se acuerda para los grupos municipales y estipula que esos fondos no pueden «destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial».

REFORZAR LA PROHIBICIÓN DE CONDONAR DEUDAS

Sin embargo, la comisión ha tumbado la propuesta del PSOE en la que reclamaba al Gobierno tomar medidas para evitar las actuaciones «arbitrarias y contrarias a lo establecido en la ley» por parte de las intervenciones de fondos municipales, con relación a las aportaciones de los grupos institucionales a los partidos políticos.

Otra de la propuestas a las que se ha dado luz verde pide que se refuerce la prohibición de la condonación total o parcial de las deudas de los partidos para que no pueda ser eludida mediante falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, con lo que, en la práctica, no se liquide.

Lo mismo ha sucedido con la relativa a incluir entre los supuestos de infracción grave la presentación de cuentas anuales en el periodo de alegaciones que abre el fiscalizador una vez iniciados sus anteproyectos de informes.

MANTENER LA SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE SEGURIDAD

Respecto a la recomendación del Tribunal de Cuentas de eliminar las subvenciones para gastos de seguridad, una vez desaparecida la amenaza de ETA, el PP, que hace un año se abrió a suprimirlas, ha logrado aprobar una propuesta para solicitar expresamente que se mantengan. El PSOE ha votado en contra.

En relación con las fundaciones, se han aprobado las propuestas de PSOE y PP para que éstas se ajusten su actuación a la de sus fines fundacionales, evitando que su actividad «se limite a la mera tenencia de inmuebles o a la obtención de recursos» para los partidos a las que están vinculadas.

Además, las Cortes animan a las entidades de este tipo que están inactivas a disolverse y sugieren que se establezca como requisito para obtener subvenciones públicas la inscripción de las fundaciones en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.

También se ha aprobado la propuesta del PP para que se fije una cuantía mínima para proceder a la notificación obligatoria, en el plazo de tres meses desde su aceptación, de las donaciones de personas jurídicas al Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que esta institución solicita y analiza la relación completa de las aportaciones y donaciones en el desarrollo de los trabajos de fiscalización.

De las iniciativas de Vox se han aprobado las que instan a Gobierno a elaborar una instrucción en la que defina el concepto de «beneficios procedentes de sus actividades promocionales» de los partidos para delimitar y concretar su ámbito y es especifique cómo documentarlos.

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