A escasos meses de los Juegos Olímpicos, la agencia antidopaje española (CELAD) ha abordado una profunda y forzada remodelación tras la denuncia de una funcionaria que exponía que se dejó a deportistas españoles sin sancionar pese a haber dado positivo en controles antidopaje, entre otras posibles irregularidades que está investigando la Fiscalía.
Tras la destitución del exdirector José Luis Terreros y el nombramiento de Silvia Calzón – secretaria de Estado de Sanidad durante la pandemia – como nueva directora general de la agencia a finales de enero, el Consejo Rector de la CELAD, presidido por el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, José Manuel Uribes, ha destituido también a tres directivos que formaron parte de la cúpula de Terreros para conformar así un nuevo equipo dirigente, que asegura tener la intención de «hacer partícipes» a los deportistas.
«Acortar los tiempos de resolución»
«La tarea que afronta Calzón es hacer el trabajo de la agencia cada vez más eficiente, con el objetivo de gestionar los expedientes con la mayor transparencia y eficiencia y de conseguir acortar los tiempos de resolución«, aseguran desde la CELAD. Uno de los casos que más trascendió fue el que afecta al velocista Patrick Chinedu. Tal como reveló ‘elDiario.es’, este atleta dio positivo por nandrolona en 2019 y la agencia no le abrió expediente hasta noviembre de 2023. Una de las fórmulas utilizadas por la CELAD para no sancionar positivos habría sido agotar el tiempo máximo que permite la normativa (un año) entre la apertura del expediente y la comunicación al deportista, según expuso ‘Relevo’.
La Fiscalía también investiga supuestas autorizaciones con efecto retroactivo para el consumo de determinados medicamentos para cubrir un caso de dopaje y un presunto mal uso de fondos públicos. Entre 2013 y 2021, la agencia adjudicó contratos a la empresa alemana Professional Worldwide Controls (PWC), que supuestamente realizó controles antidopaje con un solo agente de control cuando la ley española exigía – ya no – que hubiera mínimo dos, lo que invalida un positivo.
«Se estaba perdiendo dinero público»
«Recuerdo haber hecho dos controles donde había solo un agente y sabía que el control iba a ser irregular. Lo que me da rabia es que se estaba perdiendo dinero público porque en caso de que una persona diera positivo no podía ser sancionada al haber esa irregularidad», expone a este diario el bicampeón mundial y europeo en marcha Álvaro Martín Uriol.
El Consejo Rector de la agencia destituyó al Secretario General, Ramón Sánchez Gálvez, el Jefe de Departamento de Control de Dopaje, Jesús Alberto Muñoz-Guerra Revilla y el Jefe de Departamento de Políticas de Prevención del Dopaje en el Deporte, Enrique Lizalde Gil, que formaban parte de la cúpula de Terreros. En su lugar, han sido nombrados Montserrat Herranz como secretaria general, Manuel Sarmiento como jefe del departamento de Control de Dopaje y el nadador olímpico Carlos Peralta como jefe del departamento de Políticas de Prevención del Dopaje en el Deporte.
«Que salgan todos los positivos»
“Lo más importante es que se comuniquen todos los deportistas con irregularidades antes de los Juegos Olímpicos”, expone el mediofondista Gonzalo García a este diario. «¿Qué credibilidad tenemos cuando el exdirector de la agencia dice por la prensa que hay cinco o seis casos guardados en el cajón? Eso no es seriedad. Ya solo por una cuestión de certeza y seguridad tienen que salir a la luz, y más en año olímpico», lo secunda Martín Uriol.
“Una cosa es hacer mal su trabajo por desidia y otra esconder cosas, el objetivo de la agencia española era que no hubiera un solo positivo y eso no puede ser. Ahora está habiendo un lavado de cara muy grande y hay que darles tiempo. Eso sí, hasta dentro de un tiempo no sabremos si habrá un cambio”, cuenta el fondista Roberto Alaiz.
Los tres atletas se organizaron para presentar una carta conjunta al CSD que firmaron hasta 78 atletas españoles donde también pedían que los deportistas entren en los órganos de gobierno de la agencia tal como recoge la ley de lucha contra el dopaje.
A finales de febrero, se celebró una reunión bilateral entre el CSD y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) donde, por el momento, se acordó la apertura de expediente de dos casos de 2022 que estaban paralizados. La intervención de la AMA y su contundente comunicado de la agencia internacional, tildando de «inaceptable» la mala praxis de la agencia española, acabó generando la reacción del gobierno español que terminó con el cese de José Luis Terreros como director.
Hacer partícipes a los deportistas
Entre las primeras medidas de la nueva cúpula de la CELAD está la creación de una Comisión de Control. Además, la voluntad de la nueva cúpula de la CELAD es hacer partícipes a los deportistas para que tengan un papel más activo (tal como recoge la ley), y según aseguran, se han dado los primeros pasos para la constitución de la Comisión de Coordinación de la Lucha contra el Dopaje, donde los atletas tendrán presencia. En ese sentido, Calzón y el presidente del CSD, Uribes, se reunieron con Martín Uriol.
«Lo primero que les dije es que esto no es solo cambiar la cabeza visible de la agencia, sino que tiene que haber una reforma estructural de la agencia en si. A día de hoy estamos bastante contentos. Si cumplen con todo les damos tiempo y apoyo, pero el crédito no es ilimitado», asegura el marchador español.
«También va a haber una persona intermedia para mejorar la comunicación entre agencia y deportista. La parte educativa y de prevención es muy importante y no se estaba desarrollando demasiado bien. El dopaje no va a desaparecer, pero se puede minimizar», concluye Martín.
Desde la agencia española aseguran que en estos días se está formalizando la incorporación del nuevo equipo a sus respectivas responsabilidades y que «se completará la revisión del funcionamiento interno de la CELAD en aras del máximo control y la máxima transparencia».
En manos de la Fiscalía Provincial de Madrid
La Fiscalía Provincial de Madrid está llevando a cabo la investigación – más de 80 páginas de documentos – para determinar si el exdirector Terreros cometió delito al frente de la agencia española antidopaje. Esta misma fiscalía resolvió en favor de Terreros en el caso de dos deportistas amateurs que denunciaron por haber sido sancionados en un control con un solo agente.
La fiscalía dictaminó que abrir expediente a deportistas dopados es «un imperativo legal» independientemente del número de agentes, descartando en ese caso la prevaricación. Esta vez, pese al imperativo legal, la denuncia sostiene que la CELAD no habría abierto expediente a deportistas que dieron positivo.
