El PP ha llevado su campaña contra la amnistía hasta su punto más álgido, la aprobación de un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado. Con el rodillo de su mayoría absoluta, los populares han impulsado esta iniciativa sin precedentes en 45 años de democracia alegando que la ley de amnistía es
que usurpa competencias a la Cámara Alta. No obstante, los populares no confirman que vayan a elevar este choque al Tribunal Constitucional (TC), como era de esperar al iniciar este proceso contra el Congreso. Todo ello les ha valido las críticas del resto de formaciones, con la excepción de Vox.
«La amnistía no es materia de ley, sino de Constitución», ha sentenciado el senador del PP Antonio Silván antes de asegurar que el Congreso «se ha extralimitado en sus competencias» al tramitar la medida de gracia como una proposición de ley orgánica y no como una reforma de la Constitución. Apoyándose en el informe de los letrados del Senado, Silván ha defendido que la amnistía no está contemplada en la Carta Magna y que la norma actual solo viene a llenar ese vacío. «Si no se ha establecido en la Constitución, debe establecer en ella», ha reiterado.
Los populares alegan que al «Senado se le obliga a tramitar una reforma constitucional como una proposición de ley» y que, por tanto, se usurpa el papel clave que tiene la Cámara Alta, con mayorías más altas, para aprobar una modificación de la Carta Magna. Para el resto de formaciones, no existe tal conflicto, ya que el Senado está debatiendo la medida de gracia de manera plena. Así, el senador socialista Francisco Fajardo ha llegado a decir que el choque promovido por los populares es «casi un ‘quieto todo el mundo‘», comparándolo con el golpe de Estado del 23-F.
Dudas internas
La iniciativa impulsada por los populares solicita al Congreso que retire la ley de amnistía o, en su defecto, que reinicie su tramitación como una reforma constitucional. La Cámara Baja podrá responder a la petición en el plazo de un mes o guardar silencio. Será después cuando el Senado, en manos del PP, pueda elevar el conflicto institucional al TC. Sin embargo, los conservadores tienen dudas sobre qué hacer y, por el momento, no aseguran que vayan a dar este paso. «Cada cosa a su tiempo», sostienen fuentes del PP. Este mismo martes, la portavoz popular, Alicia García, evitó también confirmar que vayan a acudir al tribunal de garantías.
En las filas conservadoras existe cierto temor a que el Tribunal Constitucional, con una mayoría progresista, eche abajo su argumentación, lo que complicaría la futura argumentación de un recurso de inconstitucionalidad. A esto se suma que elevar el conflicto ante el alto tribunal no tendría consecuencias prácticas, ya que no paralizaría la tramitación de la amnistía y el TC se pronunciará una vez que la medida de gracia ya se hubiera aprobado y estuviera en vigor.
Además, el PP ya uso el argumento de la reforma encubierta de la Constitución hace casi 20 años, cuando recurrieron la ley de matrimonio homosexual, y el TC lo rechazó. En la sentencia de 2012 aclaró que una ley puede ser constitucional o no, pero que «lo que no es posible es hablar de alteración de la Constitución en el sentido de modificación de su contenido normativo, puesto que cualquier contradicción entre un enunciado legal y otro constitucional se salda con la declaración de inconstitucionalidad del primero». Es decir, dejó claro que si un texto es inconstitucional será derogado, pero en ningún caso modificaría la Constitución, por lo que el argumento era rechazado.
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