Alemania, país donde es prescriptivo acudir a una asesoría antes de someterse a un aborto, implantará una especie de orden de alejamiento para evitar el acoso de los grupos radicales provida a la mujer que acude a esos centros. La coalición de gobierno del canciller Olaf Scholz presentó este miércoles ante el Parlamento federal (Bundestag) un proyecto de ley, según el cual quedarán prohibidas las concentraciones de esos grupos en un radio de 100 metros alrededor de los centros de consulta.
En Alemania sigue vigente el controvertido artículo 218 del Código Penal por el que la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida. Desde 1992, sin embargo, se puede acceder al aborto legal durante las 12 primeras semanas de embarazo, siempre que previamente se haya acudido a una de esas consultas o asesorías.
La abolición de ese artículo es una larga aspiración de los colectivos abortistas. Además de verse confrontada a dilemas morales, familiares, económicos, religiosos o de otra índole, tiene la obligación de pasar por una consulta. Es una modalidad que se implantó hace 30 años como fórmula de compromiso, aunque topa con el rechazo de quienes lo ven como un «confesionario» donde hay que exponer las razones para dar ese paso. Pero puede tener un efecto disuasorio para mujeres en situaciones complejas o crear rechazo en quienes no ven necesidad de una asesoría o lo ven como atentatorias contra su derecho a tomar esa decisión por sí mismas o en su entorno. A ello se suma que pueden encontrarse en la puerta de la asesoría a grupos antiaborto, en ocasiones portando carteles destinados a apelar a su conciencia y que para determinadas mujeres resultan molestos o incluso intimidatorios. La presencia de esos grupos es percibida como acoso no solo para la mujer afectada, sino también para el personal de esos centros, sean médicos, auxiliares o quienes atienden en la recepción.
Cordón de 100 metros
El proyecto de ley del tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales pretende acabar con estas situaciones sin alterar el derecho a la libertad de expresión de los grupos antiaborto. Algunas concentraciones se han prolongado semanas enteras ante una misma consulta.
La nueva norma prohibirá cualquier acción de bloqueo o contacto físico en el acceso de esos centros y establecerá un cordón de 100 metros en los que regirá la orden de alejamiento. Los infractores afrontarán multas de hasta 5.000 euros, según los planes del tripartito de Scholz.
Estos planes discurren en paralelo al renacido debate en torno a la liberalización del derecho al aborto. El semanario ‘Der Spiegel’ reveló hace unos días las conclusiones de un grupo de expertos que, por encargo del Gobierno, han elaborado un estudio que propone la despenalización del aborto. El límite absoluto sería la semana 22 de embarazo. Tanto la oposición conservadora como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) –primera y segunda fuerza en intención de voto, respectivamente– rechazan la supresión del artículo 2018. El Gobierno incluyó el objetivo de despenalización en su pacto de coalición de 2021. Hasta ahora solo han logrado la abolición del párrafo 2019a, que prohibía a los centros médicos informar o anunciarse como lugares donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo.
