El programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección forma parte del catálogo de servicios sociales que la administración autonómica andaluza ofrece a familias cuyos hijos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aunque se trata de una iniciativa centrada exclusivamente en las figuras parentales, el objetivo último es mejorar la situación en la infancia, proporcionando una serie de pautas que compensen la situación de riesgo en la que se encuentran los menores.
El programa ha atendido a casi 80.000 familias desde 2008, pero ¿hasta qué punto está cumpliendo con los objetivos deseados? Esta es la pregunta que vertebra un proyecto desarrollado por investigadoras e investigadores de todas las universidades públicas andaluzas , que ha analizado la eficacia de esta iniciativa con el objetivo de dotarla de evidencia científica. El proyecto ha sido dirigido por las profesoras Isabel López-Verdugo y Victoria Hidalgo de la Universidad de Sevilla, y financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Según los resultados que arroja uno de los estudios enmarcado en este proyecto, las intervenciones enmarcadas dentro del programa están mejorando la calidad de vida de los menores, «un constructo multidimensional que incluye aspectos físicos, emocionales, mentales, sociales y que coloquialmente podría definirse como el bienestar», explica Olga Gómez, integrante del grupo de investigación Laecovi de la Universidad de Córdoba y una de las autoras del trabajo.
Para llegar a esta conclusión, el equipo ha empleado una herramienta denominada Kidscreen, un instrumento utilizado ampliamente en la investigación y la práctica clínica para monitorear la calidad de vida, validado en 13 países europeos. Se trata de un sistema de evaluación que valora la percepción de las figuras parentales en torno a distintas áreas como la salud física, el bienestar psicológico, las relaciones sociales y el entorno familiar y escolar de los menores.
Concretamente, el estudio ha evaluado a más de medio millar de familias que han formado parte del programa, antes y después de que las distintas sesiones de intervención se pusieran en marcha. Los resultados de la evaluación, además, han sido comparados con otro grupo de familias en situación de riesgo similar, pero que, sin embargo, no entraron a formar parte de este programa público. Tal y como destaca la investigadora Olga Gómez, «los resultados de las encuestas realizadas muestran un incremento estadístico significativo en los valores relacionados con la calidad de la vida en aquellas familias que sí participaron en el programa».
Más allá de este incremento en el bienestar de los menores, subraya la investigadora, los resultados del estudio también muestran que los jóvenes cuyos progenitores formaron parte de esta iniciativa presentan una disminución de problemas relacionales, o lo que es lo mismo, una mayor capacidad para integrarse en grupos, ser incluidos y aceptados y relacionarse entre iguales.
El trabajo, del que también son coautores el investigador Francisco Mielgo, de la Universidad de Granada, y las profesoras Isabel López-Verdugo y Yolanda Sánchez-Sandoval (pertenecientes a la Universidad de Sevilla y Cádiz, respectivamente), ha revelado, por otro lado, algunos aspectos de mejora. Tal y como muestra la investigación, una vez concluido el programa, no se ha encontrado ningún cambio significativo en otros comportamientos como la hiperactividad o la falta de atención. «Nuestra conclusión es que para abordar cuestiones tan concretas como estas son necesarios programas de refuerzo que trabajen directamente con los niños y las niñas y no sólo a través de sus figuras parentales» subraya la investigadora del Laecovi.
La investigación permitirá ahora alumbrar el camino a seguir durante los próximos años. «El problema de muchas iniciativas que se llevan a cabo como parte de los servicios sociales que ofrece el Gobierno es que no se realiza una evaluación científica de su desempeño», explica Olga Gómez. Estudios como este, destaca, permiten optimizar el funcionamiento de los programas y contribuir a incorporar buenas prácticas basadas en la evidencia científica que mejoren la atención en la infancia.
