Pese a la presión mediática recaída estas dos últimas semanas sobre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y varias personas de su confianza, investigadas junto a él por los contratos sospechosos de corrupción firmados durante su etapa al frente de este organismo, la jueza Delia Rodrigo no tiene previsto, por el momento, llamar a declarar a ninguno de ellos.
Fuentes jurídicas señalan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que la jueza prefiere esperar a un análisis pormenorizado de los documentos incautados a raíz de la denominada operación Brody, que supuso el registro de la Federación y de una decena de domicilios particulares el pasado 20 de marzo, antes de llamar a declarar a las 14 personas que están siendo investigadas formalmente.
También se está a la espera de que los agentes procedan al volcado de los dispositivos móviles incautados en las últimas semanas, entre los que se encuentran los del propio Rubiales que fueron intervenidos en su alojamiento en República Dominicana ante de su regreso a España el pasado 3 de abril. La Guardia Civil le detuvo nada más aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente del país caribeño, si bien el exdirectivo quedó libre pasadas unas horas.
A la espera de la documentación se unen los problemas que arrastra el propio juzgado, al tratarse de un órgano mixto que aúna la investigación penal con asuntos civiles, a los que la juez debe dedicar en exclusiva dos días por semana. Todo ello hace difícil una pronta citación de los investigados en esta causa, según las mismas fuentes.
Organización criminal
A Rubiales se le imputa por parte de los agentes de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevan casi dos años analizando todos sus movimientos corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales, al que se suma el genérico de pertenencia a organización criminal, en espera de que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda confirme y concrete el alcance de estos delitos. Junto a él, son investigados otras 13 personas, entre ellas el exjugador del F.C Barcelona Gerad Piqué.
La investigación que inicialmente se conoció como Supercopa Files estalló a finales de mayo de 2022 a raíz de una investigación realizada por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo, y se dirigía en principio contra Luis Rubiales, la propia Federación y la empresa Kosmos Global Holding S.L., propiedad de Piqué en relación con el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
A la comisión rogatoria remitida a Andorra para realizar un seguimiento de los ingresos de Piqué, y estudiar posibles dádivas a Rubiales han seguido otras investigaciones que permiten vislumbrar que, más que el caso Supercopa, lo que la jueza Rodrigo tiene entre manos es la investigación de las presuntas corruptelas vinculadas a la red de confianza de Rubiales durante todos sus años de gestión.
La UCO apunta a que el expresidente de la RFEF y su amigo Francisco Javier Martín Alcaide, ‘Nene’, habrían creado un entramado para canalizar el dinero, con el abogado externo de la Federación y hombre de confianza del primero, Tomás González Cueto como «comisionado» externo para autorizar gastos.
Se analiza el posible desvío de dinero de la Federación hacia una sociedad controlada por ‘Nene’, Dismatec, a través de la constructora Gruconsa, concesionaria de importantes contratos para la reforma exprés del estadio de La Cartuja de cara a la Eurocopa de 2021. Los informes aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntan al presunto cobro de más de 530.000 euros en comisiones por los contratos adjudicados a Gruconsa a lo largo de cuatro años, pero aún queda mucha documentación por analizar, un proceso que la juez considera esencial antes de empezar a llamar a los investigados. A ello se une el análisis de la actividad económica de Rubiales una vez dimitió de la Presidencia de la Federación.
República dominicana
Así, y según han señalado a este periódico fuentes del caso, uno de los motivos fundamentales que están retrasando las declaraciones sería la existencia de una nueva pieza secreta que gira en torno a los negocios de la trama en República Dominicana.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, estaría trabajando con las autoridades del país caribeño para investigar las cuentas, sociedades y activos que puedan tener allí los distintos miembros del caso.
En el marco de esas actuaciones, se está a la espera de conocer los resultados de una comisión rogatoria responsable de, entre otras cosas, del bloqueo de algunas cuentas. Es lo que explicaría, por ejemplo, la frase de Luis Rubiales durante su entrevista con La Sexta en la que dijo que un “bloqueo” le había dejado sin poder pagarse “ni una Coca-Cola”.
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